viernes, 26 de junio de 2020

Harry Sasson, la renta del suelo y las sopas Maggi


Harry Sasson, la renta del suelo y las sopas Maggi


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


El exitoso cocinero y empresario Harry Sasson anunció el cierre de su restaurante Balzac, por la imposibilidad de generar ingresos suficientes para cubrir los costos de producción y, en particular, el arriendo del local donde operaba. La tragedia del señor Sasson, que es la misma de muchos comerciantes de todos los sectores, pone en evidencia una de las más graves deficiencias de los diferentes mercados de factores de nuestra economía, cual es la extrema dificultad de ajustar a la baja los precios nominales de los recursos productivos cuando los cambios en las condiciones de la demanda de los productos finales así lo exigen.

El arriendo del local es quizás el principal costo fijo de los comercios, restaurante, bares y todos los negocios que suponen la atención directa de la clientela en el lugar mismo donde se producen y suministran los bienes y servicios demandados. Como, por obvias razones, esas son las actividades más golpeadas por las medidas de contención de la pandemia, el arriendo o, mejor, la renta del suelo, se convierte en el verdugo que da la estocada final a muchos de esos negocios.

El señor Sasson se duele de los elevados arriendos que pagan negocios como el suyo y parece tener un barrunto de la causa de ese desaguisado cuando habla de las grandes marcas instaladas en Centro Andino que llevan “los arriendos a unos números difíciles para un restaurante” y, también, cuando menciona que en su desparecido negocio se “tomaron decisiones importantes para el País”, como la de Juan Manuel Santos de correr por la presidencia y la petición en matrimonio que allí le hiciera a la dama de sus sueños un caballero de Bogotá.



El barrunto del señor Sasson es acertado. Él es el responsable de la elevada renta que le cobra su arrendador, es responsable por haber tenido éxito en hacer que sus clientes les atribuyan un alto valor a los productos de su restaurante, aceptando pagar el alto precio que tienen. Ahondemos en el asunto.

El señor, Sasson como todos los comerciantes, calcula los costos unitarios de todos sus productos, incluido el margen de beneficio que cree se merece y así fija sus precios: $ 25.000 la crema de arvejas verdes o $ 30.000 la sopa de cebolla francesa, por ejemplo. Eso es contabilidad de costos, no economía. Las cosas se ven de una forma un tanto diferente cuando se someten al análisis económico, es decir, al análisis de la conducta de los seres humanos que intervienen en esta historia. Hagamos pues un poco de teoría del valor, de los precios y la distribución. De eso que llaman horrorosamente microeconomía.

El señor Sasson sabe cuál es el precio al que debe vender su crema o su sopa para cubrir sus costos y obtener su beneficio. Lo que no sabe con certeza es el valor que la sopa tiene para la clientela, el cual varía no solo de una persona a otra, sino que para una misma persona la misma sopa tendrá distintos valores dependiendo del día de la semana, de si es medio día o es noche, de si hace frio o hace calor, de si ha tenido un acontecimiento afortunado o un grave tropiezo en el día, en fin, de una cantidad de circunstancias prácticamente ilimitadas, que la persona misma ignora, pero que se sintetizan una de dos frases: ¡Vamos donde Harry! o ¡No vamos donde Harry!

Cuando el señor Sasson fija el precio de su sopa, como todo empresario que tiene costos ciertos, está haciendo una apuesta de la que no sabe de antemano si saldrá ganador. Cuando la sopa es plebiscitada por el mercado, es decir, cuando en general su precio monetario es inferior o, a lo sumo, igual al valor que le atribuyen sus clientes, el éxito del señor Sasson no deja de ser observado por sus competidores, claro está, y por todos aquellos que participan directa o indirectamente en la producción del plato de sopa y que empiezan a pensar la forma de participar en esa lotería, porque vender una sopa por 30 mil es como ganarse una lotería.

 Así razonan los vendedores de cebollas, arvejas, espárragos y de todos los insumos que intervienen en la preparación de las cremas y sopas, y, por supuesto también, los meseros, los cocineros, el dueño del local y todos aquellos cuyos ingresos directos o el precio de cuyos productos estén vinculado al precio de la sopa. Así, un día cualquiera, el de las cebollas subirá un poco el precio, alegando cualquier excusa. Los meseros y cocineros reclamarán un mayor salario, a la primera oportunidad, y el dueño del local, en la renovación del contrato, apretará inclementemente las clavijas.  Como la oferta de cebollas es prácticamente ilimitada para un negocio como el Balzac y meseros y cocineros no son difíciles de sustituir, estas personas deben ser moderadas en sus pretensiones pues Harry puede prescindir de sus servicios sin mayor problema. No ocurre lo mismo con el arrendador del local.

La esquina de calle 83 con la carrera 12 de Bogotá, donde queda Balzac, es única y no puede ser reproducida mediante el trabajo. Hay sustitutos cercanos, otros locales situados en las vecindades del Centro Comercial Andino, donde están instaladas grandes marcas que pueden vender sus productos a elevados precios lo que les permiten pagar elevados arriendos que elevan el precio de los locales circundantes y los arriendos que reclaman por su alquiler sus propietarios. En realidad, es la misma cosa: el precio de un pedazo de tierra o de un local cualquiera no es otra cosa que la renta capitalizada. Primero es la renta, después el precio de la tierra o el local, y antes de la renta, el precio de los bienes y servicios finales a cuya producción contribuye esa tierra o ese local, y antes de ese precio, el valor que la personas atribuyen a esos bienes y servicios lo cual se expresa en la demanda monetaria que determina ese precio que cubre los costos de Harry y todos los demás comerciantes que apostaron a prosperar en esa Zona T, como la llaman.



