Una segunda oportunidad para la
Quebradona*
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
I.
Introducción
Si el gobierno entra en razón y controla su delirio
contra la “economía extractivista”, la Quebradona podría tener una segunda
oportunidad. Con su decisión de archivar
la solicitud de licencia, en lugar de rechazarla, la Agencia Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA) dejó abierta la posibilidad para que la Anglo Gold
Ashanti con su filial Minera de Cobre Quebradona (AGA-MCQ) vuelva a presentar
la solicitud de licenciamiento, respaldada en un nuevo Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) que supla las deficiencias de información de las que, a juicio de la
ANLA, adolecía el radicado en noviembre de 2019.
En comunicado del 26 de octubre de 2021, una vez
conocida la decisión de la ANLA, la AGA-MCQ manifestó su decisión de continuar
con los proyectos que adelanta en el País – La Colosa, Gramalote y Quebradona -
en los cuales afirma haber invertido US$ 1.300 millones en exploración y
estudios durante 18 años. En la Quebradona, los estudios se iniciaron en 2004,
con la fase de prospección regional, y continuaron trabajos de exploración
hasta de 2018. Desde mayo de 2014 hasta
abril de 2019 se realizaron las investigaciones y actividades de campo del EIA
adelantado por la firma Integral.
Sin los metales es inconcebible la vida moderna, todo
mundo los necesita y los usa en su vida cotidiana, pero son muchas las personas
que tiene frente a la minería la misma posición emocional de Don Pedro Fermín
Vargas, el personaje en cuya memoria se celebra en Colombia, cada 3 de julio,
el día del Economista.
“Contemplando las cosas
filosóficamente, se debía desear que el cultivo de las minas se abandonase para
siempre. La política tampoco está muy de acuerdo con su beneficio, y solo bajo
ciertas condiciones y circunstancias se puede contemplar como ventajoso. El
laboreo de las minas en el modo en que hoy se practica en las de oro, además de
ser destructivo de la población, encarece de tal suerte los jornales y
maniobras, que por lo general entorpece el adelantamiento de la agricultura, la
que siempre es carente en los países mineros. Entretenidas las gentes con las
vanas esperanzas de alcanzar la suerte, que uno u otro ha logrado en el
beneficio de minas, descuidan del todos los demás objetos de industria; se
empeñan cada día más, y no correspondiendo los sucesos a los conatos, se
arruinan, y arruinan consigo a todos aquellos que se dejan engañar con sus
vanas esperanzas”.
Esto lo escribió Don Pedro en su obra “Pensamientos
políticos sobre la agricultura, comercio y minas de este Reino” publicado,
probablemente, en 1791, según estima el historiador Jorge Orlando Melo, en su
espléndido artículo “Economistas y economía en la Nueva Granada, 1770-1810”. Anotemos,
de pasada, que la palabra “política” no debe ser tomada en su empobrecida
acepción moderna, sino en su noble significación clásica, es decir, lo referido
al bien de la Polis, de la sociedad.
Un economista contemporáneo notable, Jorge Eduardo
Cock, opositor al proyecto, reproduce, mutatis mutandis, la posición de
Don Pedro Fermín:
“Al desarrollar un proyecto de gran minería como
Quebradona, se generan cambios profundos, dañinos y muy negativos, en la vida,
en las costumbres y en la estructura social de las poblaciones del lugar y de
sus alrededores, de la manera que se conocen bien en la construcción de
centrales hidroeléctricas y otras grandes minas en Colombia. Se acrecientan la
prostitución, la inseguridad, el alcoholismo, el ruido, el incremento en el
costo de vida … y se divide la población de manera muy polarizada entre los
pocos favorecidos por la empresa y los que se oponen a que esta actividad
llegue y penetre en su pueblo o su vereda, división que ya ha resultado muy
común entre los miembros de una misma familia”.
La posición “filosófica” de Don Pedro sobre la minería
no lo condujo a una condena absoluta de esa actividad. Como buen economista que
era, entendía que si minas era lo que había y su producto era lo demandado, no
había manera de oponerse a la fuerza del mercado y que, en consecuencia, lo más
sensato era establecer la forma más adecuada de explotar sus recursos para bien
de los habitantes del Reino. A eso están dedicados sus “Pensamiento políticos”.
Hoy tenemos muchos más instrumentos que en la época de Don Pedro para evitar,
remediar o mitigar los males – que hoy llamamos externalidades – señalados nuevamente
por Don Jorge Eduardo Cock y explotar adecuadamente los recursos minerales para
bien de los habitantes del País.
Por supuesto que todo mundo preferiría que los
yacimientos estuvieran en zonas desérticas – como en Chile y Perú – donde los
impactos ambientales y sociales son mínimos. Desafortunadamente, este no es el
caso de la Quebradona que se encuentra localizada una región de media montaña
con vocación agrícola y potencial turístico y recreacional. El problema que se
plantea entonces es el de saber si es factible conciliar el interés económico
de AGA-MCQ, sus trabajadores, la Nación y las entidades territoriales que se
benefician de las regalías con el interés de los propietarios de la zona, los
empresarios de otras actividades y los autoproclamados propietarios de los
bienes y servicios ambientales.
En el debate amplio y nutrido sobre la Quebradona han
participado dos exministros – uno de Minas y Energía y otro de Medio Ambiente –
y se han involucrado como terceros intervinientes decenas de personas naturales
y jurídicas, incluidas dos entidades de gran significación social como COMFAMA
y PROANTIOQUIA, que han contratados la elaboración de estudios. Con base en
esos estudios y otras fuentes secundarias, en este artículo se discuten algunos
aspectos relacionados con el proyecto.
En primer lugar, se hace un repaso sobre la
significación de la minería en el desarrollo económico de Antioquia y del
Suroeste. Las dos secciones siguientes están dedicadas al mercado internacional
del cobre y al estado actual de la minería de cobre en Colombia. Luego se examinan
los efectos económicos que tendría la explotación de Quebradona a nivel
nacional, departamental y local. Posteriormente, se trata de los impactos
ambientales del proyecto con referencia a los tres asuntos en torno a los
cuales se ha centrado la discusión: el manejo de los relaves, la subsidencia y
la delimitación del área de influencia. Finalmente, se presentan algunas
conclusiones.
