Bajo el régimen de Fidel Castro, Cuba se empobreció.

Bajo el régimen de Fidel Castro, Cuba se empobreció.

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Universidad EAFIT

A finales de los años 50 la economía cubana era bastante próspera en el contexto de América Latina. En 1960, su PIB por habitante era el quinto de América Latina; después de Uruguay, Argentina, Venezuela y Chile.  En las décadas siguientes fue cayendo relativamente hasta situarse, en 2015,  en el décimo primer lugar del escalafón latinoamericano.

La tabla permite hacer otras comparaciones interesantes:

En 1960, el PIB por habitante de Cuba era equivalente al 65%  del de Uruguay, el país más rico en ese año. Con alzas y bajas, ha mostrado una tendencia descendente hasta situarse en 45%  del de Chile, el país más rico de América Latina de 2015.

El PIB por habitante de  Cuba duplicaba al de  Colombia en 1960. En 2015, el de Colombia excede al de Cuba en 15%. Hay que destacar que entre esos años la población cubana aumentó 60%, pasando de 7,1 a 11,4 millones; en tanto que la colombiana se triplicó, al pasar de 16 a 50 millones.  

Aunque no es el tema de esta nota, no puede omitirse una mención al caso de Venezuela, el país más rico de América Latina en 1980, con un PIB – per cápita que triplicaba el de Colombia. En 2015 sólo lo excede en un 6%. Los otros países del “socialismo siglo XXI” se destacan en la parte inferior de la tabla: Ecuador (13), Bolivia (17) y Nicaragua (19).

El tamaño del PIB es importante, pero también lo es su composición. Por el lado de la oferta al lado de la industria, la agricultura, el comercio, la construcción y otros sectores de actividad, las cuentas nacionales incluyen la “Administración Pública” que incluye los servicios del gobierno: policía, ejército, justicia, etc. En Cuba este rubro representa el 37% del valor agregado, porcentaje superior al de cualquier país latinoamericano.

Otra forma de ver las cosas es por el lado del gasto. Las cuentas nacionales lo descomponen en consumo privado, consumo del gobierno, formación bruta de capital y exportaciones netas. En 2015, Cuba presenta el más bajo consumo privado – 55% del PIB – y el más alto consumo del gobierno – 32% del PIB-  entre las mayores economías de América Latina.

En resumen: bajo el socialismo de los Castro, Cuba se hizo relativamente más pobre entre los países de América Latina al tiempo que el gobierno se apropia, en 2015, de una porción del PIB superior a la de cualquier otro gobierno de la región. O, visto de otra forma, los cubanos son comparativamente más pobres, su consumo es relativamente más bajo y su gobierno más voraz.  

LGVA

Noviembre de 2016. 

Del impuesto a las bebidas azucaradas al impuesto al chicharrón

Del impuesto a las bebidas azucaradas al impuesto al chicharrón

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Universidad EAFIT

El hecho de que la ingesta exagerada de bebidas azucaradas haga obesas a las personas o más propensas a cierto tipo de enfermedades es completamente irrelevante para justificar un impuesto específico a su consumo. La intervención del gobierno en asuntos de salud pública solo está justificada en aquellos casos en los que la imprevisión de los individuos en su autocuidado acarrea consecuencias sobre la salud de otras personas. Esto es lo que da fundamento a la vacunación gratuita y obligatoria y a las acciones públicas contra las enfermedades de transmisión sexual o cualquier enfermedad contagiosa. Ni la obesidad, ni la diabetes, ni las enfermedades vasculares son contagiosas. Si se acepta el argumento del gobierno habría que gravar los dulces, las tortas, los helados, los embutidos y, claro está,  el chorizo, la lechona y el chicharrón.  

Alguien dijo que la gente tiene un solo derecho: hacer lo que le venga en gana con su vida;  y un solo deber: asumir las consecuencias. Si los golosos, los fumadores y los alcohólicos tuvieran que asumir las consecuencias de sus excesos, ese sería un problema para ellos y sus familias, pero no uno de salud pública. El problema radica en la existencia de un sistema de salud de aseguramiento colectivo y obligatorio en el cual todos tratan de maximizar sus beneficios y minimizar sus contribuciones. Los golosos, los fumadores, los bebedores y todos aquellos que no cuidan de su salud le imponen a los demás los costos de sus excesos. 

Pero esto último tampoco es completamente cierto. Es verdad que los golosos, los fumadores y los alcohólicos imponen costos mayores al sistema general de salud; pero si el perfil epidemiológico de la población servida está adecuadamente definido y por tanto lo están las prestaciones y las primas de aseguramiento, ese no debería ser un problema mayor. Los sobrecostos de los obsesos se compensarían con los menores costos de atléticos y los de los borrachos con los de sobrios de la misma forma en que se compensan los de las personas mayores con los de los jóvenes y adultos saludables.

