La fantasía de Petro que puede arruinar a Colombia

 

La fantasía de Petro que puede arruinar a Colombia

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Una de las propuestas de Gustavo Petro que probablemente atrajo el voto de muchos jóvenes de gran corazón y flaco magín fue convertir a Colombia en “líder en la lucha contra el cambio climático”, según reza en su programa. En el discurso de la victoria reiteró esa intención: "Queremos que Colombia se coloque al frente en el mundo de la lucha contra el cambio climático".

En 2021, el PIB mundial fue de ochenta y siete billones de dólares (87.000.000.000.000) y las emisiones de CO2 fueron treinta y seis mil trescientos millones de toneladas (36.300.000.000). En el mismo año, el PIB de Colombia fue de doscientos setenta mil millones de dólares (270.000.000) y las emisiones de CO2 de ochenta millones de toneladas (80.000.000). Es decir, el PIB colombiano es el 0,31% del mundial y las emisiones de su producción el 0,23% de las emisiones mundiales.

Con esas cifras, decir que Colombia debe liderar – ir a la cabeza en su significado literal – la lucha contra el calentamiento global, parece un chiste y, sin embargo, no lo es para Gustavo Petro quien, con espíritu de mesiánico iluminado, está empecinado en hacerlo. La economía colombiana podría desaparecer mañana y su ausencia prácticamente no se notaría en el PIB mundial y su efecto sobre el calentamiento global sería menos que insignificante. Lo grave es que el Mesías Climático dispone de los medios para intentar realizar su fantasía, arruinando de paso la economía colombiana.

La licencia ambiental es el activo más importante de cualquier productor en el sector minero-energético. A diferencia de la concesión, la licencia ambiental no es un contrato entre el gobierno y una persona privada, sino un acto unilateral del primero que puede ser suspendido en cualquier momento. La entidad que otorga las grandes licencias es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la cual depende directamente de la Presidencia de la República.

Además del fracking, Petro detesta la exploración petrolera, la explotación de yacimientos de gas costa afuera, la minería a cielo abierto, la minería de metales, etc. La ANLA puede negarse, como seguramente lo hará, a otorgar nuevas licencias y puede, también, suspender unilateralmente las existentes.  El 8 de agosto, por ejemplo, la ANLA puede suspender las licencias ambientales de los pilotos de fracking que adelanta Ecopetrol en Puerto Wilches.

Las reservas probadas de petróleo en Colombia son de 2.039 millones de barriles y las de gas natural de 3.164 giga-pies cúbicos, lo cual arroja una relación reservas producción 7,6 y 8 años, respectivamente. Sin exploración, pronto esas reservas declinarán, se hará sentir la escasez y será necesario importar cantidades crecientes de hidrocarburos.

¿De dónde importar? Nada más ni nada menos que de Venezuela, ha propuesto el presidente electo. De la confiable Venezuela. La ruina y la dependencia energética del País.  

LGVA

Junio de 2022.

Una decisión en contra de EPM

 

Una decisión en contra de EPM

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La decisión hundir el proyecto de acuerdo 65 que autorizaba la venta de las participaciones de EPM en UNE Telecomunicaciones, tomada el martes 21 de junio por la Comisión Primera del Concejo de Medellín, es totalmente contraria al interés de Empresas Públicas de Medellín. Los cuatro concejales que mayoritariamente rechazaron el proyecto, lo hicieron por consideraciones puramente políticas, oposición por oposición, escudados en el pobrísimo argumento de no confiar en el uso que de los recursos líquidos haría la administración municipal.

Los recursos de la eventual venta llegan a EPM y pasan por el balance, en lo fundamental. Solo una pequeña parte - ganancia en enajenación de acciones, si la hay - pasaría por el estado de resultados afectando las transferencias al Municipio. En el pliego de modificaciones del proyecto de acuerdo había una cláusula indicando que los recursos serían utilizados exclusivamente en el programa de inversiones de EPM matriz. El traslado de esos recursos al Municipio tendría que ser objeto de otra autorización por parte del Concejo. La garantía era total.

Al no contar con esa autorización, se corre el riesgo de que EPM pierda la posibilidad de hacer uso de la cláusula de salida cuyo plazo vence en agosto de 2024. Según dicha cláusula, Millicom tiene derecho de preferencia sobre las acciones de EPM y, además, en caso de no querer ejercerlo, esto es lo importante, tiene la obligación de salir a vender a un tercero, conjuntamente con EPM. Si se deja vencer esa cláusula, la inversión de EPM quedaría atrapada y condenada a una continua y creciente desvalorización.