II.
La
minería en Antioquia y el Suroeste
El desarrollo económico de Antioquia del Siglo XIX y
principios del XX es inconcebible sin la minería. Cuando se produce la
declinación de la minería en Cauca y Chocó, por la emancipación de los
esclavos, Antioquia tomó el revelo en la producción de oro y plata, principales
productos de exportación colombianos antes del desarrollo de la caficultura. En
el siglo XIX, Colombia exportó oro y plata por un valor de 33,8 millones de
pesos de los cuales el 63,3% salió de Antioquia. Según el historiador Roger
Brew, la actividad minera en Antioquia permitió la formación de una élite con
habilidades empresariales, la introducción de conocimientos técnicos, impulsó
el comercio y la arreria, permitió la acumulación de capital que sería de
importancia para la inversión en la caficultura y en la industria manufacturera
y dio inicio a la formación de un mercado interno para productos manufacturados
importados y, más delante, de producción local. También la minería tuvo impacto
en la educación superior con la creación de la Escuela de Minas, fundada en
1886, para la formación de técnicos e ingenieros que hasta entonces tenía que
hacerse en el exterior.
Los historiadores atribuyen el inicio de la minería en
Antioquia al Oidor Juan Antonio Mon y Velarde cuyas reformas a finales del
Siglo XVIII impulsaron la minería de aluvión a pequeña escala conocida como
“mazamorreo”, que durante mucho tiempo fue la principal forma de
explotación. Posteriormente, ya después
de la Independencia, en distintas regiones del Departamento, hubo desarrollos
mineros de veta y aluvión a gran escala, más sólidos desde el punto de vista
técnico y empresarial. Se destaca la mina de Santa Ana, en Santa Rosa, la cual,
entre 1836 y 1845, fue la más grande de Antioquia. También están, por supuesto,
las minas de Marmato - hoy en Caldas, entonces parte de Antioquia - que
empleaban 500 trabajadores a mediados de siglo. En esos desarrollos participaron
empresarios antioqueños y también inversionistas e ingenieros extranjeros, los
cuales aportaron conocimientos técnicos que elevaron la productividad de las
explotaciones. Se destaca, entre todos ellos, Tyrell Moore, quien trabajó en
minas de Santa Rosa, Anorí, Amalfi y, por supuesto, en las de El Zancudo, de
Titiribí, donde introdujo métodos técnicos para el beneficio del mineral. Una
calle de Medellín lleva su nombre.
Mención especial merecen, en efecto, las tres minas de
El Zancudo (Zancudo, Otramina y Candela) en el municipio de Titiribí, en el
Suroeste Antioqueño. Su explotación se inició en 1793 y continuó, con
altibajos, hasta 1945. Durante años se emplearon métodos de explotación muy
primitivos, incluso para la época. La Sociedad El Zancudo propiamente dicha se
funda en 1848 y ese mismo año el ya mentado Tyrell Moore empieza a instalar en
la Hacienda de Función de Titiribí el montaje metalúrgico requerido para
beneficiar el oro y la plata de las vetas de El Zancudo. Este desarrollo permitirá
la explotación altamente productiva de la mina y la importancia que tendrá en
el desarrollo económico de Antioquia. En 1824, las minas se vendieron por dos
mil pesos y José María Uribe Restrepo, fundador de la empresa, las recibió en
1844 en pago de una deuda. En 1874, la Sociedad estaba avaluada en un millón de
pesos y en 1886 una empresa de Estados Unidos trató de comprarla por cuatro.
Carlos Coriolano Amador, el principal accionista en1898, consideraba que valía
5,6 millones de pesos oro.
Durante su etapa de mayor auge – entre 1863 y 1899 –
El Zancudo desarrolló grandes proyectos como el montaje de una fundición
propia, explotación de minas de carbón e inversiones en otras actividades que
llevaron a su transformación en un verdadero grupo empresarial que, además, de
la minería y la fundición de metales, explotaba carbón, producía hierro y
alguna maquinaria en Amagá. Bajo el sistema de banca libre creó su propio banco
que emitía su propia moneda. En las dos últimas décadas del siglo XIX, que
fueron los años de mayor prosperidad, su producción mensual alcanzó un máximo
de cuarenta y cinco mil pesos oro mensuales y tenía cerca de 1500
trabajadores.
Los socios de El Zancudo invirtieron sus ganancias en ganadería, comercio,
caficultura, agricultura, banca, minería de carbón, apertura de caminos e,
incluso, construcción de ferrocarriles como el de Antioquia, cuya extensión
hasta Amagá fue financiada por comerciantes de Medellín. Las condiciones
políticas y sociales para el desarrollo de El Zancudo fueron extremadamente
favorables pues, bajo el régimen federalista de la Constitución de Rionegro, el
Estado de Antioquia estuvo al margen de guerras civiles que asolaron otras
regiones del País y el gobierno provincial, en el que participaban comerciantes
y empresarios, entendía que el
papel del gobierno era facilitar el desarrollo económico. Son los años de Pedro Justo Berrío fundador, entre otras
instituciones, de la Escuela de Artes y Oficios de la que salieron muchos
técnicos para El Zancudo.
El
desarrollo de la minería de carbón de Amagá está también vinculado en sus
inicios a EL Zancudo. Para alimentar los hornos de la función, eran necesarias
grandes cantidades de hulla y ahí estaba la Cuenca Carbonífera del Sinifaná que
comprende Angelópolis, Titiribí, Venecia, Fredonia y,
principalmente, Amagá.
La
construcción de ferrocarriles – Panamá (1850), Puerto Colombia (1868) y
Antioquia (1874) - impulsó la demanda de carbón para alimentar las calderas de
vapor de las locomotoras. Más tarde, las primeras fábricas, los hornos de sal,
las ladrilleras y las ferreterías consumieron el carbón proveniente de las
minas de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. En Amagá, en 1865, fue fundada la
ferretería del mismo nombre, que fabricó molinos de pistones, ruedas Pelton,
despulpadoras de café y herramientas diversas.