Hay algo más. Se supone que las  EPS deben destinar parte de la UPC que reciben a financiar actividades y programas de salud preventiva. Dentro de esto deberían estar incluidas  acciones tendientes a prevenir la obesidad y los consumos y prácticas que atentan contra la salud. No se tienen noticia de ningún gimnasio financiado por las EPS ni de que hayan realizado campañas masivas contra el apetito desenfrenado, la ingesta desmedida de bebidas azucaradas, el tabaquismo o el alcoholismo. Finalmente, antes de adoptar  en un impuesto odioso que castiga a todo mundo y no sólo a los golosos, podría pensarse en que éstos y todos aquellos que no cuidan de su salud hagan una contribución adicional al sistema de aseguramiento colectivo  pagando una prima más elevada o asumiendo copagos mayores que las demás personas.

Como consecuencia del debilitamiento de régimen contributivo frente al subsidiado, de las  decisiones judiciales que llevaron a la desaparición del POS y de la cadena de abuso y corrupción erigida con los procedimientos no POS y los medicamentos de alto costo el sistema de salud se desfondó y desde hace años sobrevive precariamente por acciones puntuales lideradas por el Ministerio de Salud. El gobierno renunció a impulsar en el congreso una reforma del sistema de salud que mediante una definición adecuada del plan de servicios y del monto de las contribuciones garantizara su sostenibilidad de largo plazo. En lugar de ello se aprobó una ley estatutaria que convierte la salud en un derecho lo que para los jueces de la República significa un plan de servicios ilimitado. No es inútil recordar que la ley estatutaria fue impulsada por el médico-congresista-empresario Roy Barreras quien, como presidente del senado, al mismo tiempo se encargó de sabotear el proyecto de ley reglamentaria presentado por el ministro Alejandro Gaviria.

El sistema de salud está desde hace varios años en situación de insolvencia que hasta el presente ha podido ser paliada con los recursos extraordinarios de que dispuso el gobierno gracias a la bonanza petrolera. Pero esto ya se agotó como se agotó también el tiempo y la capacidad de maniobra del gobierno para encarar el problema de fondo del sistema: el exceso de gasto sobre los ingresos. El gobierno está urgido de los $ 900.000 millones anuales que espera recaudar con el impuesto a las bebidas azucaradas para tratar de solventar durante un par de años el sistema y dejarle el embuchado de la reforma al nuevo gobierno. Esa es la verdad monda y lironda que el Ministro Gaviria, ilustre economista, conoce bien pero que  se ve obligado a maquillar perorando insistentemente sobre azúcares, obesidad, diabetes y sabe Dios qué más en un incómodo rol de médico salubrista que definitivamente no le cuadra.

LGVA

Noviembre de 2016.   

Beba de su propia medicina, Ministro Cárdenas

Beba de su propia medicina, Ministro Cárdenas

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Docente, Universidad EAFIT

Si fuera puramente estructural, la reforma tributaria podría ser buena; pero, urgido como está de recaudar cerca de $ 8 billones, el gobierno corre el riesgo de obtener solo algún dinerillo, digamos dos puntos IVA y una ligera ampliación de la base de las personas naturales, dejando en el alambrado buena parte de aquellos cambios que apuntan al establecimiento de un régimen tributario más eficiente y neutral, libre de todas las gabelas que lo adornan como árbol de navidad.

Ya el Ministro de Hacienda admitió que de no aprobarse la reforma se tendría que hacer un recorte del gasto público de 30 billones en los próximos 3 años. Aunque el Ministro lo dijo con un aire de tragedia, se trata de una excelente noticia que debería estar acompañada de una propuesta concreta y de aplicación inmediata. Podría, por ejemplo, adicionarse a la reforma un artículo que autorizara al Presidente para suprimir y fusionar entidades del nivel central y recortar los gastos de funcionamiento de todas las demás con la meta reducir en $ 4,5 billones el presupuesto general de la Nación de 2017.  Esto podría hacerse con la asesoría de la comisión de estudio del gasto que se propone crear en el artículo 310 del proyecto de reforma, en un reconocimiento palmario del gasto excesivo y mal orientado.  

La comisión se instalaría el primero de enero y tendría un plazo de dos meses para rendir su informe. Un mes después el Presidente expediría los decretos respectivos y se retomaría el camino perdido de la austeridad y la responsabilidad fiscal. Para los demás aspectos de ordenamiento, eficiencia y priorización del gasto, la comisión tendría un plazo mayor. Si en 2011 pudo el gobierno en un par de meses resucitar tres ministerios y crear una veintena de “agencias” paralelas, bien podría hacerlas desaparecer en ese mismo lapso. Buena parte de las funciones de esas “agencias” pueden ser asumidas por los ministerios.