Podemos ahora enunciar la teoría del valor sopa de cebolla o crema de arvejas verdes, como se quiera: el precio de los bienes intermedios y la remuneración de los factores de producción que intervienen en la producción de la sopa de cebolla depende del precio de la dicha sopa y este del valor que los clientes de Harry le atribuyen, dependiendo de la infinidad de circunstancias atrás enumeradas y de la forma en que afectan las emociones de los clientes potenciales, que no tenemos que explorar porque, afortunadamente, aquí no es asunto de psicología sino de economía. Y en economía nos basta con saber que un bien es una “cosa” del mundo físico localizada en un lugar del espacio y un momento del tiempo.

Harry sabe bien eso. Él sabe que una sopa de cebollas es una sopa de cebollas. Pero sabe también que, una sopa de cebolla, una noche fría de viernes de octubre, en un lugar como Balzac – donde nacen candidaturas presidenciales y donde hombres poderosos piden en matrimonio a glamorosas damas – no es la misma “cosa” que una sopa de cebollas, igualmente tiernas y olorosas, en la Plaza de San Victorino un caluroso día de agosto. Si fueran la misma cosa, Harry estaría en San Victorino, sirviendo platos a ñeros, y no en la Zona T, atendiendo candidatos presidenciales.



Economistas de diferentes épocas - Thorstein Veblen, George Katona, Dan Ariely -   han explorado el campo de las decisiones de consumo de las personas que las llevan a pagar hasta 30 mil pesos por una sopa donde Balzac o 50 mil por un gorra en una boutique del Centro Andino.

Veblen habló de algunos bienes de lujo cuya demanda aumenta cuando sube el precio, porque las gentes que los compran se sienten más seguras de que lo que compran vale ese precio porque así lo muestran los compradores más ricos a quienes se esfuerzan por imitar. Un alumno de Veblen, llamado Duesenberry, ahondó en este asunto indicando que el consumo de la gente depende del ingreso propio y de lo que ven consumir a los que tienen un ingreso más elevado. “Efecto demostración” o “efecto Duesenberry” es el nombre que se le da a esta modalidad de la envidia. A la envidia, George Katona añadió la estupidez, la ignorancia y la imprevisión como factores determinantes de la aparente irracionalidad de algunas decisiones de los consumidores. En fin, en su divertido libro “Las Trampas del deseo”, Dan Ariely explica por qué una aspirina de 50 céntimos de dólar alivia más que una de un céntimo. El capítulo se titula “El poder del precio” y su lectura permite entender por qué una sopa de cebolla de 30 mil es más reconfortante y nutritiva que una de 3 mil.

Siempre me ha parecido que esos estudios sobre la conducta efectiva los consumidores son muy importantes para el lucrativo trabajo de mercadeo y ventas, pero que nada aportan en realidad a la teoría de la demanda y a su fundamento: la hipótesis de racionalidad.

Conducta racional no quiere decir conducta razonable, conducta acertada o conducta decente. Jack el Destripador y Sor Teresa de Calcuta son igual de racionales a la hora de ejercer sus preferencias; aunque las suyas llevaron al infierno, al primero, y al cielo, a la segunda; pero eso nada tiene que ver con la economía.   


Para volver a Balzac, es perfectamente racional, aunque pueda ser estúpido e indecoroso, el hecho de que un señor pague una crema de tomate de 30 mil pesos a una amante joven y voluptuosa, al mismo tiempo que le lleva a su esposa un sobre de Maggi para que se la prepare ella misma.  Tiene toda la razón Harry cuando se enfurece con quienes le hablan de “reinventarse” atendiendo domicilios. Para la amante están Balzac y su sopa; para la esposa, el hogar y los deliciosos sobres Maggi.

LGVA

Junio de 2020.  
     

martes, 23 de junio de 2020

¿Qué significa ser liberal? (Para Sara Helena)


¿Qué significa ser liberal?

(Para Sara Helena)

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista



UNO

Vamos a tratar de responder a esa pregunta que me hace mi hija, siguiendo la forma de razonar de la geometría, es decir, con base en definiciones y axiomas.

La libertad es el derecho que tiene el hombre de hacer ciertas cosas y de oponerse a la imposición de otras. Esta es una definición.

Todo hombre es propietario de su propia persona, es decir, todo hombre es propietario de su cuerpo y de su mente. Este es el axioma de la auto-posesión.

Todo hombre es propietario de los productos de su actividad física y mental. Esta es una consecuencia inmediata del primer axioma, técnicamente un corolario. Lo llamaremos axioma de la propiedad.

Con la excepción de los productos puros de su mente, pocas son las cosas, si es que existe alguna, que el hombre puede obtener exclusivamente como resultado de su propia actividad, a la que llamaremos trabajo. Todas las cosas que produce el hombre son el resultado de su propia actividad combinada o, para ser más precisos, ejercida sobre algún objeto externo a su propia persona.

Los objetos externos a la propia persona no pueden ser sino: propiedad suya, propiedad de otra persona, es decir, producto de su trabajo, o carecer de propietario. A estos últimos los llamaremos naturaleza libre.

El hombre es dueño del producto de su propia actividad ejercida sobre la naturaleza libre o sobre los productos del trabajo ajeno obtenidos con el consentimiento libre de su propietario.

El consentimiento libre se expresa de dos formas, a saber: la entrega de algo sin reclamar reciprocidad o la entrega con reciprocidad, es decir, la entrega de algo a cambio de algo. Llamaremos regalo a la primera e intercambio a la segunda.

