¿La
ETB? ¡Véndanla de una vez por todas!
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista,
Docente Universidad EAFIT
A principios de los noventa
las empresas estatales de telecomunicaciones – TELECOM, ETB, EMCALI y EPM –
eran boyantes y rentables. No quiere ello decir que fueran eficientes: la
instalación de una línea podía tardar seis meses o más y la cobertura del servicio
escasamente llegaba a 8 teléfonos fijos por cada cien habitantes. Eran boyantes
y rentables porque explotaban concienzudamente el monopolio de la larga
distancia internacional que, amparado en los acuerdos del cartel mundial de la
telefonía conocido como Unión Internacional de Telecomunicaciones, les permitía
cobrar por una llamada Bogotá-París diez veces el precio de una llamada
París-Bogotá.
En los años 80 y 90 se
desmantelaron los monopolios estatales de los países desarrollados y las
empresas privadas que de ellos surgieron se lanzaron a conquistar nuevos
mercados, acicateadas por la competencia que los avances tecnológicos habían
desatado. Llegaron a América Latina pagando hasta US$ 1.500 dólares por línea
fija para entrar en unos mercados donde apenas despuntaba el internet y la
telefonía móvil. Varios países del continente – Brasil, Argentina, Chile, Perú,
etc. – vendieron oportunamente sus anquilosadas empresas. Colombia vio pasar la
oportunidad de hacerse a los US$ 4.500 millones por los que se hubieran podido
vender los tres millones de líneas fijas que tenían las telefónicas estatales.
Una huelga salvaje que
incomunicó al País durante dos semanas y la pusilanimidad de un congreso
controlado por políticos estatistas impidió la venta de TELECOM, que se
proponía el gobierno de Cesar Gaviria. En EMCALI, el sindicato y sus aliados
políticos frustraron la escisión del negocio de telefonía y su posterior venta
al sector privado. Años después, TELECOM fue entregada a TELEFÓNICA a cambio de
que ésta se hiciera cargo del pasivo laboral. La historia de EMCALI es igual de
patética: su insignificante negocio de telefonía, que continúa integrado con
los de energía y acueducto, sobrevive subsidiado por el acueducto y
desaparecerá con más pena que gloria porque nadie está interesado en comprar
una inútil red de cobre. EPM salió mejor
librada a pesar de demorarse casi quince años para escindir el negocio de
telecomunicaciones y asociarse con el capital privado. La administración de
Bogotá privatizó parcialmente la ETB que pudo sobreaguar mientras pudo explotar
la licencia de larga distancia que le otorgara el gobierno nacional. En
conjunto una gigantesca destrucción de valor de la que no se ha hecho
responsable ninguno de los sindicalistas y políticos estatistas que la
propiciaron y se dicen defensores del patrimonio público.
Después de haber malbaratado
dinero a rodos en la supuesta modernización de la empresa y ciegos y sordos
ante todo evidencia, los estatistas continúan hablando de la rentabilidad de la
ETB y de la “inversión social” que se financiaría con sus ingentes ingresos. Y
aunque fuera cierto que la ETB es rentable y productiva, ese no es un argumento
válido para oponerse a su venta pues si se aceptara implicará aceptar que el
gobierno debe apropiarse de toda la actividad económica rentable y productiva. Pero
a lo mejor eso es lo que añoran Petro y todos admiradores del socialismo del
siglo XXI de la martirizada Venezuela.
La única justificación, un
tanto dudosa, de la existencia de empresas estatales es la corrección de las
llamadas fallas de mercado - monopolio natural, según dicen – y la necesidad de
garantizar a toda la población el acceso a bienes y servicios meritorios. Nada
de eso aplica en este caso: la competencia es amplia y las empresas privadas
lograron en una década lo que no hicieron en más de cincuenta años de monopolio
las empresas estatales: comunicar a todos los colombianos y a Colombia con el
mundo, como proclamaba en su promesa de valor la arruinada TELECOM.
La ETB tiene hoy la
posibilidad de salvar los trastos siguiendo, aunque tardíamente, el camino de
EPM. La alternativa es el sendero ruinoso de TELECOM y EMCALI. Hay que venderla
mientras tiene algún valor. El actual debate sobre su privatización debe servir
para sostener sin ambages el principio según el cual en una sociedad libre y de
mercado el gobierno debe financiarse con impuestos y nada más.
LGVA
Mayo de 2016.
Excelente!!
ResponderEliminar