Esto le daría a la reforma la legitimidad social y política de la que carece y al ejecutivo la independencia y autoridad requerida para enfrentar a lobistas y congresistas fletados encargados de mantener las gabelas de que disfrutan algunos sectores de la actividad económica.  Los mercados, las calificadoras de riesgo, los empresarios nacionales y los inversionistas verían con buenos ojos una reforma que, liberada de su propósito alcabalero, sería, ahí sí, verdaderamente estructural.

Pero realmente ni sería necesario convocar esa comisión para hacer propuestas sobre el gasto. En 2007, el entonces Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga convocó una Comisión Independiente de Gasto Público, encabezada por el exministro Rodrigo Botero y de la que hicieron parte Armando Montenegro, Alejandro Gaviria, Gabriel Rosas y  Mauricio Cárdenas. Dicha comisión hizo una serie de recomendaciones que fueron desatendidas en su casi totalidad, pero que no es ocioso recordar porque siguen siendo pertinentes en la coyuntura actual.

Propuso en su informe la comisión un recorte inmediato del presupuesto de la Nación de $ 1,5 billones. Este recorte era equivalente a un 1,2% del presupuesto de 2008, lo que aplicado al presupuesto de 2017 arrojaría un recorte de $ 2,7 billones. Se propuso también la venta de la participación de la Nación en ISA y la venta de las acciones en ISAGEN, CORELCA y URRÁ. Con estas enajenaciones se esperaba recaudar poco más de $ 7 billones, que debían destinarse, a juicio de los expertos, a la reducción de la deuda pública. Como se sabe, el gobierno actual vendió su participación en ISAGEN destinando los recursos a la financiación de carreteras, no a la reducción de la deuda.

Hay otra serie de propuestas que el Ministro Cárdenas, coautor del informe,  haría bien en repasar. Le convendría también recordar la perentoria exhortación que encabezaba el informe: “Se le recomienda al Gobierno que haga un esfuerzo de ahorro”. ¿Por qué no hacer, doctor Cárdenas, como ministro, lo que antes recomendaba como experto consejero?

Un recorte inmediato de 2% del presupuesto de nacional arrojaría un ahorro de $ 4,5 billones. La venta de las acciones de ISA, cuya pertenencia a la Nación carece de toda justificación como bien lo sabe el Ministro Cárdenas, aportaría recursos frescos por más de $ 5.6 billones, cifra que resulta de multiplicar 569.472.561 acciones por su precio de mercado de $ 9.900 por acción. Empresas como EPM,  EEB y muchas otras más se disputarían ferozmente tan suculento bocado.

Esos recursos, que sumados ascienden a $ 10,1 billones, superarían con creces lo que se busca recaudar con la reforma tributaria en el primer año. Para más adelante, por lo menos en el presupuesto de 2018 que corresponde al actual gobierno presentar, debería hacerse que los gastos crecieran por debajo de la inflación destinando el exceso que resulte sobre los ingresos corrientes a la reducción de la deuda;  ingresos estos que deben incrementarse si, como pretende el Gobierno, la reforma reactiva la economía. Es claro pues que no es necesario ningún aumento de los impuestos,  para ello basta con que el Ministro Cárdenas beba un poco de su propia medicina.

LGVA

Noviembre de 2017.  

Donald Trump o la amenaza proteccionista

Donald Trump o la amenaza proteccionista

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

La elección de Donald Trump supone un alto riesgo para la economía global si llegan a materializarse sus promesas proteccionistas como el retiro de los Estados Unidos del NAFTA, en caso de que sus socios no acepten su renegociación, y la  imposición de aranceles elevados a las importaciones procedentes de China. La economía mundial ha conseguido evitar impactos  más graves sobre el crecimiento y el empleo de la crisis de 2008-2009 gracias a la política monetaria a ultranza de los grandes bancos centrales y, principalmente, a que la mayoría de países de mundo han resistido hasta ahora la tentación proteccionista, permaneciendo fieles a sus acuerdos de libre comercio y a las reglas de la OMC. El resurgimiento del proteccionismo en los Estados Unidos puede desatar una guerra arancelaria que daría al traste con la frágil recuperación de la economía mundial. 

