Luis Guillermo Vélez Álvarez. Economista. Docente. Consultor .ECSIM.: Multas al consumo de licor y drogas en el espacio público: ¿Combate a la inseguridad o atentando contra la libertad individual?

Multas al consumo de licor y drogas en el espacio público: ¿Combate a la inseguridad o atentando contra la libertad individual?

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

En 2015, según la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) del DANE, el 12% de los habitantes de Medellín mayores de 15 años reportó haber sido víctima de alguno de los delitos indagados por la encuesta: hurto a personas o residencias, riñas y peleas, robo de vehículos y extorsión. Casi cuatro puntos porcentuales menos que en 2014. La tasa de denuncia – el porcentaje de delitos cometidos que fueron reportados a las autoridades – aumentó ligeramente, al tiempo que disminuyó en 8 puntos porcentuales la percepción de inseguridad.

Ciertamente hay una mejoría. No obstante, la aplicación de esos porcentajes, que según el DANE son representativos, al conjunto de la población mayor de 15 años para obtener así una estimación de los delitos cometidos en cada uno de los últimos 4 años no deja gran espacio a la autocomplacencia que en esa materia gustan de exhibir las autoridades. En los últimos 4 años se habrían cometido en Medellín 1.213.112 de esos delitos, es decir, 831 diarios o 35 cada hora.

Según las autoridades se registra una importante reducción en la tasa de homicidios lo que ha permitido que la Ciudad salga del ominoso ranking de las 50 más inseguras de mundo. No obstante, parece que los criminales no se resignan a perder figuración y en enero cometieron 44 homicidios, 11 más que en el mismo mes del año pasado^{^[1]}. La ECSC no desagrega la tasa de victimización por extorsión, pero según un estudio de la Universidad de Antioquia esta modalidad criminal se enseñorea en 247 de los 308 barrios de Medellín^{^[2]} donde son extorsionados tenderos, taxistas, conductores de bus y hasta los recicladores de basura.

Gráfica 1.

La ECSC solo se aplica en 28 ciudades capitales del País, no ofrece información departamental. Sin embargo. además de lo que significan las cifras de Medellín en el conjunto de Antioquia, existen indicadores que sugieren que en el Departamento la situación de seguridad ciudadana está lejos de ser halagüeña. En 2015 se registraron 969 homicidios, 113 más que en 2014[3]: se pasó de 13 a 15 homicidios por 100.000 habitantes. Según la Fundación País Libre, entre enero y septiembre de 2014 se reportaron en Antioquia 20 casos de secuestro y 440 de extorsión, más que en cualquier otro departamento y el 8% de las reportadas en todo el País[4]. Al parecer este delito está golpeando especialmente el Bajo Cauca – en Caucasia, se dice, todo mundo está extorsionado[5]- y el Oriente del Departamento, donde las autoridades tuvieron la ocurrencia de organizar, en diciembre pasado, una prueba atlética para combatirlo[6]. También en Urabá parece ser importante la incidencia de la extorsión, con el agravante de que, en 2014, algunos miembros de la policía decidieron establecerse por cuenta propia en este negocio[7].

Seguramente este panorama de inseguridad en Medellín y Antioquia fue tenido en cuenta hace unos meses por los entonces candidatos a la alcaldía y a la gobernación, los señores Gutierrez y Pérez, cuando prometieron combatir la inseguridad con todos los medios a su alcance. Hoy, ya en su condición de titulares de esos cargos, anuncian con bombos y platillos la primera gran medida de ese señero combate: la imposición de comparendos y multas a quienes ingieran alcohol o fumen marihuana en espacio público.

“Controlar el expendio y consumo de licor en espacios públicos de Medellín es el nuevo objetivo de la Policía y del secretario de Seguridad, Gustavo Villegas” se lee en nota publicada en El Colombiano el pasado 2 de marzo. El señor Villegas explica que, según la ordenanza 018 de 2012, el expendio y consumo de licor en espacio público es una contravención de policía que se sanciona con una multa de uno a cinco salarios mínimos mensuales. Y ¿cuál es el objetivo? Reducir las más de 15.000 riñas que se presentan al mes en la Ciudad, dice el señor Villegas. Por su parte, el comandante operativo de la policía, el coronel Vásquez, se regodea diciendo que se busca “erradicar los malos hábitos” que han tenido los medellinenses. “El consumo de licor en parques como El Periodista, Lleras y El Poblado son malas costumbres, pero le apuntamos a erradicarlas con educación, poniendo a la gente en el contexto de la norma”, acota el coronel[8].

No es menos patética la presentación que de su novedosa política de aplicación de comparendos a los consumidores de droga en espacios públicos hizo el señor gobernador Luis Pérez. Lo hizo en el marco de un consejo de seguridad realizado el 8 de marzo en el que se comprometió a hacer de Antioquia “el territorio más pacífico del País”. Señaló que para adelantar esa política “nosotros tenemos una ordenanza del año 2002 que permite que multemos a los que están en el espacio público usando droga.”. Y añadió: “Estas multas todas las vamos a recoger en la Gobernación de Antioquia y si no pagan en los 30 días siguientes, vamos a hacer un listado de morosos y vamos a publicar a todos aquellos como una labor pedagógica, con el fin de que empecemos a generar un castigo social”[9]. ¡Qué tal esa: castigo social! ¿Por qué no la hoguera?

