Multas al consumo de licor y drogas en el espacio público:
¿Combate a la inseguridad o atentando contra la libertad individual?
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT
En
2015, según la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) del DANE,
el 12% de los habitantes de Medellín mayores de 15 años reportó haber sido
víctima de alguno de los delitos indagados por la encuesta: hurto a personas o residencias,
riñas y peleas, robo de vehículos y extorsión. Casi cuatro puntos porcentuales
menos que en 2014. La tasa de denuncia – el porcentaje de delitos cometidos que
fueron reportados a las autoridades – aumentó ligeramente, al tiempo que
disminuyó en 8 puntos porcentuales la percepción de inseguridad.
Ciertamente
hay una mejoría. No obstante, la aplicación de esos porcentajes, que según el
DANE son representativos, al conjunto de la población mayor de 15 años para
obtener así una estimación de los delitos cometidos en cada uno de los últimos
4 años no deja gran espacio a la autocomplacencia que en esa materia gustan de
exhibir las autoridades. En los últimos 4 años se habrían cometido en Medellín
1.213.112 de esos delitos, es decir, 831 diarios o 35 cada hora.
Según
las autoridades se registra una importante reducción en la tasa de homicidios
lo que ha permitido que la Ciudad salga del ominoso ranking de las 50 más
inseguras de mundo. No obstante, parece
que los criminales no se resignan a perder figuración y en enero cometieron 44
homicidios, 11 más que en el mismo mes del año pasado[1]. La
ECSC no desagrega la tasa de victimización por extorsión, pero según un estudio
de la Universidad de Antioquia esta modalidad criminal se enseñorea en 247 de
los 308 barrios de Medellín[2]
donde son extorsionados tenderos, taxistas, conductores de bus y hasta los
recicladores de basura.
Gráfica 1.
La
ECSC solo se aplica en 28 ciudades capitales del País, no ofrece información
departamental. Sin embargo. además de lo que significan las cifras de Medellín
en el conjunto de Antioquia, existen indicadores que sugieren que en el Departamento
la situación de seguridad ciudadana está lejos de ser halagüeña. En 2015 se
registraron 969 homicidios, 113 más que en 2014: se pasó de 13 a 15
homicidios por 100.000 habitantes. Según la Fundación País Libre, entre enero y
septiembre de 2014 se reportaron en Antioquia 20 casos de secuestro y 440 de
extorsión, más que en cualquier otro departamento y el 8% de las reportadas en
todo el País. Al parecer este delito está golpeando
especialmente el Bajo Cauca – en Caucasia, se dice, todo mundo está
extorsionado-
y el Oriente del Departamento, donde las autoridades tuvieron la ocurrencia de
organizar, en diciembre pasado, una prueba atlética para combatirlo. También en Urabá parece ser importante la
incidencia de la extorsión, con el agravante de que, en 2014, algunos miembros
de la policía decidieron establecerse por cuenta propia en este negocio.
Seguramente
este panorama de inseguridad en Medellín y Antioquia fue tenido en cuenta hace
unos meses por los entonces candidatos a la alcaldía y a la gobernación, los
señores Gutierrez y Pérez, cuando prometieron combatir la inseguridad con todos
los medios a su alcance. Hoy, ya en su condición de titulares de esos cargos,
anuncian con bombos y platillos la primera gran medida de ese señero combate: la imposición de
comparendos y multas a quienes ingieran alcohol o fumen marihuana en espacio
público.
“Controlar
el expendio y consumo de licor en espacios públicos de Medellín es el nuevo
objetivo de la Policía y del secretario de Seguridad, Gustavo Villegas” se lee
en nota publicada en El Colombiano el pasado 2 de marzo. El señor Villegas
explica que, según la ordenanza 018 de 2012, el expendio y consumo de licor en
espacio público es una contravención de policía que se sanciona con una multa
de uno a cinco salarios mínimos mensuales. Y ¿cuál es el objetivo? Reducir las
más de 15.000 riñas que se presentan al mes en la Ciudad, dice el señor
Villegas. Por su parte, el comandante
operativo de la policía, el coronel Vásquez, se regodea diciendo que se busca “erradicar
los malos hábitos” que han tenido los medellinenses. “El consumo de licor en
parques como El Periodista, Lleras y El Poblado son malas costumbres, pero le
apuntamos a erradicarlas con educación, poniendo a la gente en el contexto de
la norma”, acota el coronel.
No
es menos patética la presentación que de su novedosa política de aplicación de
comparendos a los consumidores de droga en espacios públicos hizo el señor
gobernador Luis Pérez. Lo hizo en el marco de un consejo de seguridad realizado
el 8 de marzo en el que se comprometió a hacer de Antioquia “el territorio más pacífico
del País”. Señaló que para adelantar esa política “nosotros tenemos una
ordenanza del año 2002 que permite que multemos a los que están en el espacio
público usando droga.”. Y añadió: “Estas multas todas las vamos a recoger en la
Gobernación de Antioquia y si no pagan en los 30 días siguientes, vamos a hacer
un listado de morosos y vamos a publicar a todos aquellos como una labor
pedagógica, con el fin de que empecemos a generar un castigo social”. ¡Qué tal esa: castigo
social! ¿Por qué no la hoguera?
