¿Cómo ahorrar 20 billones de pesos y evitar un aumento de los impuestos?

¿Cómo ahorrar 20 billones de pesos y evitar un aumento de los impuestos?

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

En la próxima legislatura el Gobierno Nacional presentará una nueva reforma tributaria.  Los gremios de la producción parecen resignados y los economistas del establecimiento declaran que es inevitable. Pues no es así. De adoptarse, las propuestas que se presentan a continuación generarían un ahorro de 20 billones de pesos, haciendo innecesario el aumento de los impuestos y generando incluso un margen fiscal que permitiría su reducción.

 Los cálculos están hechos con base en el presupuesto de 2016, ley 1769 de noviembre de 2015. El recorte propuesto concierne exclusivamente el gasto burocrático y parte del gasto puramente asistencialista ejecutado por cinco agencias gubernamentales que no parecen tener otra función que hacer traslados electrónicos o repartir cheques. No se toca el servicio de la deuda ni las transferencias del SGP, tampoco el presupuesto del Ministerio de Defensa ni el de la rama judicial. No se reducen los presupuestos de inversión de los ministerios, excepto en algunas partidas con las que el gasto de funcionamiento se maquilla como inversión. No se recortan los presupuestos de ninguna de las Superintendencias ni el del DNP.  El resumen se presenta en la siguiente tabla.

Las propuestas se detallan a continuación:

1.      Eliminar 17 entidades burocráticas que no hacen otra cosa que reprocesar información de los ministerios y suplantarlos en sus funciones. Ahorro: $ 1.2 billones.

Aquí hay cosas verdaderamente hilarantes. Algunos ejemplos. La tragedia del río Páez ocurrió en 1994 y la corporación creada para atenderla aún subsiste, 22 años después, con un presupuesto superior a los $ 21.000 millones. Existen un par de entidades – la contaduría y la auditoría generales de la nación – que no hacen otra cosa que producir informes que a nadie importan con un costo anual de $ 55.000 millones. La  defensoría del pueblo es también una reprocesadora de información que solo produce mediocres documentos, que le sirven para crear pequeños y frecuentes escándalos mediáticos para recordarle a la sociedad de su existencia, que de otra forma sería ignorada por completo. La supresión de la defensoría arroja un ahorro de $ 453.000 millones.

Hay otros engendros burocráticos como la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), creada hace cuatro años. Nadie sabe bien lo que hace la tal APC, aparte de incomodar a dependencias similares que existen en otros ministerios. Si se pudo prescindir de ella durante 200 años de vida republicana, probablemente no hará mucha falta en los próximos 200. Tiene un costo de $ 66.000 millones. La Agencia Colombiana para la reintegración de personas y grupos alzados en armas tiene un presupuesto de funcionamiento $ 143.000 millones y no hace otra cosa que entregar una mensualidad a los desmovilizados. Esto puede hacerse perfectamente a través de cualquier banco y gestionarse directamente desde una dependencia del Ministerio de Hacienda. La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas -  ¡si, tal cosa existe! - tiene un presupuesto de $ 17.000 millones y al parecer debe hacer proyectos de renovación urbanística de las instalaciones gubernamentales. Nada que no pueda hacerse desde las entidades titulares de dichas instalaciones. 

También está la Agencia Nacional de contratación pública – Colombia compra eficiente. Esta “agencia” también fue creada durante el primer gobierno de Santos y hace parte de esa burocracia paralela que se montó “para modernizar y hacer más eficiente el estado”. Es pura nómina, cerca de $ 20.000 millones, para manejar una tienda virtual, en la que se presenta el catálogo de las grandes superficies,  para la compra de papelería y suministros de cafetería de los ministerios. Otro esperpento increíble es la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, creada en 2011 para defender al estado de las demandas que se presentan contra el estado en el consejo de estado por errores que el estado comete y las acciones anti-jurídicas del estado. Tiene un costo de $ 40.500 millones y en sus deplorables informes de gestión no se reporta ni un solo caso ganado.  Sobra también la Superintendencia de Economía Solidaria, que tiene un trabajo imposible de realizar: la vigilancia y control de 15.000 entidades de economía solidaria: cooperativas, fondos de empleados, etc. con un costo de $ 24.500 millones. 