El asesinato, el hurto, el asalto, el robo, el secuestro o la extorsión son delitos que los hombres de todas las épocas y latitudes reconocen como tales de forma casi instintiva porque se trata de agresiones a la persona o a la propiedad. Son actos inherentemente malos: malum in se. El contrabando, el tráfico de drogas, la prostitución, los juegos de azar o el expendio y consumo de licor en el espacio público son actividades convertidas en delitos por disposición de los gobiernos. Son actos malos porque son prohibido: malum prohibitum.

La corrupción policial surge especialmente en las actividades convertidas en delito en virtud de la ley por el hecho elemental de que la sociedad es más tolerante con ellas. El consumo de licor en los parques puede molestar a muchas personas, pero seguramente éstas se sentirán considerablemente más molestas e inseguras por el aumento de los asesinatos, el hurto o la extorsión. Al decretar la guerra al expendio y consumo de licor en el espacio público, las autoridades les están otorgando a los agentes de policía asignados a dicha tarea el poder de vender licencias extraoficiales a las personas que realizan esas actividades – los vendedores y compradores de licor o marihuana- que están dispuestas a pagar el precio que el mercado les asignará inevitablemente a esas licencias. Seguramente serán más costosas los fines de semana y en los lugares donde abundan los jóvenes consumidores con mayor poder de compra y su precio debe situarse, por ejemplo, en algún punto de la brecha entre el precio de la cerveza en espacio público y el precio cobrado en los bares y cantinas de los alrededores de los parques que serán objeto de la vigilancia y cuyos propietarios, dicho sea de paso, serán los grandes beneficiarios de esa intervención pues verán incrementada su demanda y podrán cobrar más dinero por sus servicios.

Por otra parte, como la policía no puede otorgar sus licencias a todos los vendedores de licores o drogas que concurren en el mercado pues el precio de estás se vendría al suelo, terminará por establecer tratos con uno o con pocos de ellos por lo que se configurarán monopolios u oligopolios en los diferentes parques sometidos a control. Esto elevará el precio del licor y la droga. Pero más grave aún, como las licencias no pueden asignarse en subasta pública o mediante otro procedimiento competitivo no es improbable que su obtención desate enfrentamientos entre los vendedores, especialmente los de droga, elevando la inseguridad en los parques y poniendo a los jóvenes que los frecuentan en riesgo de ser víctimas de esos enfrentamientos.

Contrariamente a lo que parece creer el señor Villegas, los parques donde se reúnen los jóvenes son sitios relativamente seguros y las quince mil riñas mensuales solo existen en su imaginación. Según el ECSC la tasa de incidencia de las “riñas y peleas” fue de 1,5% en 2015. Aplicado este porcentaje a la población arroja un total de 30.204 riñas al año, es decir, una 2.517 por mes, cifra bastante lejana de las 15.000 de las que habla el señor Villegas. Adicionalmente, la percepción de inseguridad en los parques de la Ciudad es menor que en cualquier otro espacio público como lo reporta la ECSC de 2015, cuyos resultados se reproducen en la gráfica 2.

Gráfica 2

La decisión de convertir en delincuentes a los grupos de jóvenes que en las noches de los fines de semana beben cerveza o fuman marihuana en el Parque de El Poblado, en Ciudad del Rio, en el barrio Carlos E. Restrepo, en el Parque del Periodista y otros sitios de encuentro de la Ciudad tendrá las siguientes consecuencias:

· Aumento de los actos inherentemente delictivos - asesinato, el hurto, el asalto, el robo, el secuestro – pues una parte considerable del pie de fuerza policial, de cuya precariedad se quejan siempre las autoridades civiles, dejará de perseguir a los delincuentes para perseguir en su lugar a los jóvenes que beben cerveza o fuman marihuana en los parques de la Ciudad y a quienes les proveen esos artículos.

· Aumento de la corrupción policial al crearse para los agentes de policía el negocio de venta de franquicias y licencias extraoficiales para permitir y tolerar el consumo de licores y droga en el espacio público.

· Aumento del precio de la marihuana y demás sustancias ilegales como consecuencia del mayor costo de las franquicias o licencias para su venta o consumo. Es decir, del mayor costo de la extorsión.

· Aumento de la demanda y del precio de licores y cerveza en los bares y cantinas de los alrededores de los parques sometidos a vigilancia. Sus propietarios estarán muy agradecidos con el señor Villegas.

· Aumento de la violencia y la inseguridad en los parques sometidos a control como consecuencia de los enfrentamientos entre los vendedores, especialmente de drogas, que buscarán hacerse al control monopolístico de esos mercados disputando el soborno a la policía.

Todo lo anterior puede ser grave, pero más grave aún es la puerta que se abre para que la policía pueda perpetrar nuevos y crecientes atentados contra las libertades individuales de los jóvenes que por el mero hecho de estar en los parques de su Ciudad serán observados, vigilados, inspeccionados, controlados, requisados, manoseados, sermoneados, hostigados, seguidos, ridiculizados y multados; y, ante el menor signo de resistencia, podrán ser reprimidos, maltratados, golpeados o encarcelados; y si no pagan las mulatas serán anotados en listas negras para ser sometidos al escarnio público como lo quiere el gobernador.

LGVA

Marzo de 2016.