Hasta
el inicio de la explotación de los yacimientos de El Cerrejón en La Guajira, la
producción de carbón abastecía exclusivamente el mercado doméstico de la
industria por medio de pequeñas y medianas minas que nunca alcanzaron un gran
nivel de tecnificación. Ese continúa siendo el caso de la minería de carbón en
Antioquia y en Amagá, cuyas producción y reservas son marginales en el conjunto
del sector carbonífero colombiano. Según la UPME, las reservas de carbón de
Colombia llegan a 7.000 millones de toneladas, de los cuales noventa millones están
en la Antioquia, principalmente en la Cuenca del Sinifaná, y doce en Amagá
Actualmente
Amagá produce cerca de 150.000 toneladas de carbón anuales, lo que equivale al
95% de la producción del Departamento. En sus 45 minas activas trabajan más de
1.500 personas, lo cual es una cifra muy significativa para un pueblo de unos
30.000 habitantes.
III.
Mercado mundial de cobre: presente y futuro.
El cobre se encuentra
presente en la vida humana desde hace por lo menos 10.000 años. Ha sido utilizado
para producir de todo: artículos domésticos, armas, adornos, monedas, etc. En
la era industrial, el cobre se utilizó en el tendido de las redes telegráficas
y telefónicas; en las líneas de transmisión y distribución de electricidad; en
la construcción de maquinaria industrial y de equipos de transporte y
diversidad de productos de consumo final. La industrialización de todos los
países ha estado acompañada de un aumento en el consumo per cápita de cobre.
Por eso, no es sorprendente que, en las últimas décadas, la demanda de cobre
haya sido impulsada por la industrialización de India, China y otros países en
desarrollo.
A los usos tradicionales del
cobre ya mencionados, se han añadido en las últimas décadas, su empleo en la
fabricación de vehículos eléctricos - un automóvil convencional contiene unos
20 kilogramos de cobre mientras que uno eléctrico contiene tres veces esa
cantidad - y en la infraestructura de generación de las fuentes renovables no
convencionales que son mucho más intensivas en cobre que las convencionales. La
Agencia Internacional de Energía estima que un megavatio eólico off-shore
requiere hasta 8.000 kg de cobre, uno on-shore 4.000 y uno solar 2.900.
El consumo de cobre de un
país se mide en términos de cobre refinado, es decir, el producto que sale de
la refinería listo para elaborar productos intermedios como alambrón, varillas
y láminas. Este se distingue del concentrado o mineral de cobre que sale de las
minas hacia las plantas de refinación. En el mercado internacional se transa
tanto el cobre refinado como el concentrado. El producto que saldrá de la
Quebradona es concentrado.
China, con 12.8 millones de
toneladas (Mt) en 2019, es el mayor consumidor de cobre refinado en el mundo;
seguido por Estados Unidos (1.8 Mt), Alemania (1.1 Mt), Japón (1 Mt) y Corea
del Sur (0.7 Mt). Los demás países dan cuenta del resto de las 23.5 Mt
consumidas en el mundo en ese año.
En estudio realizado para la
UPME, la consultora CRU International Limited, proyecta un crecimiento de la
demanda de cobre refinado con una tasa compuesta de 1,8% anual lo cual llevaría
el consumo a cerca treinta millones toneladas, en 2030, manteniéndose China,
Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea del Sur como los mayores consumidores.
Sin embargo, el consumo del resto del mundo pasaría de 25% a 40% del total,
reflejando la demanda creciente de otros países que avanzan en su proceso de
industrialización. Un importante impulso
a la demanda de cobre lo dará el Plan de Infraestructura, por 1.2 billones de
dólares aprobado por el Congreso de Estados Unidos, donde se incluyen
inversiones por 108.000 millones en renovación y ampliación de la red eléctrica.
Con 5.7 millones de toneladas, Chile es el mayor
productor de cobre, un tercio de la
producción mundial que en 2020 fue de 20 millones de toneladas. El segundo gran
productor es Perú, con 2.2 millones. Siguen China (1.7), Congo (1.3) y Estados
Unidos (1.2). Otros importantes productores son Australia, Canadá, Rusia,
Zambia, México, Kazajistán y Polonia que en conjunto aportaron 4.7 millones de
toneladas. Otros países produjeron 3.3 millones. Según información de US
Geological Survey Chile tiene 8 de las 10 minas más importantes de cobre del
mundo, comenzando por la Escondida, perteneciente a la compañía
anglo-australiana BHP. Solamente durante el 2019 la Escondida produjo más de
1.19 millones de toneladas, casi un quinto de la producción de cobre en el
mundo.
Según el United States
Geological Service (USGS), también Chile,
con 200 millones de toneladas, las mayores reservas del mundo. Le siguen Perú y
Australia con 92 y 88 millones, respectivamente. Otros países con importantes
reservas son Rusia, México, Estados Unidos, Polonia y China.
Colombia es un pequeño
productor, el sexto en América Latina y el 42 en el mundo. Sus reservas estimadas
son también modestas frente a las de Chile, Perú y México.
En el mercado internacional
de cobre se transan, fundamentalmente, dos productos: el concentrado de cobre y
el cobre refinado. En 2018 se transaron 30 millones de toneladas de concentrado
de cobre con un contenido de 27,4%. Las transacciones de cobre refinado fueron
de 7.8 millones de toneladas. Tanto en concentrado de cobre como en cobre
refinado, el principal exportador es Chile y el principal importador es China.
IV.
Minería de cobre en Colombia.
La minería de exportación a
gran escala empieza en Colombia en los años 80 del siglo XX, con las minas de
carbón de Cerrejón, en La Guajira, y las de níquel de Cerro Matoso, en Córdoba.
La minería representa un 2% del PIB, aproximadamente 14,3 billones de pesos en
2019, de los cuales el 19% corresponde a la minería de metales. Según la UPME, en
sus indicadores económicos de la minería, ésta recibe el 13% de la inversión
extranjera directa y contribuye con el 21% de las exportaciones totales.
