Una
nota sobre las pensiones millonarias
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Consultor.
Economista, Consultor.
Como ocurre
periódicamente, nuevamente estalla el escándalo de las pensiones millonarias de
las que disfrutan ex-magistrados, ex-congresistas y otros antiguos funcionarios
públicos. Los medios de comunicación, todos a una, se rasgan las vestiduras y
compiten por la audiencia denunciando la inequidad, la injusticia, la
corrupción y sabe Dios que más de los llamados regímenes especiales. Se repiten
hasta la náusea las comparaciones del monto de las pensiones de unos cuantos
privilegiados con las que recibe el llamado “ciudadano de a pie”. Se denuncia
también que la cobertura del sistema es ínfima y la gente – a la que usualmente
se le escapa, como a los mismos periodistas, la significación de los órdenes de
magnitud discutidos- termina por creer que todo es un problema de una torta
inequitativamente distribuida por las trapisondas de unos cuantos corruptos
amangualados en el poder. Los mismos funcionarios públicos encargados del
asunto y los técnicos supuestamente competentes que los asesoran caen en el
mismo juego tras cuyo tinglado se oculta el problema verdaderamente esencial:
la existencia misma de un sistema de ahorro pensional obligatorio y el
predominio de la forma más perversa del
mismo: el régimen de prima media.
Todo mundo sabe –
aunque eso sea lo único que sepa – que la vida está sometida a un ciclo natural
de juventud, madurez y envejecimiento. Se sabe también que la capacidad de
generar ingresos declina con el tiempo y que en consecuencia es necesario
ahorrar durante la juventud y la madurez para poder atender las necesidades de
la vejez. Curiosamente la institución del ahorro pensional obligatorio surge en
Europa por la misma época en que se está desarrollando la escuela económica que
convierte al agente capaz de elección racional en el centro del análisis económico.
Los economistas de esa obediencia racionalizan la existencia del ahorro
pensional obligatorio invocando un supuesto ad-hoc que algunos llaman “miopía
temporal” y otros “racionalidad limitada”. Es decir, que en materia de elección
inter-temporal - entre consumo y ahorro, ¡nada más ni nada menos! - el “agente
racional” se convierte en una especie de “tonto racional” incapaz de ver más
allá de sus propias narices. Por eso necesita del estado previsor que supla sus deficiencias cognitivas.
El error de esta
interpretación de la racionalidad - que podemos llamar neo-clásica, aunque es
compartida por los economistas estatistas de todas las tendencias – consiste en
imaginar que elección racional significa siempre elección acertada. Ya Menger
había hablado de los “valores imaginarios” para referirse a las situaciones en
las cuales por desconocimiento de las circunstancias o de las propiedades de
los bienes y servicios los agentes hacían valoraciones erróneas y tomaban en consecuencia
decisiones equivocadas. Esa situación no es una excepción: es algo que está
ocurriendo permanentemente en los mercados que lejos de ser esas
configuraciones de “equilibrio” que aparecen en los libros de texto, son
mecanismos de búsqueda, de experimentación, de prueba y error en los que
interactúan los agentes con éxito desigual.
Los decisores del
estado – los políticos y sus economistas asesores – son hombres como todos los
demás razón por la cual resulta completamente arbitrario e insólito suponer que
cuando deciden sobre la “cosa pública” estén dotados de un conocimiento tan
perfecto y de un total desapego de sus propios intereses que los lleva siempre
a decisiones acertadas que logran el “óptimo social”. Por increíble que parezca
en esta hipótesis se fundamenta el sistema pensional obligatorio y todos los
demás instrumentos de intervención colectiva creados para impedir que los
individuos sean víctimas de sus propias equivocaciones. Ahondar en esta
cuestión está por fuera del alcance de esta nota.
Pero aceptando que
todos somos un poco “miopes” frente al futuro y que tenemos una preferencia
excesiva por el presente que debe ser corregida por el estado providente, queda
la cuestión del régimen elegido para impedir que cometamos los errores de
elección inter-temporal. Hoy existen en
Colombia dos regímenes: el de ahorro voluntario con solidaridad – lo cual
significa que parte de nuestros ahorros serán destinados a financiar la pensión
de gente que desconocemos – y el régimen de prima media. Hablemos de este
último porque es en él donde se presenta el problema de las pensiones
millonarias.
