miércoles, 23 de noviembre de 2016

Del impuesto a las bebidas azucaradas al impuesto al chicharrón

Del impuesto a las bebidas azucaradas al impuesto al chicharrón

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

El hecho de que la ingesta exagerada de bebidas azucaradas haga obesas a las personas o más propensas a cierto tipo de enfermedades es completamente irrelevante para justificar un impuesto específico a su consumo. La intervención del gobierno en asuntos de salud pública solo está justificada en aquellos casos en los que la imprevisión de los individuos en su autocuidado acarrea consecuencias sobre la salud de otras personas. Esto es lo que da fundamento a la vacunación gratuita y obligatoria y a las acciones públicas contra las enfermedades de transmisión sexual o cualquier enfermedad contagiosa. Ni la obesidad, ni la diabetes, ni las enfermedades vasculares son contagiosas. Si se acepta el argumento del gobierno habría que gravar los dulces, las tortas, los helados, los embutidos y, claro está,  el chorizo, la lechona y el chicharrón.  

Alguien dijo que la gente tiene un solo derecho: hacer lo que le venga en gana con su vida;  y un solo deber: asumir las consecuencias. Si los golosos, los fumadores y los alcohólicos tuvieran que asumir las consecuencias de sus excesos, ese sería un problema para ellos y sus familias, pero no uno de salud pública. El problema radica en la existencia de un sistema de salud de aseguramiento colectivo y obligatorio en el cual todos tratan de maximizar sus beneficios y minimizar sus contribuciones. Los golosos, los fumadores, los bebedores y todos aquellos que no cuidan de su salud le imponen a los demás los costos de sus excesos. 

Pero esto último tampoco es completamente cierto. Es verdad que los golosos, los fumadores y los alcohólicos imponen costos mayores al sistema general de salud; pero si el perfil epidemiológico de la población servida está adecuadamente definido y por tanto lo están las prestaciones y las primas de aseguramiento, ese no debería ser un problema mayor. Los sobrecostos de los obsesos se compensarían con los menores costos de atléticos y los de los borrachos con los de sobrios de la misma forma en que se compensan los de las personas mayores con los de los jóvenes y adultos saludables.

Hay algo más. Se supone que las  EPS deben destinar parte de la UPC que reciben a financiar actividades y programas de salud preventiva. Dentro de esto deberían estar incluidas  acciones tendientes a prevenir la obesidad y los consumos y prácticas que atentan contra la salud. No se tienen noticia de ningún gimnasio financiado por las EPS ni de que hayan realizado campañas masivas contra el apetito desenfrenado, la ingesta desmedida de bebidas azucaradas, el tabaquismo o el alcoholismo. Finalmente, antes de adoptar  en un impuesto odioso que castiga a todo mundo y no sólo a los golosos, podría pensarse en que éstos y todos aquellos que no cuidan de su salud hagan una contribución adicional al sistema de aseguramiento colectivo  pagando una prima más elevada o asumiendo copagos mayores que las demás personas.

Como consecuencia del debilitamiento de régimen contributivo frente al subsidiado, de las  decisiones judiciales que llevaron a la desaparición del POS y de la cadena de abuso y corrupción erigida con los procedimientos no POS y los medicamentos de alto costo el sistema de salud se desfondó y desde hace años sobrevive precariamente por acciones puntuales lideradas por el Ministerio de Salud. El gobierno renunció a impulsar en el congreso una reforma del sistema de salud que mediante una definición adecuada del plan de servicios y del monto de las contribuciones garantizara su sostenibilidad de largo plazo. En lugar de ello se aprobó una ley estatutaria que convierte la salud en un derecho lo que para los jueces de la República significa un plan de servicios ilimitado. No es inútil recordar que la ley estatutaria fue impulsada por el médico-congresista-empresario Roy Barreras quien, como presidente del senado, al mismo tiempo se encargó de sabotear el proyecto de ley reglamentaria presentado por el ministro Alejandro Gaviria.