La minería del cobre es todavía
precaria. En 2020, sus exportaciones, por unos cincuenta millones de dólares, representaron
el 0.08 % de total y el 0.21 % de la exportación de minerales, según la UPME. China es el destino de casi la totalidad de
esas exportaciones, que también van en cantidades ínfimas a Estados Unidos,
Perú, Chile y Bélgica.
Toda la producción de
concentrados de cobre en Colombia proviene de una sola fuente, la mina
subterránea de El Roble, ubicada en el municipio de Carmen de Atrato en Chocó y
operada por la Atico Mining Corporation, empresa canadiense basada en
Vancouver. El Roble, que en 2019 produjo unas 6.500 toneladas de cobre y 22.000
onzas de oro, tiene reservas de 1.87 millones de toneladas.
Aunque, con la entrada en
operación de EL Roble, las exportaciones colombianas de cobre han crecido de
forma exponencial, su nivel es aún muy bajo frente a las de Chile y Perú, los
grandes productores latinoamericanos, e, incluso, frente a las de México,
Brasil, Panamá y República Dominicana.
Colombia es pues un pequeño
productor de cobre, pero, por estar atravesado por la formación cuprífera de
Andina en la que se encuentran los grandes yacimientos de Chile y Perú, se
estima tiene un gran potencial de convertirse en productor importante con
exportaciones significativas.
El Servicio Geológico Colombiano
estableció que existen a lo largo del país tres cinturones metalogénicos con potencial
para extraer cobre:
- El cinturón occidental
de Edad Eoceno que comprende los municipios de Frontino (Antioquia),
Andágueda (Chocó), Murindó (Antioquia), Acandí (Chocó) y Piedrancha
(Nariño).
- El Cinturón Oriental de
Edad Jurásica que comprende los municipios de Andes (Tolima), El Infierno-Chili
(Huila), California (Santander), Dolores (Tolima) y Mocoa (Putumayo).
- Cinturón central de Edad
Mioceno que abarca los municipios de El Tambo (Cauca), dominical (Cauca),
Piedrasentada (Cauca) y el Pisno (Cauca).
Con la identificación de los
cinturones con potencial cuprífero, el Ministerio de Minas y Energía determinó
doce zonas de exploración para yacimientos de cobre. En total 12.8 millones de
hectáreas distribuidas en 16 departamentos: Tolima (34%), Antioquia (24%),
Putumayo (18%), Valle del Cauca (7%) y el resto (17%). El USGS estima entre 30
y 50 millones de toneladas las reservas de cobre en Colombia. Actualmente se adelantan siete
proyectos de exploración: Quebradona,
Comita y Pantanos en Antioquia; San Matías en Córdoba y Volador, Mandé Norte,
El Carmen en Chocó. La Agencia Nacional Minera estima que hasta el 2024 se
realizarán inversiones por cinco mil millones de dólares en estos proyectos
polimetálicos y en proyectos de oro.
La explotación de Quebradona multiplicaría por 7 u 8
la producción actual de cobre, la cual, con la de EL Roble y yacimientos
menores alcanza unas 10.000 toneladas anuales. En la Quebradona, cuyas reservas
aprovechables se estiman en 109 millones de toneladas, se proyecta extraer
anualmente 6,2 millones de toneladas de mineral que contendrían 65.000
toneladas de cobre, 28 de plata y 2 de oro. Como la producción corriente de
plata es del orden de 14 toneladas anuales, la entrada de la Quebradona tendría
un impacto muy significativo. Su efecto sobre la de oro es mucho menor como
quiera que la producción de este es de unas 60 toneladas anuales.
V.
Impactos económicos de la Quebradona
El proyecto Minera de Cobre
Quebradona está localizado en la vereda del mismo nombre del municipio
antiqueño de Jericó. Es un proyecto polimetálico con una producción esperada de
1.373.000 toneladas de cobre, 1453.000 onzas de oro y 20.666.000 onzas de plata
en 21 años de explotación. La inversión inicial asciende a US$ 1.000 millones
de 2019 y se generan unos 2.200 empleos directos cada uno de los cuatro años en
la etapa de construcción y montaje y unos 700 anuales durante los 21 años de explotación.
La zona de intervención es de 471 hectáreas, equivalentes al 2,4% de la
extensión de Jericó; al 0,3% de la provincia de Cartama y al 0,07% de la del total
de los 23 municipios del Suroeste.
FEDESARROLLO, en su documento
“Proyecto minero Quebradona.
Aspectos económicos, government take y observaciones sobre el Estudio de
impacto ambiental”, preparado para apoyar a PROANTIOQUIA como tercero
interviniente en el proceso de licenciamiento ambiental de la Quebradona,
realizó una estimación de los impactos económicos del proyecto en sus fases de
construcción y montaje y de explotación. FEDESARROLLO diferencia los efectos en
el sector de actividad, en la zona geográfica donde está localizado, en las
entidades territoriales y sobre la economía del País. Se distinguen impactos
directos, impactos indirectos e impactos inducidos.
Utilizando los coeficientes de la Matriz de
Contabilidad Social (MCS) de 2015, a partir de un impacto inicial de 1.3
billones sobre la demanda de final del sector de obras civiles – equivalente al
40% de la inversión en la fase de construcción y montaje, pues el 60% es equipo
importado – se genera un efecto de 3,5 billones sobre la producción durante los
cuatro años de esa fase. Los empleos inducidos son 36.600. Para la fase de explotación FEDESARROLLO,
utilizando el mismo método de encadenamientos de la MCS, estima en 36 billones
de pesos la suma de los impactos directos, indirectos e inducidos.
Como no existen matrices de contabilidad social a
nivel departamental y municipal, el impacto sobre la economía de Antioquia y el
la del municipio de Jericó se estima con ciertas hipótesis sobre su
participación de la primera en el PIB nacional y del segundo en el PIB departamental.
Para el caso de Antioquia, FEDESARROLLO estima que el proyecto provocará un
aumento promedio de 1,1% del PIB durante cada uno de los cinco primeros años de
explotación.