El hombre puede regalar o intercambiar los productos de su trabajo, pero no puede regalarse o intercambiarse a sí mismo pues violaría el primer axioma y toda la teoría se derrumba. Ningún hombre puede entregarse como siervo o venderse como esclavo.  

Tampoco puede un hombre apropiarse de la persona de otro hombre ni despojarlo violentamente de los productos de su trabajo. Se estarían violando el axioma de la autoposesión, en el primer caso, y el de la propiedad, en el segundo.

De ahí se sigue el derecho fundamental de todo ser humano, cual es el derecho a defender su propia persona contra cualquier agresión y el derecho a defender su propiedad contra todo intento de despojo.

Modernamente se habla de tres grupos de libertades: económicas, individuales y políticas. Todas esas libertades pueden derivarse de las definiciones, axiomas y corolarios previamente expuestos.

DOS

Del axioma de la propiedad y del corolario del consentimiento libre para enajenarla, se sigue que todo hombre puede regalar su propiedad a quien quiera o intercambiarla con la propiedad de otro, en términos y condiciones acordados libremente por las partes. De ahí se siguen la libertad de intercambiar y todas las libertades económicas, que tiene diversas manifestaciones concretas según el grado de desarrollo de la sociedad. No es del caso analizarlas todas aquí, basta con decir que una reflexión mínima las hace inteligibles a la luz de lo expuesto.

Piénsese, por ejemplo, en la llamada libertad de empresa; la libertad de comercio local, nacional o transfronterizo; la libertad de elegir las monedas más adecuadas a nuestros propósitos; la libertad de vender nuestro trabajo en términos y condiciones libremente acordadas, la libertad de consumir o ahorrar el ingreso, la libertad de elegir la forma del ahorro, etc. Todas esas libertades específicas y las que irán surgiendo con el desarrollo económico y el avance de la tecnología se derivan del axioma de la propiedad y de su corolario, el derecho de intercambiar lo propio y de acrecentarlo con el esfuerzo personal ejercido individualmente o en asociación legítima con otras personas.

TRES

Las libertades individuales se derivan todas del axioma de la auto-posesión. Con la excepción de no poder regalar o vender nuestra propia persona, podemos hacer con ella lo que libremente queramos. En particular, podemos establecer relaciones de afecto, amistad o sexo mutuamente consentidas con quien a bien tengamos. Podemos entregar nuestro cuerpo a quien queramos y oponernos a cualquier intento de posesión violenta. A la luz de estas consideraciones se entiende que las relaciones carnales o afectivas entre persona del mismo sexo y la prostitución ejercida con pleno consentimiento no deben tener limitación externa alguna legal o violenta.

En este punto, y para las difíciles cuestiones que se tratan en seguida, es conveniente volver a insistir en un punto fundamental: la libertad o mejor, el derecho, de hacer ciertas cosas no puede estar condicionada de la valoración ética o estética que de nuestras acciones hagan los demás. Recíprocamente, el ejercicio de esos derechos no impone a los demás la obligación de aprobarlos moral o estéticamente.

El consentimiento mutuo no basta para resolver el difícil problema del sexo entre persona mayores y menores. El sexo entre un adulto y un niño es claramente un abuso puesto que con el apoyo de la psicología siempre se puede sostener que un niño no está jamás en condiciones de expresar su consentimiento libre. El problema se plantea en situaciones de frontera, es decir, el sexo entre adultos y jóvenes de edades cercanas a la adultez. No me parece que exista una respuesta a priori y creo que cada hecho debe tratarse atendiendo las circunstancias específicas en las que tuvo lugar.

El asunto de los niños nos lleva de inmediato al problema del aborto. Como la mujer es propietaria de su cuerpo, en cualquier momento que ya no quiera tenerlo, el ser que lleva en su seno se convierte en un invasor y tiene el derecho de sacarlo de allí. Este debate ha sido siempre nublado por consideraciones morales o religiosas, que por válidas que puedan ser para cada persona son irrelevantes a la luz del axioma de la auto-posesión. Ahora bien, el hecho de que toda mujer tenga el derecho de abortar, no le impone a los demás la obligación de aprobar moralmente su decisión ni, mucho menos, la obligación de asistirla con sus recursos físicos o materiales en su ejecución. Esto nos lleva el asunto de las libertades civiles o políticas, en el marco del cual debe examinarse el problema de las obligaciones que los derechos de unos imponen a los demás.

CUATRO

La separación de las libertades en las tres categorías mencionadas solo se hace por razones de orden expositivo pues, como se ha indicado, todas proceden de los mismos axiomas y, además, todas se ejercen en sociedad, es decir, en relación con los demás, en lo que denominamos la comunidad política.

No viene al caso discutir la génesis histórica de la comunidad política y de su rasgo fundamental cual es la existencia de una autoridad con legitimidad para expedir normas y dotada de medios materiales para hacerlas cumplir. Contrariamente a lo que algunos creen, la aceptación social de esa autoridad no procede de un contrato histórico realizado en tiempos remotos, sino que se fundamenta en un contrato de duración indefinida que se renueva todos los días.

Un experimento mental ayuda a comprender ese punto. Imaginemos que un día cualquiera todos los miembros de una sociedad, incluidos los que circunstancialmente la ejercen, amanecieran desconociendo o ignorando la existencia de autoridad que los gobierna. Es obvio que de inmediato esta desaparecería. Lo que ocurre es que todos los días todos los ciudadanos o la gran mayoría nos levantamos reconociendo y aceptando la existencia de esa autoridad, que por eso se mantiene.