En su clásico estudio “La crisis económica 1929-1939”, Kindleberger muestra que el comercio mundial, medido por el valor de las importaciones de setenta y cinco países, pasó de un valor mensual de US$ 2.998 millones, en enero de 1929, a US$ 2.739 millones en enero de 1930, para una caída de 9%.  En los años siguientes se presentaron caídas de 33%, 35% y 18% de tal suerte que en enero de 1933, en lo más profundo de la depresión, el comercio mundial era una tercera parte del registrado en enero de 1929. Entre 2008 y 2009 las importaciones mundiales cayeron un 23%, al pasar de US 15,8 billones a US$ 12,2 billones. En 2010 y 2011 se recuperaron vigorosamente, creciendo 20% en cada uno de esos años. Posteriormente han continuado aumentando, aunque a tasas inferiores, 2% anual.

En la gráfica se muestra la evolución del índice importaciones en los cuatro años siguientes a los de las crisis bursátiles - 1929 y 2008, respectivamente -que se toman como año base. Para el período 1929-1933 se tomaron las cifras de comercio mensual de mercancías reportadas por Kindleberger y para el período 2008-2012 se usaron datos de la OMC.  El contraste no puede ser más marcado. 

Cuenta Kindleberger, que las tendencias proteccionistas habían comenzado a manifestarse ya en los años 20. Con el objeto de ponerles freno, se realizaron en 1927 y 1929 sendas conferencias económicas mundiales en las que se pactaron reducciones arancelarias que no llegaron a materializarse a causa de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, donde, en mayo de 1929,  la Cámara de Representantes había aprobado el proyecto de arancel Smoot-Hawley, que se convertiría en ley en junio de 1930, a pesar de las protestas formales de 38 países y del rechazo de 1028 economistas de Estados Unidos que pidieron al presidente Hoover que vetara la ley[1].  La reacción no se hizo esperar y en el curso de unos pocos meses Suiza, Canadá, Italia, Francia, México, Australia, Nueva Zelanda elevaron sus aranceles.[2]. El “remedio casero” del partido Republicano, como Schumpeter denominó el arancel Smoot-Hawley, había desatado una guerra arancelaria que provocó la violenta contracción del comercio mundial y ahondó la recesión en todos los países.

Con cifras de 2014[3], Estados Unidos, con un 12,6%,  es el primer importador mundial de mercancías y el segundo exportador, con una participación de 8,5%.  Es también el primer importador y exportador de servicios comerciales. El 27% de sus importaciones proceden de Canadá y México, sus socios del NAFTA, y allá van también en el 34% de sus exportaciones. De China llegan el 19,9% de sus importaciones y allá van el 7,7% de sus exportaciones. Cualquier medida unilateral contra estos países tendría impactos fuertes sobre sus economías. México y Canadá están muy expuestos ya que el 80%  y el 75% de sus exportaciones respectivas van a Estados Unidos. China está menos expuesto con un 18%. 

No se  necesita mucha ciencia económica para comprender lo que infructuosamente los economistas norteamericanos trataron de hacerle entender al presidente Hoover y a los políticos de Washington. Sin embargo, como el proteccionismo no parece haber sido completamente extirpado, no está fuera de lugar recordar sus sencillas y sensatas palabras a propósito de la implantación del arancel  Smoot-Hawley:

“Nuestro comercio de exportación sufrirá. Los otros países no pueden comprarnos permanentemente a menos que les permitamos vendernos, y cuanto más restringimos las importaciones provenientes de ellos por medio de tarifas elevadas más reducimos la posibilidad de venderles nuestras exportaciones”.

Y añadían esta advertencia:

“Hay ya múltiples evidencias de que tal acción inevitablemente provocará que otros países nos paguen con la misma moneda mediante la aplicación de gravámenes retaliatorios contra nuestros productos”[4]

Y así sucedió en efecto en los años 30 y volverá a ocurrir ahora pues ni entonces ni hoy Estados Unidos está libre de represalias comerciales. Si esto ocurre, al igual que en aquel entonces, la política de empobrecer al vecino terminará por empobrecer a todo el vecindario.

LGVA

Noviembre de 2016.

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[1] Este documento, que salva en algo el honor de la profesión pues al otro lado del Atlántico Mr Keynes estaba proponiendo gravar las importaciones, se reprodujo en 2007. Entre las firmas destacadas se encuentran las de Irving Fisher y Frank Taussing. Véase:  “Economists Against Smoot-Hawley” en Econ Journal Watch Volume 4, Number 3, september 2007, pp 345-358.

[2] Véase: Kindleberger, Ch. P. (2009). La crisis económica 1929-1939. Editorial Capitán Swing, Madrid, 2009. Páginas 209-213 y páginas 277-286.

[3] World Trade Organization (2016). Trade Profiles 2015. Página 193.  https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_profiles15_e.pdf

[4] “Economists Against Smoot-Hawley” en Econ Journal Watch Volume 4, Number 3, september 2007, pp 349.