Par el caso de la economía de Jericó, el estudio de
FEDESARROLLO no presenta ninguna cuantificación, pero señala que:
“…se puede prever un impacto significativo sobre la
estructura productiva y el crecimiento económico municipal, si se tiene en
cuenta que el valor estimado de la producción minera del proyecto en el primer
año de producción, en 2026, equivale a 11 veces el valor del PIB del municipio
en 2018”.
Otra observación importante:
“…en su fase de construcción, el proyecto tendría
efectos significativos sobre la actividad económica general y el empleo, que
resultan de los importantes encadenamientos que tiene esta actividad con el
resto de la economía. A nivel local, además del sector de la construcción, las
actividades más favorecidas serían aquellas en las que el municipio ya tiene
una oferta disponible como son el comercio, restaurantes y alojamientos y
transporte terrestre. El sector agropecuario también se vería favorecido por la
mayor demanda de productos alimenticios por parte de los hogares de la región.
Estos efectos no se limitarían a Jericó, sino que podrían extenderse a los
municipios vecinos”.
Además de los impactos sobre la producción y el
empleo, el proyecto tendría efectos sobre las exportaciones nacionales y
departamentales y sobre las finanzas del departamento de Antioquia y el
municipio de Jericó.
Estima FEDESARROLLO que el proyecto generará en
promedio ingresos de exportación por US$ 860 millones anuales durante los 10
primeros años de explotación, que serían equivalentes al 1,9% de las
exportaciones del País, el primer año, y al 1,5% en el décimo. Para el caso de
las exportaciones antioqueñas, las cifras respectivas serían 16,0% y 12,7%,
respectivamente.
Las regalías recibidas por el municipio de Jericó y
el departamento de Antioquia, durante los 21 años de explotación, las estima
FEDESARROLLO en 336.9 y 84.2 billones de pesos constantes de 2019,
respectivamente. Para Jericó esto supone un aumento de más de 70% de sus
recursos fiscales, lo cual plantea enormes retos sobre su adecuada utilización.
Finalmente, FEDESARROLLO estima el llamado Government Take (GT) de la Quebradona, que es la
relación entre los ingresos totales del gobierno (ITG) – impuestos de todo tipo
y regalías – y los ingresos totales del proyecto (ITP) durante su vida útil. En
el escenario base, el valor presente en 2020 de los ITG asciende a US$ 1.620
millones, para un GT de 52,2%.
VI.
Los impactos ambientales de la Quebradona.
1.
Antecedentes.
Un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) es un documento extremadamente complejo en cuya elaboración
intervienen profesionales de muchas disciplinas, requiere la aplicación de
métodos y técnicas de investigación de las más diversas ciencias y un intenso
trabajo de campo. Adicionalmente, la elaboración del EIA debe acogerse a los
términos de referencia establecidos por la Autoridad Ambiental y a un conjunto
de normas – leyes, decretos, resoluciones – que regulan diferentes aspectos que
deben ser tratados en el estudio.
El EIA de la Quebradona fue elaborado
por INTEGRAL – firma con más de 60 años de experiencia en ingeniería de
consulta – y en él participaron 77 profesionales de diversas disciplinas y se
contrataron los servicios de 22 firmas especializadas para realización de
sendos estudios específicos requeridos para la caracterización ambiental. Las investigaciones y actividades de campo
del EIA de la Quebradona, que consta de más de 5.000 folios distribuidos en 33
partes, se adelantaron entre mayo de 2014 y abril de 2019.
El estudio fue presentado a
la ANLA en diciembre de 2019, como sustento de la solicitud de licencia
ambiental del proyecto Minera de Cobre Quebradona. El 23 de enero de 2020 la
Autoridad Ambiental expidió el auto de indicio del trámite administrativo de la
solicitud de licencia y la consiguiente evaluación del EIA. El 25 de marzo de
2020, la ANLA reconoce 64 terceros intervinientes en el trámite, entre los
cuales están COMFAMA, la Corporación Agroambiental Verdeagua y el alcalde del
municipio de Támesis. Sucesivos autos expedidos a lo largo de 2020 y 2021 reconocieron
145 terceros intervinientes adicionales. Entre el 17 y el 27 de noviembre de
2020 se adelantó reunión de solicitud de información adicional de la cual
salieron 174 requerimientos de información adicional, descritos en el acta de
la misma, Acta 66 de Información Adicional. En enero de 2021 la AGA-MCQ
presentó la información adicional requerida. El 25 de octubre de 2021, la ANLA,
mediante el Auto 9023, ordena el archivo de la solicitud de licencia.
El Auto 9023 de archivo
señal que “la información presentada es insuficiente y la faltante
indispensable para que la ANLA tenga certeza del área de influencia del
proyecto, la caracterización ambiental, la identificación de impactos que
puedan ocasionarse y la pertinencia de las medidas de manejo propuestas”
En el Acta 66 se hicieron
174 requerimientos, el Auto 9023 señala que la información suministrada en 30
de ellos fue incompleta. Esto significa que el 83% de los requerimientos se
respondieron satisfactoriamente, pero las cosas no son así en la evaluación
ambiental en donde unos pocos impactos lo suficientemente graves y claramente
irremediables bastan para negar una licencia. En casi todos los proyectos la
discusión ambiental se refiere a unos cuantos impactos. La Quebradona no es la
excepción.
La caracterización ambiental
es, por así decirlo, el núcleo técnico-científico del EIA pues marca la línea
base a partir de la cual se hace todo. El análisis ambiental consiste
básicamente en superponer el proyecto a un territorio para tratar de establecer
mediante diferentes técnicas los impactos que se producen. Por ello, una buena
caracterización ambiental es definitiva al igual que una adecuada delimitación
del territorio, que no es otra cosa que la definición del área de influencia
del proyecto. A juicio de los técnicos de la ANLA, la respuesta de 11 de los 53
requerimientos relativos a la caracterización ambiental fue insuficiente. Por
si solo este incumplimiento no bastaba para archivar o negar la licencia,
podría haberse otorgado condicionada a que el licenciatario supliera la información
posteriormente. Igual tratamiento habría podido darse a los requerimientos
también insuficientes relativos a la demanda y aprovechamiento de recurso
naturales (1 de 29) y a la evaluación ambiental (3 de 20).
