Intervención en la Comisión Primera del Senado de la República sobre la crisis económica del COVID-19

Intervención en la Comisión Primera del Senado de la República sobre la crisis económica del COVID-19

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Lo primero es manifestar mi respeto y consideración por el Presidente Iván Duque y todo el equipo que lo está acompañando en la toma de decisiones extremadamente difíciles por la incertidumbre prevaleciente y por los costos que entrañan, incluso cuando acertadas. No hay decisión sin costo y toda decisión es una apuesta. Por eso, los que opinamos y proponemos desde la tranquilidad de nuestras casas, debemos ser prudentes, modestos y respetuosos con los que llevan sobre sus hombros la carga profesional, política, emocional y moral de las consecuencias de sus decisiones.

Creo que la prioridad es controlar la expansión de la pandemia tratando de minimizar los efectos sobre el aparato productivo. Un contagio descontrolado tendría consecuencias desastrosas sobre la economía. Pero tampoco es admisible la pretensión de minimizar el contagio a cualquier costo económico. Toda decisión supone ese arbitraje que la incertidumbre hace extraordinariamente difícil. Al Gobierno le toca proceder con el método de “prueba y error”, con el agravante de que cada prueba y cada error puede un costo en vidas humanas hoy o mañana.

La cuarentena y las otras medidas de contención han funcionado. La tasa diaria de contagios cayó drásticamente, la tasa diaria de recuperaciones se ha elevado y cerca de un 90% de los afectados son leves; de tal suerte que hasta ahora la presión sobre el sistema de salud ha sido mínima. A la fecha, pasados 63 desde el primer contagio el 6 de marzo, solo se está utilizando el 2,5% de la capacidad hospitalaria disponible para el Convid 19 y el 4,3% de las UCI. De no haber intervenido y manteniéndose la tasa de crecimiento diaria de 15% de mediados de marzo, hoy tendríamos más de 200.000 casos, 8000 requiriendo UCI y otros tantos fallecidos.  Ese es el verdadero aplanamiento de la curva del que tanto se habla.

Ahora bien, el costo económico de la contención ha sido pavoroso y se incrementará mientras más se prolonguen la cuarentena y las restricciones a la actividad económica. Se han perdido millones de empleos y han quebrado miles de empresas. Millones de personas caerán a la pobreza y millones pasarán de la pobreza a la indigencia. Las medidas de mitigación que ha desplegado el gobierno, son bienvenidas, por supuesto, pero son insuficientes para poner remedio al daño que les estamos haciendo al aparato productivo.

Hay quienes creen que todo se resuelve inyectándole liquidez a la economía. Las inyecciones de liquidez, por el lado de las empresas o de los consumidores, que pueden ser un remedio adecuado cuando las crisis resultan de situaciones de insolvencia que castigan la demanda, son insuficientes y a la postre nocivas cuando la crisis es consecuencia de la parálisis del aparato productivo ordenada por los gobiernos. Si de inyectar liquidez se tratara, la economía de Venezuela sería la más boyante del mundo.

Nadie sabe a ciencia cierta el impacto de la cuarentena sobre la actividad económica agregada. El Comité de la Regla Fiscal habla de una caída del 5,5 %, los macroeconomistas de EAFIT pronostican entre – 2,7% y -5,8%, en fín, el pronóstico de Fedesarrollo, recogido por el Banco de la República en su Informe al Congreso del 22 de abril, está entre -2,7% y – 7,9%. Esos rangos tan amplios significan que realmente no sabemos con precisión lo que va a pasar. Lo único que sabemos es que la contracción de la economía será grande, mucho más grande que la de la crisis de los años treinta y que de la crisis de finales de siglo XX. 

El asunto ahora es cómo evitar no la contracción de la economía, que ya la estamos viviendo, sino que esta afecte de forma prolongada la tasa de crecimiento potencial del PIB con sus graves secuelas sobre el empleo, la pobreza y la informalidad. La crisis de fin de siglo elevó el desempleo a más de 20% y tardamos más de doce años en llevar la economía a tasas desempleo de un dígito. También se dispararon de forma amplia y persistente la pobreza y la informalidad. Esa situación es el trasfondo económico de la grave crisis social y política que llevó a las Farc a las puertas de poder, poniendo en riesgo nuestra democracia y nuestras libertades.

