Los papeles de Panamá, la evasión fiscal y la hipocresía universal

Los papeles de Panamá, la evasión fiscal y la hipocresía universal

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

Consultor, Fundación ECSIM

En muchos países y en diversas circunstancias eludir y evadir impuestos son actos de legítima defensa. Los paraísos fiscales existen porque buena parte de los países del mundo han sido convertidos en infiernos o purgatorios fiscales por políticos estatistas empeñados en hacer “justicia social” y “redistribución del ingreso” con el dinero ajeno. Eso no impide que sean esos mismos políticos estatistas quienes encabezan la lista de los propietarios de las famosas empresas “offshore” creadas para eludir o evadir impuestos. Para eso son las “offshore”, lo demás son subterfugios.

En el Libro V de La riqueza de las Naciones, después de discutir sobre las funciones y gastos del gobierno, Adam Smith encara el problema de su financiación. Examina, en primer lugar, la posibilidad de que el gobierno – el Soberano, como dice Smith -  derive sus ingresos del ejercicio de actividades mercantiles, para concluir tajantemente que “no existen dos caracteres más incompatibles que el de Soberano y el de comerciante” y que el capital y las tierras pertenecientes al estado son “fuentes de renta impropias” para enjugar los gastos del gobierno, razón por la cual “no queda  otro remedio (…) que recurrir a los impuestos de una u otra naturaleza”.  Los impuestos son pues el mal menor. Para evitar que fueran en exceso perjudiciales, dejó Smith a la posteridad los cuatro principios de una buena tributación que desde entonces han repetido todos los tratadistas de la materia sin añadir nada de fondo, pero que han sido olvidados casi completamente por los políticos y sus asambleas legislativas donde se decretan los impuestos[1]. También se ha olvidado la sabia advertencia de Smith:

“Un impuesto excesivo constituye un poderoso estímulo a la evasión, por lo cual las penalidades a los contraventores crecen proporcionalmente a la tentación que la ocasiona. La ley, contrariamente a los principios de justicia, suscita, primero, la tentación de infringirla y, después castiga a quien la viola…”

Y si al impuesto excesivo se añade la corrupción y el gasto exagerado, queda completo el dispositivo que induce a la evasión. Smith, una vez más:  

“En todos aquellos países donde hay un gobierno corrompido, y donde existe la sospecha de que se incurre en grandes dispendios y se dispone en forma indebida de los ingresos públicos, es muy frecuente que se respeten muy poco las leyes que protegen las contribuciones”

Bryan O´cconor es un canadiense, repartidor de pizzas en Toronto por allá en los años 70. Bryan llevaba siempre una pequeña libreta en la que religiosamente anotaba todas las propinas que recibía en su trabajo para, decía, no correr el riesgo de omitir ni un centavo recibido en su declaración de impuestos. Nunca he conocido a nadie más como Bryan. Creo que él y probablemente el rigorista Immanuel Kant son en la historia de la humanidad las únicas personas que pagaron voluntariamente la totalidad de sus impuestos.  De Bryan estoy seguro.

Tampoco creo que Jesucristo cuando, respondiendo a los fariseos sobre el pago de los impuestos, dijo aquello de “dar al Cesar lo que es del Cesar” fuese completamente sincero. A fin de cuentas, el hombre, después de abandonar el honorable trabajo de la carpintería, no tuvo al parecer ocupación alguna que generara un ingreso que pudiera ser gravado. Probablemente por ello fue derrotado en la célebre votación en que compitiera con Barrabás, quien ese sí, armas en mano, se rebelara contra los ominosos tributos de la Roma Imperial.

Desde la antigüedad los pueblos se han rebelado contra los tributos. Las provincias romanas se levantaban frecuentemente contra las depredaciones fiscales y los atropellos de sus gobernantes[2]. Las guerras campesinas de Alemania, de las que Federico Engels, el compadre de Marx, ha dejado un vívido relato, fueron rebeliones fiscales[3]. En fin, la revolución francesa se inició como un levantamiento de los estados generales contra los impuestos y por un gobierno barato[4]. Curiosamente el siglo XX, que vio crecer vertiginosamente el tamaño de los gobiernos y los impuestos, estuvo libre de revueltas y rebeliones fiscales. Y no precisamente porque todos los contribuyentes se comporten como Bryan O`cconor.

Los gobiernos modernos, aunque no menos voraces que los del pasado, son más atemperados y han renunciado a las prácticas más ominosas para el cobro de los impuestos: el asesinato y la tortura. Sin embargo, no son pocos los que castigan con penas de cárcel la evasión sin que esto le parezca escandaloso a la opinión mayoritaria. Este es el caso de México, Chile y Perú, los socios de Colombia en la Alianza del Pacífico, cuyo vergonzoso ejemplo propuso el gobierno imitar en la pasada reforma tributaria.

