El
asunto de Belén de Bajirá y el fracaso de la descentralización
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista,
Universidad EAFIT
En relación con Belén de
Bajirá se tienen los siguientes hechos:
1.
La ley 13 de 1947 mediante la cual se creó el
departamento del Chocó incluyó dentro de su territorio a Belén de Bajirá.
2.
Desde hace tres o cuatro décadas, el
departamento de Antioquia tiene presencia institucional en Belén de Bajirá,
considerándolo como corregimiento de Mutatá.
3.
La gente de Belén de Bajirá está dividida
sobre la pertenencia a uno u otro departamento.
4.
Los que quieren ser parte del Chocó quieren
también que su corregimiento sea elevado a la categoría de municipio.
5.
Los dirigentes políticos de Mutatá y el
gobernador de Antioquia alegan que Belén de Bajirá no cumple las condiciones
para ser municipio
En
los puntos 4 y 5 se encuentra el almendrón de lo que está pasando con Belén de
Bajirá. Un grupo de políticos locales, probablemente apoyados por políticos
nacionales, quiere que ese territorio sea municipio. Tendrían así transferencias
del Sistema General de Participaciones (SGP) y, por supuesto, su pequeña burocracia
municipal: alcalde, secretarios, concejales, contraloría, etc. Otro grupo de políticos locales, que
controlan la alcaldía de Mutatá, se oponen a esa pretensión, pues perderían
recursos del SGP y otras transferencias presupuestales que eventualmente reciben de la Nación.
Mutatá,
como la mayoría de los de Antioquia y de Colombia, es un municipio de gran pobreza
fiscal: sus ingresos tributarios anuales apenas superan los $ 2.000 millones y
recibe del SGP cerca de $ 13.000 millones. Con otras transferencias de la
Nación y el Departamento se completa un presupuesto de ingresos de unos $
20.000 millones anuales. Mutatá tiene unos 22.000 habitantes, la mitad de
ellos, de dice, en Belén de Bajirá.
Como
la mayoría de los municipios del País, Mutatá es un municipio con escasas
rentas propias, que vive de las transferencias de la Nación. El nuevo municipio
de Belén de Bajirá entraría a ser parte de esa categoría. La disputa actual es
una manifestación de las limitaciones del ordenamiento territorial y del fracaso
de la descentralización. Bajo el régimen actual, los municipios, supuestamente,
tienen responsabilidades en salud, educación, agua potable, etc. Sin embargo,
esas responsabilidades se limitan a recibir la transferencia de unos impuestos
recaudados en el nivel nacional y a gastarlos más o menos a su antojo.
El régimen
actual de descentralización adolece de los más perversos incentivos. Una
entidad, la Nación, recauda casi todos los impuestos y los distribuye entre todos
los departamentos y, principalmente, todos los municipios del País. Aunque se
han introducido periódicos ajustes – legales y constitucionales - para
garantizar que los recursos se destinen a salud, educación, agua potable, etc.;
lo que en parte se ha logrado; no se han
logrado establecer mecanismos que garanticen la efectividad y la correcta
aplicación del gasto.
La
contratación directa es la norma de la contratación pública en Colombia y esa
contratación directa suele hacerse con fundaciones supuestamente sin ánimo de
lucro. Existen más de 70.000 en el País y la mayor parte de ellas hacen parte de la
clientela de algún dirigente político. La gestión de la mayoría de las
administraciones municipales se reduce a tramitar recursos de la Nación, con la
ayuda de políticos y congresistas, y a gastarlos en contratos con fundaciones
vinculadas a esos mismos políticos y congresistas.
Lo
de Belén de Bajirá, como lo de La Guajira, lo de Tumaco, lo de Buenaventura y
un largo etceterá son manifestaciones de una descentralización incompleta o,
mejor aún, de una descentralización que mantiene centralizado el componente
fundamental: la imposición. Por eso las entidades territoriales y los políticos
locales ven los ingresos de la Nación como una gran torta en cuya repartición
todas quieren maximizar su tajada. Eso es lo que está en juego en Belén de
Bajirá, lo demás es retórica. Ya es hora de avanzar en la descentralización
entregándole a las entidades territoriales más responsabilidades de imposición,
de recaudo, de generar sus propios ingresos y financiar con ellos el fementido
gasto social.
La
Nación debería ceder a municipios y
departamentos por lo menos la mitad de sus bases gravables. Podría iniciarse el
proceso reduciendo el IVA nacional a 8% y dejando a los departamentos y
municipios como máximo los once puntos porcentuales restantes, para que ellos
decidan hasta donde quieren llegar. El impuesto de renta nacional debería
reducirse a la mitad y dejar también que municipios y departamentos decidan qué
hacer con el resto de esa base gravable. Esta si sería una reforma radical que
tendría consecuencias económicas y políticas profundas.
LGVA
Junio
de 2017.
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