El sistema de salud está desde hace varios años en situación de insolvencia que hasta el presente ha podido ser paliada con los recursos extraordinarios de que dispuso el gobierno gracias a la bonanza petrolera. Pero esto ya se agotó como se agotó también el tiempo y la capacidad de maniobra del gobierno para encarar el problema de fondo del sistema: el exceso de gasto sobre los ingresos. El gobierno está urgido de los $ 900.000 millones anuales que espera recaudar con el impuesto a las bebidas azucaradas para tratar de solventar durante un par de años el sistema y dejarle el embuchado de la reforma al nuevo gobierno. Esa es la verdad monda y lironda que el Ministro Gaviria, ilustre economista, conoce bien pero que  se ve obligado a maquillar perorando insistentemente sobre azúcares, obesidad, diabetes y sabe Dios qué más en un incómodo rol de médico salubrista que definitivamente no le cuadra.

LGVA

Noviembre de 2016.   

3 comentarios:

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  2. "Si los golosos, los fumadores y los alcohólicos tuvieran que asumir las consecuencias de sus excesos, ese sería un problema para ellos y sus familias, pero no uno de salud pública.." Me gustaría preguntarle: ¿qué pasa cuando se trata de niños? En el caso del licor y el cigarrillo hay medidas expresas para prohibir su consumo. Y segundo: hay productos que se consumen sin saber que son peligrosos o venenosos. El plomo, por ejemplo, es venenoso y por eso, aunque por mucho tiempo los niños jugaban con él, se prohibió su uso. Gran parte de la mejora en la salud pública en el mundo se debe a los avances en el conocimiento médico y químico pero también a campañas sanitarias impulsadas por el Estado (cocer los alimentos o vacunarse, por ejemplo). Si se sigue corroborando la relación entre obesidad, diabetes y azúcar, bien vale su restricción.

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  3. Tres puntos profesor para la discusión: 1) En lógica económica, a las Eps habría que pensarlas más como un sponsor, un ordenador, un racionalizador del gasto en el mercado imperfecto de los servicios de salud que como (exclusivamente) el educador de los usuarios, el que previene las enfermedades, el que los aconseja. Aun en ese caso, bajo acciones preventivas, las Eps disfrazadas de "Padres" para aconsejar a sus usuarios que lleven una vida saludable sería una solución ineficiente, dados los incentivos y sumado a los problemas que persisten en la relación agente - principal. Siendo así, el problema persiste y no sería una solución al gasto financiero producto de las enfermedades que se generan por consumir bebidas azucaradas dejarle la ingente responsabilidad - por demás imposible - de prevenir el consumo a los agentes que se piensan más como un Patrocinador o comprador colectivo que como un educador de la vida saludable.

    2) No encuentro probado la compensación entre gordos y flacos, deportistas y sedentarios, atletas y obesos como para señalar que el sistema se autoregula en este aspecto básico. El problema, tal como ud lo afirma correctamente, es que es una bolsa común contra la que TODOS giran... Algunos giran más que otros, siempre, de manera previsible, ¿Por qué no cobrarles más si en efecto pueden hacerlo? El precio actual del cigarrillo, del licor, de las bebidas azucaradas no refleja el precio real del bien cuando el sistema de salud es colectivo y no individual. Así, el impuesto no debería descartarse como un mecanismo viable a efectos de llevar a términos reales el valor de su consumo, siendo el sistema de salud de carácter colectivo.

    3) Finalmente, es una falacia llamada "pendiente resbaladiza" argumentar que después de las bebidas azucaradas se sigue el impuesto al chicharrón. Podría ser, pero no necesariamente como ud lo indica en el texto. No es una consecuencia inevitable. No es necesario. Habrían más debates, argumentos, razonamientos. Lo cierto es que ahora es más que evidente el daño en la salud el consumo de azúcar y por eso se piensa en racionalizar su consumo por medio de un gravamen, que tampoco se sabe en cuanto lo racionaliza, pero sí cuanto se recauda por ello. Más adelante, igual debate podría darse con el consumo del chicharrón, con otros términos y experiencias. Y en eso tampoco le veo tsnto de paternalista como de una consecuencia previsible cuando el sistema de salud es público, solidario y no de carácter excluyente y privado. Saludos. David

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