Admitidos los axiomas de auto-posesión y de propiedad, lo que cualquier ser humano espera de esa autoridad es el respeto de su vida, del dominio sobre su persona y de sus propiedades. Una autoridad que no cumpla con ello es inaceptable y los hombres tienen el derecho de rechazarla y levantarse contra ella.  Además, si la autoridad consiente que algunos hombres se apropien violentamente de las personas y propiedades de otros hombres, la autoridad se vuelve cómplice de los delitos de aquellos y los lesionados adquieren el derecho de defenderse de las agresiones de sus congéneres y de la autoridad que los respalda, la cual, al proceder así, ha quedado despojada de toda legitimidad.

La autoridad existe pues, en primer lugar, para expedir y hacer cumplir normas de conducta de carácter general que permitan a los ciudadanos el ejercicio de sus actividades productivas, la apropiación de sus frutos, la disposición libre de sus propiedades y el ejercicio de todos los derechos derivados de la posesión de la propia persona. Aunque no lo parezca, la relación entre los ciudadanos que circunstancialmente están investidos de la autoridad y los demás ciudadanos es también una relación de intercambio: los primeros suministran servicios de seguridad y justicia, los segundos pagan por ello con sus impuestos. La realización de votaciones periódicas es el mecanismo empleado para confirmar o retirar el mandato de ejercer la autoridad otorgado a un grupo determinado personas.

Una autoridad estatal con la fuerza suficiente para proteger la vida, las propiedades y derechos de los ciudadanos, también tiene la fuerza suficiente para amenazar e, incluso, acabar con la vida de las personas, disponer a su antojo de sus propiedades y conculcar sus derechos. Esta ha sido desde siempre la gran paradoja del pensamiento liberal que se ha tratado de resolver mediante el equilibrio de los elementos que conforman el orden político en la democracia liberal.  

En una democracia liberal, el orden político está definido por el equilibrio estable entre tres instituciones: un estado fuerte, el principio de legalidad y el gobierno responsable. Un estado fuerte es aquel que efectivamente controla su territorio y es capaz de recaudar los impuestos necesarios para llevar a cabo sus funciones y proveer los servicios que de él se esperan.  El principio de legalidad significa que los gobernantes que administran de forma temporal los recursos y medios de acción del estado están obligados a ejercer el poder conforme a determinadas normas conocidas y aceptadas por todos. Finalmente, el gobierno es responsable cuando está sometido a la voluntad del pueblo que se expresa en diverso tipo de instituciones de participación popular de las cuales la realización de votaciones periódicas para el cambio de los gobernantes es la más importante.

Los derechos civiles y políticos de los ciudadanos en las democracias liberales son de dos clases: los referentes a limitaciones impuestas a la capacidad del gobierno para incidir legítimamente sobre la vida y las propiedades de las personas y los referentes a su participación en la vida política, es decir, en las decisiones sobre el diseño y aplicación de las normas mediante las cuales se expresa el orden político.

En general, los derechos o libertades hasta aquí examinados marcan límites a los ámbitos de decisión soberana entre los individuos unos con otros y entre la autoridad política y los individuos. El rasgo más notable de estos derechos y libertades es el de imponer a cada individuo que los detenta la obligación de reconocérselos a todos los demás. Nadie puede pretender que se le reconozca su derecho de propiedad o su libertad de expresar libremente sus ideas sin que esto signifique de inmediato el reconocimiento de ese mismo derecho y de esa libertad a todos los demás. Los derechos y libertades conforman en realidad un tejido de obligaciones mutuas. Y esto también se predica, con limitaciones circunstanciales libremente consentidas, para las relaciones de los individuos con la autoridad política. Esto es lo que se denomina igualdad ante la ley, la única igualdad absoluta compatible con una sociedad liberal.

Los llamados derechos sociales -  a la salud, al trabajo, a la educación - plantean a los defensores de la libertad un enorme problema conceptual y práctico, porque, aparentemente, su reconocimiento a unos individuos impone obligaciones unilaterales a otros, consentidas o no.

CINCO

Es evidente que el individuo dueño de su propia persona tiene consigo mismo la obligación de preservarla y desarrollarla mediante la educación y el trabajo. Puede no hacerlo o puede equivocarse en sus acciones y fracasar en el desarrollo de su personalidad, lo que eventualmente se traduce en el menoscabo de sus propiedades. La libertad supone la posibilidad de cometer errores y de estos debe hacerse cargo el individuo de la misma forma en que se hace cargo de sus aciertos. Es pues inherente al ejercicio de la libertad asumir la responsabilidad plena de las consecuencias de las decisiones. Libertad y responsabilidad son los dos lados de una misma moneda.

Es también posible, y en modo alguno incompatible con los axiomas de la libertad, que en razón de obligaciones morales autoimpuestas – las que resultan del amor o de la simpatía -  los individuos se hagan cargo del bienestar de los otros y compartan con ellos los resultados de sus esfuerzos. Pero esas obligaciones morales no suponen para el individuo que las asume ninguna obligación legal, en términos de ley natural, ni otorgan a quien se beneficia de ellas ningún derecho, siempre en términos de ley natural. El individuo puede en cualquier momento suspenderlas sin que a sus beneficiarios quede algo más que hacerle un reproche moral.

