La
Superintendencia del atraso tecnológico
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista
Gobernar sin mayorías en el Congreso es extremadamente
difícil, pero hacerlo con la oposición metida en el gabinete es ya una
cuadratura del círculo con regla y compás. Al parecer el Presidente Duque ha
tenido y tiene enquistados en altos cargos a varios opositores, como la
anterior ministra de justicia que estuvo dedicada exclusivamente a sabotear sus
iniciativas y a revelar intimidades del trabajo gubernamental. Ahora resulta
que las superintendencias han decido fungir como jueces y declarar
ilegales un par de aplicaciones tecnológicas – UBER y PICAP- que le están
facilitando la vida a millones de personas y permitiendo a miles la obtención
de un ingreso de forma honesta.
La Superintendente de Transporte, señora Carmen Ligia
Valderrama, decide que uno no puede usar una moto de su propiedad para
transportar a una persona a cambio de un pequeño pago. Por su parte, el
Superintendente de Industria y Comercio, señor Andrés Barreto, decide que solo
pueden transportarse personas distintas a su conductor en vehículos pintados de
amarillo. Ambos han recurrido a las más
absurdas leguleyadas para justificar unas decisiones que favorecen intereses
gremiales privilegiados a expensas de propiciar el atraso tecnológico.
Estas decisiones resultan difíciles de entender a la
luz del discurso gubernamental sobre la “economía naranja” y, más importante
quizás, del gran esfuerzo de la Ministra Silvia Constaín para hacer aprobar la
nueva Ley de TIC, que estimula la inversión en infraestructura de
comunicaciones, y realizar subastas para ampliar el espectro disponible. ¿Para
qué diablos un regulador convergente, más inversión en antenas, más ancho de
banda si al mismo tiempo se están prohibiendo las aplicaciones que deberían
beneficiarse de todo ello? Es como hacer autopistas, túneles, puentes y
modernizar los peajes y al mismo tiempo prohibir la circulación de los
vehículos. Sería bueno conocer la opinión de la ministra Constaín sobre lo que
están haciendo los subalternos de sus colegas de gabinete.
Se tiene la impresión de que hay gente en el Gobierno
que no entiende de qué trata la primorosamente denominada “economía naranja”.
El gran asunto de la economía es la utilización eficiente de los recursos
disponibles, la reducción del desperdicio, el mejor empleo del capital para
potenciar el trabajo y tener así más tiempo libre y mejor calidad de vida. Y
esto se logra multiplicando y profundizando los intercambios, poniendo en
contacto millones y millones de oferentes y demandantes para que
voluntariamente cambien unos con otros sus bienes y servicios. Todo monopolio -
grande o pequeño, duradero o efímero - es, en esencia, la explotación de una
oportunidad de mercado de la cual se encuentran excluidos los competidores por
no estar informados de su existencia o porque estándolo la ley no les permite
acceder a ella.
El papel de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – como UBER, PICAP, Airbnb, Rappi, etc. – es justamente difundir información en
tiempo real sobre oportunidades de intercambio beneficioso para las partes.
Nadie está obligado a hacer uso de esas aplicaciones ni a realizar los
intercambios que posibilitan. El papel de esas aplicaciones es destruir
pequeños y grandes monopolios basados en el control de la información y en
diluir permanentemente el poder de mercado haciendo más eficiente la economía.
En su ofensiva contra las aplicaciones, las
Superintendencias invocan las regulaciones desuetas que protegen monopolios
legales sin preocuparse por los derechos de los millones de personas que las
utilizan. Porque este es el punto. La protección a la competencia, que
supuestamente es la función de la SIC, es para garantizar el derecho de la
gente de elegir quién le presta el servicio que requiere o de utilizar su
trabajo y los bienes de su propiedad de la forma que crea es más provechosa.
La batalla por las aplicaciones es una prueba de fuego
para el gobierno del Presidente Duque pues en ella está en juego la mayor o
menor celeridad con la que se difundan las existentes y las que seguramente
aparecerán en el futuro sin que nadie pueda hacer nada para evitarlo. Ni el
gobierno de Duque ni ningún otro en Colombia o cualquier otro país del mundo puede
evitar, sin acabar totalmente con la libertad, que las aplicaciones
tecnológicas de todo tipo se impongan finalmente. Pero si puede hacer mucho
daño retrasando su desarrollo y su difusión pues no otra cosa es lo que está
haciendo la SIC, convertida en la SAT: Superintendencia del Atraso Tecnológico.
LGVA
Diciembre de 2019.
Hola, no estoy de acuerdo con el planteamiento. En Colombia existen normas que regulan la prestación de servicios públicos que no están ligadas a desarrollos tecnológicos sino a otros aspectos (por ejemplo, responsabilidad civil, capacidad fisiológica, etc.) Cuando la SuperTransporte sanciona a una empresa (no plataforma, que no es lo mismo) es por el incumplimiento de esa normatividad. Se podría cuestionar la conveniencia de esas normas; por ejemplo, debe la licencia de conducción tener categorías diferentes para servicio público y privado? debe la licencia de tránsito de un vehículo diferenciar si es de uso público o privado? Y así podríamos seguir. A Uber se le sanciona por promover el uso de vehículos de servicio privado en servicio público, no por la plataforma tecnológica. Hace varios años que existen apps para pedir taxis (Easy Taxi, Tappsi, las más recordadas) y esas no han sido multadas, pues no violan ninguna normatividad. Si la propuesta es desregular el servicio de transporte público de pasajeros, habría que empezar por promover leyes (cambios al código de tránsito, por ejemplo) y ajustes normativos más amplios. El decir que cada uno tiene el derecho de utilizar sus bienes como crea no reconoce las obligaciones sociales (y legales) de los actos ciudadanos. El decir que cada uno puede elegir quién le presta el servicio no reconoce la obligación del estado (exigible por los ciudadanos) de garantizar que los servicios se presten en condiciones de calidad y seguridad (ser pasajero de una moto sin SOAT puede ser una buena elección?). De nuevo, lo malo no son las aplicaciones sino el escudarse en ellas para violar normas (dejemos para después el asunto laboral).
ResponderEliminar