De dientes para afuera, los economistas adoradores del Leviatán, los políticos y los politólogos que les sirven, los periodistas, los abogados tributaristas y, en general, la opinión pública mayoritaria, todos ven al evasor como un criminal y al gobierno que lo persigue y castiga como el defensor de la sociedad, sin que importe cuan corrupto y abusivo sea. In illo témpore, el evasor era visto como un héroe que se enfrentaba a un estado ladrón[5]. La inversión de valores de nuestra época tiene un fondo de hipocresía que nadie puede negar.

En casi todos los países, las asambleas legislativas que votan los impuestos están integradas en su mayoría por políticos profesionales interesados en conservar, concediéndoles beneficios especiales, los votos de grupos particulares y el soporte de las gentes acaudaladas que contribuyen a sus campañas. Los grupos de interés y sus operadores políticos están dispuestos a reconocerse beneficios los unos a los otros con la esperanza de que serán las arcas generales del estado las que sufraguen los costos. Todo es un regateo de intereses de cruzados que lleva a regímenes fiscales casuísticos y enmarañados, totalmente alejados de los predicamentos de solidaridad, equidad y eficiencia que no son en definitiva más que la tapadera de intereses particulares. Los economistas, abogados, tributaristas y demás técnicos que asesoran a los gobiernos en el diseño de las reformas tributarias estructurales, que se anuncian periódicamente pero que nunca llegan; suelen ser también los asesores de las empresas y personas acaudaladas que buscan reducir su tasa efectiva de tributación. La clase media se defiende con la subfacturación o la no-facturación e inventándose pasivos y gastos en sus declaraciones de impuestos. Los más pobres, a los que usualmente solo alcanza la tributación indirecta, se unen a las protestas ruidosas de los funcionarios públicos que viven de los impuestos y reciben siempre el apoyo de los políticos que compiten por sus votos. Ese es el fondo común de eso que llaman el Estado, donde todos quieren sacar mucho y aportar poco. Pero eso sí, todos a una contra la evasión.

Los gobiernos del mundo entero en su incesante lucha contra el problema de la evasión creado por ellos mismos con su voracidad fiscal y su indecoroso desempeño, decidieron conformar una coalición internacional contra los llamados paraísos fiscales, donde los mismos integrantes de esos gobiernos buscan refugio para sus fortunas bien o mal habidas. La Santa Alianza del reaccionario Guizot y la Internacional Comunista del revolucionario Marx, son los antecedentes de esta nueva y tenebrosa internacional estatista que amenaza la movilidad de los capitales y la libertad individual. Pero, porque supuestamente lo de las “offshore” es un asunto de los ricos, todo mundo aplaude en una expresión universal de envidia e hipocresía.

El problema de la evasión nacional e internacional no se resuelve con la creación de una policía fiscal universal. Gobiernos pequeños, moderados, austeros y sistemas tributarios sencillos y ajustados a las cuatro reglas de Smith son el mejor antídoto contra la evasión. Pero en el estado actual de la opinión pública dominante que acepta y reclama – como diría Walter Lippman - un estado grande que administre sus asuntos en lugar de un estado que imparta justicia entre hombres libres que administran sus propios asuntos, resulta por lo menos anacrónico invocar al viejo y sabio Smith.  

LGVA

Abril de 2016.

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[1] No sobra recordar esos principios. Dice a la letra Smith:

1.       Los ciudadanos de cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento del Gobierno, en cuanto sea posible, en proporción a sus respectivas aptitudes, es decir, en proporción a los ingresos que disfruten bajo la protección estatal.

2.       El impuesto que cada individuo debe pagar debe ser cierto y no arbitrario.

3.       Todo impuesto debe cobrarse en el tiempo y de la manera que sea más cómodos para el contribuyente.

4.       Toda contribución debe percibirse de tal forma que haya la menor diferencia posible entre las sumas que salen del bolsillo del contribuyente y las que ingresan al tesoro público, acortando el período de exacción lo más que se pueda.