Que no se me malinterprete imaginando que lo expuesto supone el menosprecio emocional y conceptual de los sentimientos morales. Todo lo contrario, los sentimientos morales, de los que está dotado todo ser humano por egoísta que podamos imaginarlo, son el soporte fundamental de la vida familiar, de la vida en comunidad y, por esas vías, de toda la vida social que se hace así más grata y placentera.

La cuestión aquí es dejar en claro que la obligación moral no supone ninguna obligación jurídica, ni siquiera en relación con los hijos, para poner el ejemplo más extremo. Incluso las legislaciones positivas más punitivas, al consentir la existencia del pseudo mercado de las adopciones, reconocen que es imposible imponerle de hecho a un individuo la obligación de sostener a sus hijos, sin esclavizarlo o someterlo a servidumbre. La sanción penal por abandono, existente en Colombia, castiga el delito, pero no consigue hacer cumplir la obligación, como tampoco lo logran “las demandas por alimentos”, que son el rey de burlas de la legislación de protección al menor.

Ahora bien, las prestaciones económicas, en las que se traducen los llamados derechos sociales, imponen, por su puesto, una obligación pecuniaria a quienes pagan impuesto. Pero esto ocurre también con toda la redistribución de riqueza que el estado hace por medio del sistema fiscal, pues siempre hay los pagadores netos de impuestos y los beneficiarios netos de ellos.

Sin embargo, la porción de los impuestos que financia los servicios de seguridad, defensa y justicia tiene, para los ciudadanos, la contraprestación de esos mismos servicios. ¿Cuál es la contraprestación que reciben los pagadores netos de los impuestos de la porción que financia las prestaciones económicas que reciben los titulares de los supuestos derechos sociales? Aparentemente, ninguna, aparte de la satisfacción moral. La ausencia de esa contraprestación es lo que lleva a algunos a consideran como un robo todo impuesto que exceda de lo necesario para financiar las funciones mínimas del gobierno.

Es imposible derivar de los dos axiomas fundamentales ninguno de los llamados derechos sociales y las prestaciones económicas a las que dan lugar. En realidad, su reconocimiento de facto implica una violación de esos axiomas y de los derechos y libertades que si se derivan de ellos. Tampoco hacen parte de lo obligaciones recíprocas que surgen del pacto social en el que reposa el orden político.

¿Cómo entender pues las prestaciones económicas que benefician a un amplio sector de la población? No veo sino dos posibilidades, considerarlas como un pago extorsivo o como una transferencia solidaria que hace un conjunto de ciudadanos en beneficio de otros ciudadanos menos capaces de valerse por sí mismos. La elección entre una u otra visión tiene enormes consecuencias políticas.

Puede resultar un tanto odiosos considerar expresamente esas prestaciones como un pago extorsivo, pero eso es lo que se esconde en realidad tras su tratamiento como derechos inherentes a la condición de ciudadano y de los que debe hacerse cargo el estado. Tras esto hay toda una visión totalitaria del estado y colectivista de la economía, que, aunque no es necesariamente compartida por todos los que acogen la teoría de los derechos sociales, es la que subyace con todas las implicaciones que comporta.

La segunda forma de considerar las prestaciones es como la manifestación de los vínculos de solidaridad y simpatía que hacen más grata y apacible la vida social. La solidaridad es un concepto inherente a la concepción liberal de la sociedad, como también lo es el de responsabilidad individual.

En una sociedad libre cada individuo es responsable de su propia persona y de su patrimonio. De ahí que, más que derechos que imponen obligaciones a los otros, el cuidado de su salud, de su educación, de su trabajo y de sus bienes son obligaciones de cada individuo a cuyo logro deben asistir solidariamente los demás ciudadanos cuando uno o muchos de ellos no puedan lograrlo de forma adecuada por sus propios medios. Lo esencial es que la acción solidaria no aletargue el sentido de la responsabilidad individual de los beneficiarios de las ayudas y los haga propensos a depender de ellas y a demandarlas crecientemente.

Las formas específicas que puede asumir esa solidaridad dependen de un amplio conjunto de circunstancias de tiempo, modo y lugar, de las que es imposible dar cuenta en este escrito que se ocupa solo de cuestiones de índole abstracta y general. Basta con señalar que no es incompatible con la libertad que la solidaridad se ejerza mediante dispositivos gubernamentales creados para el efecto y financiados con impuestos. Se debe siempre buscar diseños que no incentiven la corrupción, el clientelismo político y la perpetuación de la condición dependiente.

SEIS

El derecho de hacer ciertas cosas y de oponerse a la imposición de otras que constituye la libertad, deriva lógicamente de los axiomas fundamentales de la teoría de la libertad: la auto-posesión y la propiedad.

En la medida que emana de la auto-posesión, toda propiedad es individual o privada, independientemente de los arreglos institucionales que los hombres crean para ejercerla. La propiedad individual solo puede ser legítima o ilegítima. La propiedad colectiva es una ficción jurídica.

Esos derechos son inherentes de la condición humana y no el resultado de la concesión graciosa de autoridad alguna y su ejercicio no está condicionado en lo absoluto por la valoración ética o estética que los demás hagan de ellos.

Los llamados derechos sociales no solo no se derivan de los axiomas de la libertad, sino que son contradictorios con ellos. De la auto-posesión se derivan las obligaciones que tiene el individuo con relación a su propia persona cuales son la preservación de su salud, su perfeccionamiento físico y mental y la mejora de sus condiciones de vida con la preservación e incremento lícito de sus propiedades.

Las prestaciones sociales acordadas por la sociedad a las personas menos favorecidas se fundamentan en el valor humano de la solidaridad y deben otorgarse sin ir en detrimento de la responsabilidad que tiene todo individuo de hacerse cargo de su propio destino.  

