Paros contra el estado o paros contra la sociedad

Paros contra el estado o paros contra la sociedad

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Hubo un tiempo en que las huelgas o paros, como hoy se les llama, enfrentaban a obreros y patronos del sector privado. Había algo de romanticismo heroico en la forma en que se desarrollaban esas huelgas. Los trabajadores instaban una gran carpa bloqueando la entrada de la fábrica, supuestamente para impedir el esquirolaje o evitar que los patronos sacaran la maquinaria y se la llevaran para otra parte. La carpa se adornaba con banderas y gallardetes de sindicatos y agremiaciones solidarias y se instalaban en ella algunas hamacas y muchas mesas y sillas donde los huelguistas pasaban los días jugando cartas o dominó. A la hora del almuerzo siempre había un sancocho o unos fríjoles comunitarios. De vez en cuando se escuchaban gritos y consignas, especialmente después de que alguno de los directivos sindicales daba el reporte de los avance en las conversaciones con los patrones.

Las huelgas que enfrentaban obreros y patronos del sector privado parece ser cosa del pasado aunque no es fácil documentar esta impresión. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene una base de datos sobre conflictos laborales en los países miembros. La entidad encargada de reportar la información de Colombia no está cumpliendo su deber pues el último dato sobre el número de huelgas en el País es de 2008. Tampoco hay información desagregada de las huelgas por sectores de actividad, ni sobre el número de huelguistas o la cantidad de horas dejadas de trabajar con ocasión de los conflictos. La exploración de las fuentes nacionales – Ministerio del Trabajo, centrales obreras, Escuela Nacional Sindical, etc. - en busca de esos datos también resulta infructuosa. Ni siquiera el portal CINEP, cuyos investigadores se complacen en llevar el registro pormenorizado de las “luchas sociales”, reporta información sobre esta clase de conflictos laborales en los últimos años. En el portal del Ministerio del Trabajo se encuentra un boletín del Observatorio de conflictos socio-laborales de dicho ministerio. Al parecer sólo se publicó un solo número de ese boletín, con información que cubre el período enero-octubre de 2012. Como cuando sólo hay limones se hace limonada, por ello a continuación se utilizan esos precarios datos para ilustrar el argumento que se va a desarrollar.  

La gráfica  recoge la información de la OIT sobre huelgas en Colombia. Aunque la serie solo cubre el periodo 2003-2008, se observa que el número de huelgas en esos años no es muy elevado y se muestra una tendencia a su disminución.

 La información del Observatorio del conflicto socio-laboral se recoge en la tabla. El número de conflictos laborales que culminaron en paro es reducido, mientras que los resueltos mediante convenciones colectivas o pactos colectivos son la inmensa mayoría. Por otra parte, la desagregación de los paros por sector de actividad indica que 16 de ellos se relacionan con actividades del sector estatal: judicial, salud, educativo y gobierno.

Sería interesante saber cuáles son los factores que han contribuido a la reducción del número de huelgas en el sector privado. Ojalá algún estudioso competente en métodos econométricos y con mayor disponibilidad para acopiar los datos se ocupara del asunto. En el DNP o en el Banco de la República debe haber gente que pueda hacer esa tarea. Por lo pronto sugiero la hipótesis de que la reducción de la tasa de inflación y la mayor certeza de los agentes sobre la inflación esperada ha sido un factor determinante en la reducción las huelgas como mecanismo para resolver los conflictos laborales en el sector privado.

La inflación elevada e inestable que caracterizó la economía colombiana hasta hace dos décadas dificultaba los acuerdos salariales del sector privado. Los obreros temían aceptar un incremento del salario nominal que la inflación pulverizara en 3 ó 4 meses, mientras que los empresarios temían elevar sus costos laborales en una cuantía que no fuera a ser compensada por el incremento de los precios de su producción. Con tasas de inflación superiores a 25%, las diferencias de apreciación podían tener un rango muy amplio y con frecuencia conducían a la huelga.  Ojalá que los directores del Banco de la República, ahora empeñados en poner la política monetaria al servicio de los objetivos de crecimiento del gobierno, repasaran la   historia económica para apreciar la importancia de una inflación baja, estable y predecible para la paz laboral del País.