[2] . Indro Montanelli, en su deliciosa Historia de Roma, ha dejado este ilustrativo cuadro de lo que acontecía en la época de la guerra civil entre optimates y populares encabezados por Sila y Mario, respectivamente: “Puesto que todo dependía del dinero, el dinero se había convertido en la única preocupación de todos. En la burocracia había aún, se comprende, funcionarios competentes y honrados. Mas la mayoría eran ladrones incompetentes que, por ejercer un cargo en la administración de una provincia, no sólo renunciaban a los honorarios, sino que los pagaban, seguros de que en un año se resarcirían sobradamente. Y, en efecto, se resarcían; con los impuestos, con la rapiña, con la venta de los habitantes como esclavos. César, cuando le fue asignada España, debía a sus acreedores algo así como quinientos millones de liras. En un año lo devolvió todo. Cicerón se ganó el título de «hombre de bien» porque en su año de gobierno en Sicilia, puso de lado tan sólo sesenta millones y, en sus cartas, lo pregonó a todos como un ejemplo. Los militares no se comportaban mejor. De sus empresas en Oriente, Lúculo volvió millonario a su casa. Pompeyo trajo de las mismas regiones un botín de seis o siete mil millones al tesoro del Estado y de quince mil al suyo particular. Era tal la facilidad de multiplicar el capital cuando se tenía el suficiente para comprarse un cargo, que los banqueros se lo prestaban a quien no lo tenía al tipo de un cincuenta por ciento de interés. El Senado prohibió a sus miembros practicar esa innoble usura. Pero la prohibición fue soslayada con nombres prestados. Incluso hombres de gran dignidad como Bruto estaban asociados con usureros que administraban su dinero prestándolo en aquellas condiciones. En manos de una clase dirigente tan corrupta, Roma se había convertido ya en una bomba que aspiraba dinero en todo su Imperio para permitir a una categoría de sátrapas una vida cada vez más fastuosa y un lujo cada vez más insolente”.

[3] Es oportuna una cita en beneficio de sus herederos modernos los socialdemócratas y los socialistas de todos los partidos tan amantes del estado grande y los impuestos suculentos. Hablando de los príncipes de la alta nobleza, escribe don Federico: “No convocaban los estados sino cuando ya no les quedaba otra salida. Decretaban impuestos y negociaban empréstitos; raras veces reconocieron el derecho de los estados a aprobar los impuestos y aún menos dejaban que se ejerciese. Aun así, el príncipe casi siempre obtenía la mayoría gracias al apoyo de los dos estados que, libres de tributos, disfrutaban del producto de los impuestos: los caballeros y los prelados. Las necesidades de los príncipes aumentaban con el lujo y la importancia de la vida cortesana, con los ejércitos permanentes y con los crecientes gastos de gobierno. La carga tributaria se hizo cada vez más abrumadora. Una gran parte de las ciudades estaban protegidas por sus privilegios; y toda la carga recaía de lleno sobre los campesinos, tanto sobre los dominiales de los propios soberanos como sobre los siervos de sus caballeros. Cuando no bastaba la imposición directa se añadió la indirecta; recurrieron a las maniobras más ingeniosas del arte financiero para llenar los vacíos del erario. Cuando ya no quedaba otro camino, habiendo empeñado lo que era posible empeñar, cuando todas las ciudades libres se negaban a conceder más crédito, los príncipes procedían a operaciones monetarias de las más sucias; acuñaban moneda mala e imponían un curso forzado, alto o bajo, según convenía al fisco”

[4] . La revolución francesa se inició cuando Luis XVI, aconsejado por Necker, tuvo la desafortunada idea de convocar los Estados Generales, cosa que no se hacía desde 1.641. El gran Alexis de Tocqueville, ilustre representante de la nobleza, en su obra “El antiguo régimen y la revolución” dejó escrito lo siguiente: “Aunque la desigualdad en materia de impuestos imperase en todo el continente europeo, en pocos sitios se había hecho tan visible e incisiva como en Francia. (…) Ahora bien, entre todas las formas de distinguir a los hombres y discriminar las clases, la desigualdad en los impuestos resulta la más perniciosa y la más apta añadir el aislamiento a la desigualdad y hacer en cierto modo incurables uno y otra. Véanse sus efectos: cuando el burgués y el noble no están sujetos a pagar el mismo impuesto, el reparto y la cobranza de éste acentúan cada año con un rasgo claro y preciso el límite de sus clases respectivas.(…) Me atrevo a asegurar que el día en que la nación (…) permitió a los reyes establecer un impuesto general sin su concurso, y en que la nobleza tuvo la cobardía de dejar que se impusieran cargas al tercer estado con tal de quedar ella exenta, ese día se sembró el germen de casi todos los vicios y abusos que fueron minando al antiguo régimen, hasta causarle la muerte…”

[5] El último liberal colombiano que empleó esa expresión fue Carlos Lemos Simmons quien dio ese título al libro que publicara en 1991, donde escribió frases como esta. “Aquí lo único que se ha nacionalizado realmente, es la inmoralidad... El ladrón privado tarde o temprano cae. El oficial tarde o temprano sube... El pillo privado desfalca a su patrón. El pillo público, a toda la nación. Al particular lo ronda el Estado. Pero, ¿qué pasa cuando el que hace la ronda es el mismo ladrón?”. No sobra recordar que Lemos Simmons fue nombrado vice-presidente en sustitución de Humberto de la Calle y tuvo su palomita presidencial en 1998 en reemplazo temporal de Ernesto Samper Pizano.