Aunque el campo de análisis
y discusión ambiental es amplio y variado, en cada proyecto las cuestiones que
dan lugar a conflictos y que a la postre definen la suerte del proyecto suelen
ser solo unas cuantas. La Quebradona no es la excepción y en su caso la
discusión fundamental tiene que ver con el manejo de los relaves, el problema
de la subsidencia y la delimitación del área de influencia.
2.
El manejo de los relaves
Los relaves son los residuos
no aprovechables de los procesos mineros y están constituidos por roca molida,
lodo y residuos minerales sin valor económico. El manejo de los relaves es uno
de los principales problemas ambientales de la minería en todo el mundo. Su
disposición en depósitos al aire libre genera numerosos impactos como la
contaminación de las aguas y el deterioro del paisaje, pero esto no es lo
planteado en el EIA de la Quebradona.
En la Quebradona se proyecta
un depósito de relaves filtrados con una capacidad 58,8 millones de
metros cúbicos de 160 hectáreas de extensión. Estas cifras han llevado a que
algunos detractores del proyecto hagan una caricatura del método de disposición
empleado. Se ha creado la imagen de que se trata de una inmensa pila de
escombros y lodo de dos veces el tamaño del Cerro Nutibara del Valle de Aburrá
que ofende el paisaje de manera desconsiderada. Otro opositor lo compara con el
cerro de Monserrate en Bogotá. Las cosas son mucho menos dramáticas.
El proceso de filtración
reduce la humedad sustancialmente de tal suerte que los materiales dispuestos
están relativamente secos y en ningún caso son lodos deslizantes.
Adicionalmente, a medida que avanza la acumulación se van revegetalizando los
tramos consolidados que están adosados a la montaña pues no se trata de un
otero aislado en medio de un valle, como sugiere la comparación con el Cerro
Nutibara.
Una eventual falla de las
estructuras de contención puede dar lugar a movimientos de masa con
consecuencias sobre los terrenos circundantes, los cuerpos de agua y la misma
población. Según la ANLA, ni en el EIA
presentado por la AGA-MCQ ni en la respuesta a los requerimientos de la
Autoridad Ambiental se presenta información satisfactoria sobre el manejo
ambiental de esos residuos.
Específicamente, en el
requerimiento 2.10 del Acta 66, la ANLA pidió a la Minera lo siguiente:
“Complementar y ajustar el
análisis de alternativas para la disposición y manejo de relaves de conformidad
con lo establecido en el numeral 3.4 de los términos de referencia, descartando
las alternativas que no son ambientalmente responsables, según la los estipula
la Metodología General para la elaboración y presentación de Estudios
ambientales”
Sobre la respuesta dada por
AGA-MCQ a este requerimiento, en el Auto de archivo, la ANLA concluyó lo
siguiente:
“…el equipo evaluador de la
ANLA considera que en el EIA no se atendió lo solicitado en la argumentación del requerimiento 2.10,
específicamente con
respecto a cumplir a cabalidad los términos de referencia TdR-13 en lo que
tiene que ver con el numeral 3.4
Beneficio y transformación de minerales”
Frente a esto, los críticos del proyecto insisten en
que el único método de disposición ambientalmente viable sería el del retrollenado
que consiste en el bombeo del material de residuos, mezclado con concreto, al
interior de las cavernas dejadas por la actividad minera. Este método se aplica
fundamentalmente en las minas de carbón. El problema es que, dado el
procedimiento de explotación de la Quebradona, que busca maximizar el material
valioso, no quedan cavernas dónde hacer el retrollenado. Si así fuera no
existiría el problema de la subsidencia.
De todas formas, dados los volúmenes del material y
las resistencias que ha suscitado la forma de disposición propuesta, es dable
considerar en lugar de un único método una combinación de varios de ellos.
Puede evaluarse que parte del material se utilice productivamente en el
afirmado de carreteras y caminos veredales. También puede pensarse en
disponerlo en minas de carbón abandonadas que abundan en las cercanías del
proyecto, como las del municipio de Amagá.
Otro asunto que ha planteado la Autoridad Ambiental
es el del riesgo de movimientos de masa, formulado en los requerimientos 9.32 y
9.33 del Acta 66 de requerimientos de información. Específicamente, la ANLA
requirió lo siguiente:
“Complementar y ajustar el
análisis de riesgo por remoción en masa para todos los taludes que se generen
en las distintas fases del proyecto, indicando los criterios tenidos en cuenta
para la valoración de la amenaza, la probabilidad de falla y la valoración de
los elementos expuestos”
“Complementar y ajustar la
valoración del escenario de falla para los depósitos de materiales en el
proyecto, en el que considere la posible saturación, licuación dinámica (p.e.
por sismo), licuación estática, desbordamiento y erosión de los taludes, así
como el potencial de agrietamiento por desecación y de tubificación de los
mismos, indicando los criterios tenidos en cuenta para la valoración de
amenaza, la probabilidad de falla y la valoración de vulnerabilidad de los
elementos expuestos”
La ANLA, en el Auto de
archivo, desechó la respuesta a este requerimiento en los siguientes términos:
“La falta de consistencia en
la información presentada en el componente de geotecnia y sus anexos, así como
en los análisis de estabilidad para condiciones extremas de sismo y
precipitación, generan un alto grado de incertidumbre en la valoración del
riesgo por movimientos en masa. Por lo anterior, el equipo evaluador de la ANLA
determinó que no se atendió el requerimiento 9. 32…”
Esta es una cuestión
eminentemente técnica y es en ese terreno en el que debe dirimirse. La AGA-MCQ
no puede hacer caso omiso de las inquietudes planteadas por la ANLA y, por el
contrario, está obligada a tenerlas en cuenta en el nuevo EIA, si quiere que
tener una respuesta favorable a su solicitud de licenciamiento. Por su parte,
la ANLA está obligada a responde técnicamente sin acomodarse a las presiones de
los detractores del proyecto.