Está también la Autoridad Nacional de Televisión (ANT), heredera de la antigua Comisión Nacional de Televisión: heredera de parte de sus funciones y de todos sus vicios burocráticos. No hay nada que haga esta entidad que no sea hecho o no pueda ser hecho por otra de las múltiples dependencias del MINTIC. Puede suprimirse de inmediato sin que nadie note su ausencia. Su presupuesto es de $ 283.650 millones. Hay una cosa que se llama Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.  Aparte del empleo de sus propios funcionarios, es nula su contribución a la generación de empleo. Se gasta la bicoca de $ 34.807 millones de pesos al año. Existe una Dirección Nacional de Bomberos, que no tienen un solo carro ni ha apagado un solo incendio, pero “dirige, coordina, regula y acompaña” la actividad de los bomberos del País. En otras palabras, no hace nada y ello al módico costo de $ 35.327 millones.

2.      Recortar el presupuesto 6 entidades y eliminar los aportes de la Nación a las CAR. Ahorro: 2.1 billones.

El congreso de la república está muy desprestigiado, pero en realidad no es ni muy grande ni muy costoso. Los 102 senadores y los 166 representantes que lo conforman, dan un promedio de 5,6 congresistas por millón de habitantes. En Estados Unidos es de 1,8 y en Brasil 2,8. Si el congreso se reduce a la mitad el ahorro sería de $ 252.000 millones.  La presidencia de la república maneja una burocracia conformada básicamente por personajes que no alcanzaron cargo alguno en la repartición de ministerios y entidades nacionales. Se les llama “consejeros”, “ministros sin cartera” o “superministros” y están allí a la espera de una oportunidad. No hacen otra cosa que intrigar y fastidiar a los ministros de verdad preparando informes insustanciales y maledicentes. Este recorte burocrático permitiría un ahorro de $ 80.000 millones de pesos, siempre con base en el presupuesto de 2016. La Superintendencia de Notariado y Registro maneja un presupuesto cercano al billón de pesos, superior al de la mayor parte de los ministerios, lo que la convierte en una de las exquisiteces mayores del festín burocrático. Recortar su presupuesto en un 30% arrojaría un ahorro de $ 279.482 millones.

Las entidades de control -  Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía- están cada vez más alejadas de sus funciones técnicas y se han convertido en poderosos fortines burocráticos para impulsar las carreras políticas de quienes llegan a su dirección. Sus presupuestos han crecido de forma desconsiderada en los últimos 6 años: más de 88% en conjunto. Los de la Procuraduría y la Contraloría aumentaron  33% y 48%, respectivamente; mientras que el de la Fiscalía lo hizo en un módico 111%, al pasar de 1,4 billones de 2010, a 3 billones larguitos en 2016. Un recorte de 30% en sus presupuestos arrojaría un ahorro de cercano a $ 1,2 billones y quizás pondría un poco de seriedad en la gestión de estas entidades.

Deben suprimirse los aportes de la Nación a las Corporaciones Autónomas Regionales. Las CAR son epicentro de batallas políticas y burocráticas regionales que se repiten cada tres años con ocasión de la designación de su director general. Rara vez al cargo llega un experto, las más de las veces un pequeño político al servicio de un congresista o del gobernador del departamento. - ¿Y el ambiente? Bien, gracias, ¿y usted? - Por ser “autónomas” no obedecen directrices nacionales, a pesar de que muchas de ellas dependen para sobrevivir de los aportes de la Nación que en conjunto ascienden a $ 71.000 millones.

3.      Recortar en 35% el presupuesto de cinco entidades creadas para repartir dinero. Ahorro: 1.9 billones.

Son cinco, a saber: el Departamento administrativo para la prosperidad social, la Unidad administrativa especial para la consolidación territorial, la Agencia nacional para la superación de la pobreza extrema, la Unidad de atención y reparación integral de las víctimas y el Centro de memoria histórica. En conjunto manejan un presupuesto de 5.5 billones de pesos que reparten a rodos en los más insólitos programas, sin que los entes de control digan nada. El recorte propuesto arrojaría un ahorro de $ 1.9 billones.

4.      Recortar en 17% el presupuesto de todos los ministerios y sus entidades vinculadas, excepción hecha de los de defensa y hacienda. Ahorro: 14.9 billones.

Este recorte, que saldría de los gastos de funcionamiento y de los gastos de inversión que maquillan gastos de funcionamiento, arrojaría un ahorro de  $ 14.9 billones.

Sin desatender el servicio de la deuda, sin reducir los aportes del SGP, sin reducir el presupuesto de defensa, sin reducir el presupuesto de la justicia, sin reducir el presupuesto de las superintendencias ni del DNP y sin reducir los presupuestos de inversión de los ministerios, es posible recortar el gasto de la Nación en 20 billones de pesos y evitar el aumento de los impuestos.

LGVA

Junio de 2016.