Nota: Además de dejar de lado cuestiones de mucha importancia y de no profundizar adecuadamente en muchas otras, he omitido toda clase de citas y referencias, todo lo cual habría dado lugar a un escrito espantosamente largo. En particular, habría espantado a mi hija, su principal destinataria. El lector avisado notará que la idea de un razonamiento como el de la geometría, procede de Hobbes. Los conceptos iusnaturalistas derivan de Locke y de Rothbard, su gran discípulo moderno. La idea de los sentimientos morales como pegamento fundamental del tejido social es, por supuesto, de Adam Smith. La noción de la solidaridad como centro de la concepción liberal de sociedad procede de Bertrand de Jouvenel. El concepto de orden político es tomado de Francis Fukuyama. Lo referente al tratamiento de las prestaciones económicas a los necesitados y todo lo demás procede de Hayek.


LGVA

Junio de 2020.

martes, 16 de junio de 2020

Monedero, el ídolo del alcalde Quintero Calle


Monedero, el ídolo del alcalde Quintero Calle

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

En un foro organizado por la Alcaldía de Medellín y transmitido por YouTube Live, el 16 de junio, estuvo participando el señor Juan Carlos Monedero, un comunista español de la más rancia estirpe marxista leninista. En la presentación del foro, el alcalde de la Ciudad, dijo sentirse orgulloso de contar con la participación de Monedero. El señor Quintero Calle puede sentirse orgulloso de lo que a bien tenga, pero la invitación de un comunista a un evento oficial organizado por la Administración Municipal es una afrenta a los ciudadanos y a los valores liberales y democráticos de nuestra sociedad.

Invitar a un evento oficial de la Ciudad, cuyo costo cualquiera haya sido corre por cuenta de los contribuyentes, a un personaje como Monedero es algo tan afrentoso como invitar a un miembro del Ku-Klux-Klan o del NPD, el partido neo-nazi alemán. Y sentir orgullo por eso es algo tan grotesco como sentirlo de la relación con un racista del KKK o un neo-nazi del NPD. El señor Monedero es un abierto militante del totalitarismo de clase, el comunismo, uno de los tres totalitarismos que en el Siglo XX estuvieron a punto de acabar con la democracia liberal y la economía de mercado. Los otros dos son el de raza y el de patria.

El nazismo, el fascismo y el comunismo buscaron, desde el poder del estado, organizar la sociedad sobre la base de tres nociones vinculantes: la raza, la patria y la clase social. En todos los casos el propósito era el control por el estado de los medios y las decisiones de producción. El individuo que - con sus propiedades, sus derechos, sus libertades, sus deseos y sus responsabilidades – está en el centro de la sociedad liberal, debía renunciar a todo ello y someterse al imperio de un supuesto interés colectivo encarnado por un estado omnipotente y omnisciente. La fórmula de Mussolini “Todo en el estado, nada contra el estado, nada fuera del estado” aplica a las tres modalidades del totalitarismo.

Mucho le costó a la humanidad – una guerra terrible y una angustiosa guerra fría, acompañada de guerras locales de baja intensidad- deshacerse de los totalitarismos de raza, patria y clase. El desprestigio moral enterró el totalitarismo de raza; el de la patria se ha moderado, sin dejar de manifestarse; mientras que el totalitarismo de clase, el más criminal y pernicioso, sigue ahí, aunque un tanto transformado en sus manifestaciones ideológicas.

Pero con el señor Monedero no hay lugar a dudas. El hombre detesta el capitalismo liberal y la búsqueda de beneficio como motor de su desarrollo y encuentra repugnante el interés individual. Añora los regímenes totalitarios de la Unión Soviética de Stalin y de la China de Mao, responsables del asesinato de millones de personas. Apoya sin tapujos la dictadura cubana y alaba sin recato alguno el régimen narcotraficante y criminal de Venezuela. Es por ese tipo de regímenes “humanistas y altruistas” por los que quiere sustituir el sistema capitalista, cuyo poder productivo es la causa eficiente del bienestar del propio señor Monedero y de miles, que, como él, no entienden su funcionamiento, lo detestan y luchan por su destrucción.

Los que votaron por el señor Quintero Calle deben hacerse cargo de lo que son sus amistades y preferencias políticas. Los empresarios que, en su afán de oponerse a todo lo que les huele a Uribe, financiaron su campaña; y los políticos, que, para satisfacer ambiciones personales, dividieron el voto democrático y liberal, deben empezar a asumir las responsabilidades por el daño que le hicieron a Medellín al permitir que llegara a la alcaldía un admirador del totalitarismo comunista.

LGVA

Junio de 2020.

sábado, 13 de junio de 2020

¿Claudia Viteri o Cynthia López?


¿Claudia Viteri o Cynthia López?


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


Hace algunos días una periodista llamada Camila Zuluaga, en una nota televisiva, que si no era un publirreportaje se le parecía mucho, comparó a la alcaldesa Claudia López con Ángela Merkel y otras jefas de gobierno en cuyos países el manejo de la pandemia ha sido más exitoso que en otras partes.  

Siempre me ha fascinado la teoría de los universos paralelos y estoy creyendo que es verdadera y que la señora Zuluaga habita en uno diferente al mío, puesto que en el que yo vivo, Bogotá se parece cada vez más a Guayaquil y la alcaldesa López cada vez más a la atribulada Cynthia Viteri, alcaldesa de la sufrida ciudad ecuatoriana. Con una gran diferencia a favor de la señora Viteri: el dolor verdadero y la humildad contrita con los que asume su responsabilidad contrasta con la soberbia y la altanería con la que la señora López se reúsa a asumir la suya.