3.
Subsidencia
El otro asunto
ambientalmente complejo es el de la subsidencia, la cual consiste en el
hundimiento del terreno como consecuencia de la explotación minera. En el caso
de la Quebradona, se estima un hundimiento en una zona de 72,9 hectáreas. Aquí
también se ha trasmitido la falsa imagen de que la subsidencia consiste en la
aparición súbita de un inmenso cráter en medio del terreno o, también se ha
dicho, de un hueco en forma de embudo muy empinado. Nada más lejano de la
verdad.
La subsidencia es un proceso
de hundimiento lento y gradual que se va desarrollando a lo largo de los años.
En el caso de la Quebradona se estima que empiece hacia el séptimo año de explotación.
La subsidencia plantea dos problemas: el manejo de las aguas lluvias y de
escorrentía y el de sus impactos sobre el paisaje. El EIA contempla programas
de manejo para cada uno de ellos.
Con relación al área de
subsidencia, en el Programa de manejo de aguas lluvias y de escorrentía se
plantea la construcción de un sistema de drenaje que permita captar y derivar
las aguas hacia los flujos naturales fuera del área de subsidencia para
minimizar la afectación sobre las cuencas existentes. Esto se ira haciendo de
forma progresiva, a medida que avance la subsidencia, construyendo canales y
tubería, los primeros de los cuales que estarán en operación a partir del
cuarto año de explotación y se irán aumentando en los siguientes.
El programa de manejo del
paisaje busca, para el área de subsidencia, mantener las coberturas vegetales.
Se realizará un aprovechamiento forestal de la plantación de pino existente, la
cual será sustituida con especies arbóreas de menor porte buscando el
enriquecimiento forestal del bosque de galería y de los pastos arbolados. Si
esto se realiza de forma exitosa, al final el área de subsidencia tendrá la
apariencia de una depresión natural del terreno.
En su evaluación del EIA, la
ANLA no cuestionó la pertinencia de los programas propuestos para el manejo de
la subsidencia en los referentes a las aguas lluvias y de escorrentía y a la
cuestión paisajística. Los requerimientos formulados – el 4.32 y el 4.33 – se
refieren a los aspectos técnicos sobre la dimensión espacial y la dinámica
temporal de la subsidencia. Específicamente se requirió lo siguiente:
“Complementar, ajustar y
soportar la información de evaluación geotécnica subterránea, así como la
metodología de estimación y cuantificación del hundimiento en el macizo y de la
subsidencia que se manifestará en superficie”
“Presentar un modelo
numérico que permita estimar el avance tanto temporal como espacial de la
subsidencia para cada uno de los niveles de explotación de la mina…”
En el Auto de archivo, el
ANLA señala que estos requerimientos no fueron atendidos satisfactoriamente. La
Minera, por su parte, insiste en que la información aportada es suficiente.
Aquí también hay un problema técnico que debe ser abordado en esos términos.
4.
El área de influencia
La definición del Área de
Influencia es un asunto crucial pues en ella es donde se producen los impactos
y donde, en consecuencia, deben aplicarse los programas del PMA. Tomando como punto de partida el área de
intervención o localización del proyecto, el área de influencia debe definirse
para cada uno de los medios – abiótico, biótico y socioeconómico – en cada uno
de sus componentes. El procedimiento consiste en identificar y caracterizar los
impactos y proceder a su espacialización en el territorio aplicando diversos
criterios.
En muchos casos, la
espacialización de los impactos y la medida de su intensidad pueden hacerse de
forma bastante objetiva, pero en otros el criterio del evaluador juega un papel
importante. Esta es la situación se presenta de forma marcada con relación al
medio socio-económico. Vemos algunos ejemplos.
Tomemos el caso del impacto
“Dinamización temporal de la economía local” definido como “alteración temporal
de las dinámicas de producción, oferta y demanda de mano de obra, bienes y
servicios, que modifican la economía local y el nivel de ingresos de la
población”. Aquí el criterio de
espacialización utilizado es la identificación de las poblaciones en las cuales
se espera o prevé contratar mano de obra y demandar bienes y servicios
para los fines del proyecto y los indicadores son el número de personas
contratadas y el número de proveedores procedentes de esas poblaciones. En
principio el procedimiento es razonable, pero la definición del listado de
unidades territoriales – veredas, corregimientos, municipios – en los cuales se
prevé contratar mano de obra y demandar bienes y servicios puede ser materia de
discusión.
Otro caso notable es el
impacto “Incremento de las finanzas municipales” definido como la “modificación
en el nivel de ingresos del municipio por concepto de regalías de ley e
impuestos asociados a la presencia de proyectos en la zona”. Aquí es evidente
que la definición del municipio o municipios impactados debe hacerse
previamente, y con base en criterios externos, a la espacialización del impacto
y a su cuantificación.
También se ha planteado que
el EIA omite la consideración de un impacto socio-económico de mucha
importancia cual es el efecto sobre los precios locales de bienes y servicios
puede generar la mayor demanda asociada al proyecto en todas sus etapas. Ese
encarecimiento del costo de vida puede trascender, se dice, los territorios
incluidos en el área de influencia.
Lo cierto del caso es que en
alguna parte debe delimitarse el área de influencia y que esa delimitación no
dejará satisfecho a todo el mundo. Sin embargo, la discusión no debería
politizarse ni estar guiada por intereses económicos que no se manifiestan directamente
y se ocultan tras argumentos supuestamente técnicos. La ANLA debe cuidarse de ser
influenciada por esas consideraciones.
Se ha argumentado, por
ejemplo, que la AGA-MCQ se resiste a incluir dentro del área de influencia a
Támesis porque en ese municipio hay una gran oposición política al proyecto y,
principalmente, por la existencia de un resguardo indígena lo cual obligaría a
la realización de un proceso de consulta previa. La validez de este argumento
es cuestionable pues de la misma forma puede argumentarse que los opositores
del proyecto buscan la inclusión de Támesis para dificultar su desarrollo
obligando a la realización de una consulta previa cuyo resultado es incierto.