Desde hace dos o tres décadas predominan en el País las huelgas o paros de los empleados públicos y los paros de sectores o grupos sociales  que reclaman del gobierno privilegios o prebendas económicas que finalmente se traducen en una mayor participación en el presupuesto de la nación. La naturaleza de estos paros es completamente distinta de la de las huelgas del pasado, tanto por los actores intervinientes en el conflicto como por lo que está en juego en la disputa.

Cuando la huelga enfrenta a obreros y patronos, unos y otros usualmente tienen el interés común de garantizar la supervivencia de la empresa. Esto impone límites a la duración del conflicto y los hace más dispuestos a allanarse a los acuerdos. Una negociación obrero-patronal es básicamente un juego repetido del dilema del prisionero que usualmente conduce a una solución cooperativa.

Esto no es lo que ocurre con los paros contra el estado o “luchas sociales”, como los llaman los “progresistas”, que son un juego de una naturaleza completamente diferente. La característica más importante y más sorprendente de estos conflictos es que el actor más importante está completamente ausente de su génesis, su desarrollo y su eventual solución. Ese actor es, por supuesto, el ciudadano que paga los mayores impuestos o resulta afectado por el cambio en las reglas de juego o por el cambio en las asignaciones presupuestales con las que usualmente se termina el conflicto.

Todas las “luchas sociales” o los paros contra el estado tienen su origen en la intervención regulatoria del estado o en su intervención asistencialista que por cualquier razón que sea no resulta satisfactoria para determinado grupo social. Las “luchas sociales” no son pues otra cosa que una forma violenta de la búsqueda de rentas, en ocasiones complementaria o sustitutiva en otras del proceso de asignación presupuestal, el clientelismo político o la corrupción. Cuando un gremio o sector social logra los objetivos de su lucha lo hace a expensas de otros gremios o sectores sociales y, más habitualmente, del resto de la sociedad de forma indiferenciada. Por eso es más preciso referirse a estas luchas como paros contra la sociedad. Estos paros de nuevo tipo a diferencia de los paros laborales de viejo tipo son juegos de suma cero, que además tienen la curiosa peculiaridad de que la parte perdedora no está explícitamente presente en el conflicto ni interviene directamente en los acuerdos que le dan solución.

El estado, decía Bastiat, es una gran ficción en la que todo mundo trata de vivir a expensas del resto. La negociación una “lucha social” es la expresión más depurada de esa ficción. Los quejosos creen que están negociando con el “estado” mientras que los funcionarios públicos o los políticos que son su contraparte, aunque tienen su propios objetivos, están convencidos de que en la mesa representan esa misma entelequia abstracta. Esa creencia es la causa de que hagan caso omiso del interés del resto de la sociedad que asume siempre los costos tanto del conflicto como de su solución.

Esto último es evidente en el caso de paros como los del gremio camionero o de los paros agrarios que buscan imponer a la fuerza los precios que libremente no les reconoce el mercado y que se caracterizan por su violencia contra los ciudadanos cuya libre movilidad es restringida descaradamente por esos “luchadores sociales”. Los paros del magisterio estatal castigan particularmente a las familias pobres obligas por el absurdo sistema de subsidios a la oferta a dejar la educación de sus hijos en manos los educadores de la FECODE. Los paros de los afiliados de la ASONALJUDICIAL perjudican a quienes no tiene recursos para recurrir al arbitraje o la conciliación privada y a quienes se pudren en los patios más hacinados de  las prisiones por carecer de recursos para pagarse un abogado penalista o comprar un buen lugar en los patios de estrato 6 al lado de los políticos corruptos y los delincuentes de cuello blanco. También son contra la sociedad los paros regionales como los de Tumaco y el Chocó cuyos dirigentes son los mismo políticos buscadores de rentas que durante décadas han hecho un mal uso o simplemente se han apropiado de las transferencias de la nación.  Los paros contra el estado no son otra cosa que un instrumento de grupos organizados buscadores de rentas que son financiadas por el resto de la sociedad por la vía de impuestos adicionales, racionamientos y mayores costos de producción.

LGVA

Mayo de 2017.