Con la cuarta parte del PIB colombiano, un PIB por habitante que supera en 56% la media nacional y el 17% de la capacidad hospitalaria del País, Bogotá parecía la región mejor preparada para enfrentar la pandemia y las restricciones implantadas a la vida económica para frenar su expansión. Pero al parecer no ha sido así: a los cien días del primer contagio, con el 15% de la población, Bogotá tiene el 32% de los contagios y el 23% de los fallecimientos.  No es ocioso recordar que la alcaldesa, en entrevista con el periodista Yamid Amat, el 31 de marzo, se había comprometido a tener 4.000 UCI en junio.  

Desde hace días la alcaldesa López, en el tiempo que le deja su anodino perifoneo, viene preparando el escenario para culpar al Gobierno Nacional de la tragedia, ¡Dios no lo quiera!, que se avecina para la Capital. En su infatigable trinar pregona que el Gobierno no ha cumplido con los ventiladores prometidos y que Bogotá está próxima al desbordamiento de su capacidad hospitalaria de UCI.

Las cifras que maneja la alcaldesa no concuerdan con las que reporta el Instituto Nacional de Salud (INS), sobre contagios, y el Ministerio de Salud (MS), sobre capacidad hospitalaria. A junio 12, Bogotá tenía, según el INS, 139 pacientes Covid 19 en UCI, y, según el MS, 1182 UCI en total, el 50% de las cuales, es decir 591, reservadas para los pacientes Covid 19.  Esto arroja una ocupación de 23,5%. En su cuenta de twitter, la alcaldesa, a 11 de junio, reportaba un nivel de ocupación de 50%.

No alcanzo a entender por qué la alcaldesa busca exagerar la situación de ocupación de UCI en Bogotá. En cualquier caso, es inaceptable que una funcionaria pública de tan alto rango mienta de esa forma en un asunto de tanta gravedad. A lo mejor, es una estrategia para presionar que se le dé prioridad a la Capital en la distribución de los ventiladores importados por el Gobierno Nacional o para impedir el restablecimiento de la actividad productiva al que, al igual que toda la izquierda, la alcaldesa López se ha opuesto con todas sus fuerzas con los argumentos más peregrinos, como lo han hecho con todo el accionar del Gobierno.

Si el Gobierno Nacional relaja la cuarentena, es para favorecer a los ricos; si reparte auxilios monetarios o en especie, se le enrostra porque no llegan de inmediato a todo mundo; si decide subsidiar las nóminas, les parece muy poquito; si alivia las restricciones, se le acusa de querer matarnos; si importa ventiladores o pruebas, que por qué tan tarde, que por qué tan caros, que por qué tan pocos. Y así: palo porque bogas, palo porque no bogas.  

Hay que esperar que, gracias a la acción del Gobierno Nacional, el mediocre manejo de la pandemia por la alcaldesa López y su gabinete no se convierta en una tragedia para la ciudadanía bogotana en los próximos meses. Hay que ayudar a la alcaldesa a salir del berenjenal en el que está metida por su incompetencia, a pesar del infame juego político en el que está comprometida con los demás líderes de izquierda:   oponerse a todo lo que lo que propone o hace el Gobierno Nacional, con la expectativa de que fracase para caer como buitres sobre los despojos del País. Hay que ayudarla para que Bogotá no se transforme en otra Guayaquil y para que la periodista Zuluaga, al llamar a la alcaldesa de Bogotá, no tenga que escoger entre Claudia Viteri o Cynthia López.

LGVA

Junio de 2020.  

viernes, 12 de junio de 2020

Cinco palabras sobre la pandemia y sus secuelas


Cinco palabras sobre la pandemia y sus secuelas


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


Me han invitado a responder en quinientas palabras la siguiente pregunta: “A raíz de la crisis sanitaria que estamos afrontando ¿qué aprendió o recordó que considera deberíamos tener en cuenta para el diseño de lo que está por hacerse?”. 

No soy bueno para eso del diseño. Referida a la sociedad, la palabra me inspira desconfianza. Respondo con una reflexión en torno a cinco palabras: agradecimiento, admiración, asombro, aprensión y anhelo.  

Agradecimiento a Dios, al destino, al azar, a la fortuna o a la suerte por haber nacido en un momento de la historia en que los avances científicos y económicos de la humanidad le permitieron estar mejor preparada que en cualquier época pasada para afrentar la agresión de los infames virus que desde siempre le han disputado al hombre su predominio en la Tierra. Agradecimiento por los medios de vida, por las vacunas, por las UCI, por los ventiladores, por las pruebas, por los termómetros de lucecita y por la abundancia de médicos y científicos competentes.

Admiración por el capitalismo al que debemos todas esas cosas que nos permiten derrotar la pandemia. Admiración por un sistema económico que donde quiera que se implanta, así sea precariamente, derrota la miseria, la pobreza y la desigualdad y hace avanzar el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Admiración por un sistema económico que lleva riqueza por doquier, aunque la mayoría de la gente no sepa cómo funciona y muchos de los que de él se benefician lo detesten y quieran destruirlo.

Asombro frente al tropel de tonterías que se han dicho sobre el origen y consecuencias de la pandemia y la facilidad con la que la gente se atraganta de esos cuentos. A las absurdas acusaciones de que el capitalismo produce desigualdad y destruye el ambiente se añade ahora la de que crea pandemias. Son ya tres las palabras de lucha contra el capitalismo: igualitarismo, ambientalismo y pandemialismo.