El
asesinato, el hurto, el asalto, el robo, el secuestro o la extorsión son
delitos que los hombres de todas las épocas y latitudes reconocen como tales de
forma casi instintiva porque se trata de agresiones a la persona o a la
propiedad. Son actos inherentemente malos: malum
in se. El contrabando, el tráfico de drogas, la prostitución, los juegos de
azar o el expendio y consumo de licor en el espacio público son actividades
convertidas en delitos por disposición de los gobiernos. Son actos malos porque
son prohibido: malum prohibitum.
La
corrupción policial surge especialmente en las actividades convertidas en
delito en virtud de la ley por el hecho elemental de que la sociedad es más
tolerante con ellas. El consumo de licor en los parques puede molestar a muchas
personas, pero seguramente éstas se sentirán considerablemente más molestas e inseguras
por el aumento de los asesinatos, el hurto o la extorsión. Al decretar la
guerra al expendio y consumo de licor en el espacio público, las autoridades les
están otorgando a los agentes de policía asignados a dicha tarea el poder de
vender licencias extraoficiales a las personas que realizan esas actividades –
los vendedores y compradores de licor o marihuana- que están dispuestas a pagar el precio que el
mercado les asignará inevitablemente a esas licencias. Seguramente serán más costosas los fines de
semana y en los lugares donde abundan los jóvenes consumidores con mayor poder
de compra y su precio debe situarse, por ejemplo, en algún punto de la brecha entre
el precio de la cerveza en espacio público y el precio cobrado en los bares y
cantinas de los alrededores de los parques que serán objeto de la vigilancia y cuyos
propietarios, dicho sea de paso, serán los grandes beneficiarios de esa intervención
pues verán incrementada su demanda y podrán cobrar más dinero por sus
servicios.
Por
otra parte, como la policía no puede otorgar sus licencias a todos los
vendedores de licores o drogas que concurren en el mercado pues el precio de estás
se vendría al suelo, terminará por establecer tratos con uno o con pocos de
ellos por lo que se configurarán monopolios u oligopolios en los diferentes parques
sometidos a control. Esto elevará el precio del licor y la droga. Pero más
grave aún, como las licencias no pueden asignarse en subasta pública o mediante
otro procedimiento competitivo no es improbable que su obtención desate
enfrentamientos entre los vendedores, especialmente los de droga, elevando la
inseguridad en los parques y poniendo a los jóvenes que los frecuentan en
riesgo de ser víctimas de esos enfrentamientos.
Contrariamente
a lo que parece creer el señor Villegas, los parques donde se reúnen los jóvenes
son sitios relativamente seguros y las quince mil riñas mensuales solo existen
en su imaginación. Según el ECSC la tasa de incidencia de las “riñas y peleas”
fue de 1,5% en 2015. Aplicado este porcentaje a la población arroja un total de
30.204 riñas al año, es decir, una 2.517 por mes, cifra bastante lejana de las
15.000 de las que habla el señor Villegas. Adicionalmente, la percepción de
inseguridad en los parques de la Ciudad es menor que en cualquier otro espacio público
como lo reporta la ECSC de 2015, cuyos resultados se reproducen en la gráfica 2.
Gráfica 2
La
decisión de convertir en delincuentes a los grupos de jóvenes que en las noches
de los fines de semana beben cerveza o fuman marihuana en el Parque de El
Poblado, en Ciudad del Rio, en el barrio Carlos E. Restrepo, en el Parque del
Periodista y otros sitios de encuentro de la Ciudad tendrá las siguientes
consecuencias:
·
Aumento de los actos
inherentemente delictivos - asesinato, el hurto, el asalto, el robo, el
secuestro – pues una parte considerable del pie de fuerza policial, de cuya
precariedad se quejan siempre las autoridades civiles, dejará de perseguir a
los delincuentes para perseguir en su lugar a los jóvenes que beben cerveza o
fuman marihuana en los parques de la Ciudad y a quienes les proveen esos artículos.
·
Aumento de la corrupción
policial al crearse para los agentes de policía el negocio de venta de
franquicias y licencias extraoficiales para permitir y tolerar el consumo de
licores y droga en el espacio público.
·
Aumento del precio
de la marihuana y demás sustancias ilegales como consecuencia del mayor costo
de las franquicias o licencias para su venta o consumo. Es decir, del mayor
costo de la extorsión.
·
Aumento de la
demanda y del precio de licores y cerveza en los bares y cantinas de los
alrededores de los parques sometidos a vigilancia. Sus propietarios estarán muy
agradecidos con el señor Villegas.
·
Aumento de la violencia
y la inseguridad en los parques sometidos a control como consecuencia de los
enfrentamientos entre los vendedores, especialmente de drogas, que buscarán
hacerse al control monopolístico de esos mercados disputando el soborno a la policía.
Todo
lo anterior puede ser grave, pero más grave aún es la puerta que se abre para que
la policía pueda perpetrar nuevos y crecientes atentados contra las libertades
individuales de los jóvenes que por el mero hecho de estar en los parques de su
Ciudad serán observados, vigilados, inspeccionados, controlados, requisados,
manoseados, sermoneados, hostigados, seguidos, ridiculizados y multados; y,
ante el menor signo de resistencia, podrán ser reprimidos, maltratados, golpeados
o encarcelados; y si no pagan las mulatas serán anotados en listas negras para
ser sometidos al escarnio público como lo quiere el gobernador.
LGVA
Marzo
de 2016.