El régimen de prima
media es antes que nada un fondo colectivo en el que todo mundo trata de
aportar lo mínimo y de extraer lo máximo. Eso nació por allá en los años 60,
cuando se creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. En principio el
fondo se nutría de tres fuentes: aportes de la nación, es decir, de los
contribuyentes, de las empresas y de los trabajadores. La cosa funcionó
relativamente bien mientras había pocos pensionados. En algún momento el fondo
se desfondó y hoy las pensiones de los beneficiarios deben ser cubiertas con
recursos de la nación, es decir, una vez más, de los contribuyentes[1].
Por escandalosa que pueda
resultar la conducta de los magistrados
y congresistas a los ojos de los periodistas justicieros, hay que decir que es
perfectamente lógica y racional. Como todos los agentes económicos, responden a
incentivos y el que ofrece el fondo común de la prima media es “a poner poco y
sacar mucho”. Los magistrados y congresistas no hacen otra cosa que usar los
medios de que disponen para lograrlo. Posiblemente pueda encontrarse algún
magistrado o congresista altruista y respetuoso de la “cosa pública”. La
probabilidad es baja: si lo hubiera ya habría renunciado a sus beneficios. Por
lo demás todos ellos – o la mayoría - están convencidos de que merecen sus
pensiones.
Hace pocos días el ex-magistrado
Carlos Gaviria – hombre de izquierda y campeón de la justicia y la equidad – señalaba
a unos periodistas que alguien que como él había tenido tan altas
responsabilidades tenía derecho a una pensión que lo liberara de caer en “el fango del litigio” para ganarse la vida. Los periodistas que lo
entrevistaban quedaron alelados con semejante respuesta que vino adobada con
una referencia a la autoridad de un magistrado constitucional español. Yo
también quedé alelado. Estoy de acuerdo con el doctor Gaviria: me encantaría también
tener en este momento de mi vida una pensión que me libere del “fango de la
consultoría” y me permita dedicarme, como el doctor Gaviria, a la “noble
ciencia de la política”. Creo, sin embargo, que si uno quiere liberarse del “fango
del trabajo” debería hacerlo con base en sus propios ahorros, no en los de los
demás.
El ahorro pensional es –
o debería ser - antes que nada un problema del individuo y de sus familias. Se
habla de que sólo el 6% de quienes han alcanzado la edad de jubilación tiene
acceso a una pensión y de que, en consecuencia, la gran tarea es aumentar la
cobertura del sistema. Es aquí donde afloran los malentendidos. Los que no están
“cubiertos” deben estar trabajando, gastando sus ahorros o recibiendo transferencias
de sus familias o una combinación de todas esas opciones. Así hicieron también
quienes llegaron viejos antes de que se implantara el sistema obligatorio en
Colombia y así hacen quienes llegan a viejos en la gran cantidad de países –
que son la mayoría - en los que aún no existe.
Una reforma sistema de
pensiones debería buscar ampliar la capacidad de elección de los individuos y
acrecentar al mismo tiempo su responsabilidad sobre su propio destino y el de
sus familias. Para ello debería eliminarse el régimen de prima media dejando
que se marchite paulatinamente, lo que puede tardar unos cincuenta años si no
entra más gente. Los aportes a los fondos obligatorios deberían reducirse
sustancialmente, dejando que aumente la parte voluntaria de los ahorros
pensionales. De esta forma se reduciría el poder de mercado de las
aseguradoras. La eliminación o cambio de los regímenes especiales es una medida
más cosmética que financiera. El mayor riesgo actual es la obsesión del
gobierno y de amplios sectores de la sociedad por aumentar la “cobertura” de
del régimen obligatorio.
LGVA.
Enero de 2013.
[1] Alguien debería investigar si la
nación tiene en efecto la obligación legal de financiar esas pensiones. Bajo el
gobierno de Cesar Gaviria la nación entregó al Instituto Colombiano de Seguros
Sociales (ICSS) el Banco Central Hipotecario (BCH) en pago de los aportes que
supuestamente no había realizado. La idea era que con las utilidades de esa
entidad bancaria el ICSS pagara la parte de las pensiones correspondiente a la
nación. El ICSS dejó quebrar el BCH. Pero ese es problema suyo. Legalmente, la
nación pagó.
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