Aprensión por el riesgo de que los gobernantes tomen es serio las tonterías de quienes culpabilizan al capitalismo globalizado de la pandemia y, con la aceptación de una población atemorizada, vuelvan permanentes las restricciones transitorias impuestas a nuestras libertades para llevarnos a un “mundo nuevo” sin pandemias, poblado de hombres iguales en todos los aspectos y dedicados a la contemplación de la naturaleza virgen.

Anhelo de que todos los sufrimientos padecidos, más por las cuarentenas que por la misma pandemia, y todas las tonterías dichas sobre sus causas y sus remedios, sean pronto olvidadas y que, como ocurrió después de otras pandemias más graves y asesinas, recuperemos pronto nuestras libertades:  la libertad de cambiar con quien queramos, la libertad de emprender los negocios que soñamos, la libertad de viajar donde nos plazca, la libertad de elegir nuestros gobernantes, la libertad estar con los amigos, la libertad de caminar por la ciudad sin rumbo ni propósito definido sin que nadie te pregunte de dónde vienes o para dónde vas, la libertad de amar, abrazar, tocar, sentir y oler a nuestros seres queridos.  

LGVA

Junio de 2020.

miércoles, 10 de junio de 2020

Tres ofensivas contra la democracia y el estado de derecho


Tres ofensivas contra la democracia y el estado de derecho


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La democracia consiste, fundamentalmente, en la realización de elecciones periódicas en las que partidos y movimientos políticos se disputan el derecho a gobernar con base en ideas, propuestas y programas sometidos a consideración de los votantes. Los derrotados aceptan el dictamen de las urnas y esperan tener su oportunidad de gobernar – con sus ideas, propuestas y programas - en las próximas votaciones. En el intervalo, ejercen el derecho de oponerse a los ganadores mediante los mecanismos que la democracia tiene para ello: la oposición parlamentaria y el debate público. Esto es el estado de derecho.

No es acatar la democracia ni ser respetuoso del estado de derecho pretender imponer las propuestas rechazadas en las urnas mediante la acción directa en las calles, la subversión armada o las decisiones judiciales.

Antes de que se declarara la pandemia, la democracia y el estado de derecho estaban bajo ataque por la acción directa en las calles promovida por las organizaciones agrupadas en el llamado Comité Nacional de Paro. El carácter político y sedicioso de ese movimiento se pone en evidencia en las más de cien peticiones que dicho comité pretendía imponer al Gobierno Nacional bajo el chantaje de la violencia callejera. La casi totalidad de esas peticiones no son otra cosa que las propuestas y programas rechazadas en la elección presidencial de 2018. Aceptarlas es desconocer el resultado de esas votaciones, derogando al mismo tiempo la democracia y el estado de derecho. Ya la FECODE, que es la punta de lanza de ese movimiento sedicioso, está anunciando y planeando su retorno a las calles. 

La ofensiva armada contra la democracia y el estado de derecho no se detuvo nunca después de la firma del Acuerdo de la Habana. Permanecieron en las armas el ELN y otras organizaciones criminales y los antiguos militantes de las Farc se reagruparon en las mal llamadas “disidencias”. Ojalá que el Ministro de Defensa, ocupado en purgar generales para complacer a la prensa y los políticos de izquierda, haya tenido tiempo de percatarse de que se viene una gran ofensiva de parte de esas organizaciones, rearmadas por la dictadura de Venezuela y cuyo pie de fuerza se ha incrementado mediante el reclutamiento forzoso, denunciado persistentemente por el Procurador General de la Nación.

Finalmente, está la ofensiva jurídica emprendida por un grupo de abogados y economistas que pretenden tumbar la totalidad de las disposiciones tributarias aprobadas por el Congreso durante 30 años de democracia. No imagino que esta ofensiva esté coordinada de ninguna forma con las dos anteriores, pero es coincidente en las ideas y en el desafortunado momento elegido para emprenderla.

El carácter ideológico y político de la demanda deriva de su fundamento mismo, cual es la idea de que la política tributaria debe propender por la igualación de las rentas monetarias y no por la reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad en el consumo, posición esta última también compatible con el ordenamiento constitucional. Es contrario a la democracia y al estado de derecho pretender imponer una visión política particular por la vía de una decisión judicial y no, como debe ser, por una decisión en las urnas.

Ocupado como está enfrentando la pandemia, de forma por lo demás exitosa, el Gobierno Nacional no puede descuidar estos frentes de ataque contra las instituciones, en particular el de la acción callejera y el de la insurrección armada. Sobre los ministros de defensa, gobierno y justicia, en particular, recae la responsabilidad de tener preparado el País contra esas ofensivas.

Sería una afrenta para todos los ciudadanos, que han soportado una tremenda cuarentena que acabó con el empleo y el patrimonio de millones, que el Gobierno permitiera las movilizaciones callejeras anunciadas por la Fecode, que pueden dar lugar a un rebrote del Covid 19, echando por el suelo los esfuerzos y los sacrificios de la sociedad para contenerlo. Si el Gobierno permite esas movilizaciones, estaría dando el mensaje de que la cuarentena, con sus dolorosas secuelas, era innecesaria. 

Personalmente me sentiría profundamente decepcionado de un Gobierno que no vacila en imponer duras restricciones a los ciudadanos de bien, a nombre de la salud pública; pero que flaquea frente a los que recurren a la acción callejera directa, el chantaje y la violencia, poniendo en riesgo la salud pública.


LGVA

Junio de 2020.