No veo otra forma de evitar que la crisis afecte de forma duradera el crecimiento potencial de la economía que impidiendo la mortandad empresarial que ya se está presentando. La actividad económica es obra de las empresas – grandes, medianas, pequeñas, individuales – que con el producto de sus ventas en el mercado pagan los sueldos y salarios, las utilidades, los intereses, los arriendos y los impuestos. Es decir, los ingresos de todos.

Está bien todo lo que se haga para darle liquidez a las empresas – créditos, transferencias directas, reducción de impuestos, etc. – pero nada de eso evitará, si la cuarentena se prolonga demasiado, y probablemente ya es demasiado, la quiebra de miles de ellas, especialmente las medianas y las pequeñas.

El subsidio a la nómina, que veo más como una indemnización por el daño causado, es un esfuerzo por evitar que el ajuste en el mercado laboral se haga por el lado da las cantidades, la destrucción de empleos, pero me parece que será insuficiente. El Gobierno debería aprovechar la nueva emergencia económica para flexibilizar el mercado laboral y permitir que el ajuste se haga por el lado de los precios, la reducción de los salarios. El salario mínimo legal debería suprimirse, al menos temporalmente, y declararse suspendidas todos las convenciones y pactos colectivos de suerte que empresas y trabajadores puedan negociar las remuneraciones de acuerdo con las condiciones de sus mercados.

Es una ilusión creer que ese subsidio a la nómina es un almuerzo gratis. Para financiarlo habrá que endeudarse y esa deuda habrá que servirla con los impuestos que pagan las empresas y los trabajadores. No me extrañaría que en la próxima reforma tributaria se esté hablando de un IVA de 25%.

Una reforma tributaria aplastaría una economía sumida en la recesión. Por eso hay que hacerse a la idea de que es necesario vender activos de la Nación, incluida una porción sustancial de las acciones de Ecopetrol. Vendiendo un 40% de esas acciones se tendrían recursos por cerca de 30 billones de pesos suficiente para solventar la crisis sin endeudamiento ni reforma tributaria. Después de esa venta, la Nación conservaría el 53% de la Empresa. Eso sería lo responsable por parte del Gobierno.

En todo caso, lo más importante es que, de forma gradual y con protocolos, por supuesto, se permita la reactivación de todos los sectores de actividad hasta ahora excluidos, en especial, el comercio minorista, los bares y restaurantes, las actividades recreativas, los trabajadores y profesionales independientes y los millones de trabajadores informales que viven de las ventas callejeras. 

Todas esas personas son también empresarios, pues empresario es todo aquel que asume costos ciertos esperando un ingreso incierto que depende de sus ventas en el mercado. La indolencia de los que reclaman una cuarentena indefinida frente a la suerte de toda esa gente procede, quizás, de la certeza que tienen de recibir como funcionarios públicos un ingreso garantizado que no guarda relación alguna con su desempeño en el mercado. Eso nubla la visión haciéndoles creer que el ingreso es algo que se distribuye por la acción del estado y no algo que se gana por entregar a los demás bienes y servicios valiosos. La economía es una vasta red de intercambios en la que estamos inmersos todos prestándonos servicios los unos a los otros y eso es lo que está destruyendo la cuarentena.

La gente se está alimentando y está atendiendo sus necesidades básicas por obra de la actividad de las empresas, a pesar de las múltiples restricciones que están enfrentando. Los productos que llegan a sus casas los producen las empresas y los ingresos con los que los pagan provienen también de esas empresas. Pero a la gente se le quiere hacer creer que si come y malvive es gracias a la acción benevolente del gobierno. La dependencia de las ayudas públicas tiene efectos deletéreos sobre la autoestima, el sentido de libertad y la responsabilidad personal y moldea las actitudes políticas de las personas haciéndolas proclives a las promesas del asistencialismo.       

El restablecimiento de la actividad productiva es importante más allá del aspecto puramente económico. La intervención de los gobiernos para enfrentar la pandemia es también la más contundente y amplia supresión del derecho de propiedad y de las libertades económicas y las libertades individuales más elementales. Hay que restablecer la propiedad derrocada y todas las libertades y responsabilidades que en ella se fundamentan antes de que la gente se acostumbre a la servidumbre y que los gobernantes, o quienes aspiran a serlo, se convenzan de que pueden manejarla como dócil rebaño.

LGVA

Mayo 8 de 2020.