Tanto la AGA-MCQ, en su eventual reformulación del EIA, como la ANLA, en la
evaluación, deben tratar de hacer abstracción de este tipo de consideraciones.
Sobre la delimitación del
área de influencia la ANLA formuló cinco requerimientos: el 3.2 referente al
impacto sobre las aguas superficiales y subterráneas, el 3.4 relativo al
paisaje, el 3.5 a la flora y el 3.6 a la fauna y el 3.7 sobre el medio
socio-económico.
Eso requerimientos son
excesivamente generales. Por ejemplo, en el caso del medio socioeconómico,
requerimiento 3.7, se dice:
“Redefinir el área de influencia
del medio socioeconómico, de tal forma que la misma contemple la totalidad de
las unidades territoriales, corregimientos, veredas, sectores de vereda,
inspecciones de policía u otras unidades reconocidas administrativa o
socialmente, que puedan verse impactadas con la ejecución del proyecto; dicha
área debe contemplar aquellas zonas hasta donde trasciendan los impactos
significativos identificados para los diferentes medios y componentes, producto
de los ajustes solicitados en la información adicional”
Evidentemente, la ANLA no
está de acuerdo con la delimitación del área de influencia del medio
socioeconómico, pero debería decir por qué razón o conjunto de razones no lo
está. Aplicando métodos y criterios, el EIA delimitó esa área de influencia. El
requerimiento ha debido referirse a los métodos y criterios empleados y no a la
delimitación resultante de los mismos. Como no se le ha indicado dónde está el
error metodológico o de criterio, el solicitante se encuentra en la oscuridad
tratando de hacer a tientas una delimitación que sea satisfactoria para la
Autoridad Ambiental.
No obstante, no puede
hacerse caso omiso de consideraciones hechas sobre el área de influencia que,
FEDESARROLLO resume de la siguiente forma:
A nuestro juicio, y en concordancia con las
opiniones de COMFAMA y CORANTIOQUIA, el área de influencia definida delimitada
en el EIA es estrecha. Esto, en esencia, por la subestimación del ámbito
geográfico de los impactos del proyecto sobre la hidrología y la hidrogeología
de la zona y, consecuentemente, sobre los componentes biológicos y
socioeconómicos. (PROANTIOQUIA-FEDESARROLLO 2021, página 100)
VII.
Conclusiones
1.
Históricamente la minería jugó un papel fundamental
en el desarrollo económico de Antioquia y del Suroeste, impulsando el avance de
la caficultura y de la agricultura en general.
2.
La demanda de cobre en el mercado internacional es
creciente y su dinamismo estará ligado a la llamada transición energética como
quiera que los vehículos eléctricos y la infraestructura de las energías
renovables no convencionales son intensivas en el uso del cobre.
3.
La explotación y exploración del cobre es incipiente
en Colombia, aunque su potencial es significativo dado que las reservas se
estiman entre 30 y 50 millones de toneladas.
4.
La Quebradona tiene impactos significativos sobre la
actividad económica de Antioquia y el Suroeste en virtud de sus encadenamientos
con otros sectores de actividad, contribuiría al aumento de las exportaciones y
generaría importantes regalías. El Government Take de la Quebradona se estima
en 52,2%, representado en un ingreso total – impuestos de todo tipo más
regalías – de US$ 1.620 millones en valor presente de 2020.
5.
Los yacimientos de la Quebradona no están situados
en un desierto sino en un territorio agrícola y recreativo. El proyecto tiene
impactos y riesgos ambientales significativos que deben ser correctamente identificados
y evaluados para que los planes de manejo y de contingencia sean los más
adecuados.
6.
En la reformulación del EIA que seguramente tendrá
que hacer la AGA-MCQ no puede hacer caso omiso de las inquietudes técnicas
planteadas por la ANLA y algunos intervinientes. La ANLA, por su parte, debe
ser más precisa en sus requerimientos y mantenerse en lo estrictamente técnico
tal como está establecido en los términos de referencia y en las metodologías
de evaluación.
7.
En proyectos como la Quebradona, de amplias
repercusiones económicas, en el proceso de licenciamiento debe tenerse en
cuenta también el interés de todos los colombianos y no solo el de los
habitantes y propietarios de las cercanías del proyecto o de su área de
influencia más inmediata.
Bibliografía
AGA-MCQ -INTEGRAL (2019). EIA
Proyecto la Quebradona.
ANLA. Auto
9023 del 25 de octubre de 2021.
ANLA. Acta 66 de Requerimientos de Información de
2020.
Brew, Roger (2000) El desarrollo económico de Antioquia
desde la Independencia hasta 1920. Segunda edición. Editorial Universidad
de Antioquia, Medellín, 2000.
COMFAMA-MUÑOZ TAMAYO ASOCIADOS. (2021) Análisis del
estudio de impacto ambiental del proyecto minero Quebradona.
Hoyos, F. y Cock, J.E. (2019). Consideraciones
sobre el proyecto Minera Quebradona de AngloGold Ashanti.
https://es.calameo.com/books/00230445376caec85d918
McGreevey, William Paul (2015). Historia económica
de Colombia, 1845 – 1930. Segunda edición. Universidad de los Andes,
Bogotá, 2015.
Meisel Roca, A. y Ramírez, M.T. (2015) La economía
colonial de la Nueva Granada. Fondo de Cultura Económica, México y Bogotá,
2015.
PROANTIOQUIA-FEDESARROLLO (2021) Proyecto minero Quebradona. Aspectos económicos,
government take y observaciones sobre el Estudio de impacto ambiental.
UPME
(2021) Indicadores económicos de la minería.
https://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/IndicadoresEconomicos.aspx
UPME
(2012) La cadena del carbón en Colombia. Imprenta Nacional de Colombia,
Bogotá, 2012. http://www.upme.gov.co/Docs/Cadena_carbon.pdf
UPME
(2018) COBRE. Caracterización y análisis de mercado internacional de
minerales en el corto, mediano, y largo plazo con vigencia al año 2035. Bogotá.
2016. http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Datos/mercado-inter/Producto%202_Cobre_FINAL_12Dic2018.pdf