Sin los recursos de esa enajenación, estimados en unos 2.5 billones, EPM tiene que salir a endeudarse en 6.5 billones para financiar sus programas de expansión. En las actuales circunstancias – aumento del riesgo País y del riesgo propio de EPM- salir por más deuda no es una buena opción.  

No está la alternativa de salir de otras inversiones donde no se tiene control o de baja rentabilidad, como las acciones de ISA y el acueducto de Malambo, pues esas ventas enfrentarían la misma objeción de los concejales opositores: “no confiamos en el alcalde”. Estas ventas, que no tienen objeción desde el punto de vista sindical, resolverían el problema de liquidez, pero no evitarían el deterioro del valor de la participación en UNE – Telecomunicaciones.

No debe olvidarse el asunto de los empleados y trabajadores que salieron de la matriz en 2006 con la escisión de UNE telecomunicaciones y llegaron a TIGO en la fusión de 2013: deben ser protegidos. Su número no es muy elevado, unos 250, y podrían ser absorbidos por la matriz o algunas de las filiales. El acuerdo debería incluir un artículo que ordenara esa incorporación a la que voluntariamente podrían acogerse los beneficiarios.

Es posible apelar la decisión de la comisión primera y hacer que el proyecto de acuerdo 65 sea discutido nuevamente en otra de las comisiones del Concejo y luego en la plenaria. Esto debe hacerse lo más pronto posible para que la Empresa cuente con tiempo suficiente para realizar todas las gestiones necesarias para la enajenación antes de que expire el plazo de vigencia de la cláusula de salida.

Sería lamentable que EPM aumente su endeudamiento en circunstancias tan desfavorables o reduzca sus inversiones – lo que a la postre afectará la calidad de los servicios – como consecuencia de una oposición política mal fundamentada y peor ejecutada. Hay muchas razones para oponerse a la administración de Quintero Calle, pero eso no puede hacerse en detrimento del interés de largo plazo de la Empresa.

LGVA

Junio de 2022.

Diez razones para no votar por Petro

 

Diez razones para no votar por Petro

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

1.    Petro es un comunista convencido como lo declara sin ambages en su autobiografía.  Es un marxista leninista más estructurado que Fidel Castro y más mesiánico que Hugo Chávez. Cree que para salvar a la humanidad del cambio climático hay “que superar el capital” y “producir solo cosas necesarias”. Y él es el ungido para esa tarea. Comunismo puro y duro. Todas las demás propuestas de “cambio” son puros distractores para atraer incautos.

 

2.    Petro es el candidato del Foro del Sao Paulo. Todos los partidos y movimientos que apoyan a Petro hacen parte del Foro de Sao Paulo, organización fundada en 1990 por Fidel Castro y Lula da Silva con el objetivo de “transformar las relaciones de producción capitalista”, como reza en el documento programático “Consenso de Nuestra América”, elaborado por el Grupo de Trabajo del Foro, reunido en Managua, en febrero de 2017, bajo el liderazgo de los dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega; Venezuela, Nicolás Maduro; y Cuba, Miguel Díaz-Canel.

 

3.    Petro es, en consecuencia, el candidato de los tres dictadores más sangrientos en la historia reciente de América Latina: Daniel Ortega de Nicaragua, Nicolás Maduro de Venezuela y Miguel Díaz-Canel de Cuba.

 

4.    Petro es el candidato de las Farc, el ELN, de los narcotraficantes del Clan del Golfo y de los políticos más corruptos del País, incluidos los presos en la Picota, que no desean otra cosa que continuar a sus anchas el saqueo del erario.

 

 

5.    Petro propone la falsificación monetaria masiva hasta destruir completamente la moneda despojándola de todo poder adquisitivo, como lo hizo Lenin en Rusia, como lo hizo Castro en Cuba, como lo hizo Chávez en Venezuela. La destrucción de la moneda nacional se acompaña de la prohibición absoluta para la mayoría de la población del acceso a otras monedas. Despojada de moneda, la gente queda a merced de la tiranía que manu militari decide dónde puedes vivir, a dónde puedes ir o lo que puedes comer.

 

6.    Petro propone robar el alimento de los pobres provocando escasez y desabastecimiento mediante el control de los arriendos, los precios y los salarios y elevando los aranceles para que la importación de bienes y servicios solo esté al alcance la oligarquía corrupta que mediante el control de cambios monopoliza el acceso a las divisas.

 

7.    Petro propone impuestos confiscatorios sobre la tierra, la expropiación del ahorro pensional y aumentar los impuestos nacionales más de 30% para financiar las nóminas de sus amigotes y repartir, troche y moche, subsidios permanentes y no condicionados a todas las clientelas políticas.

 

8.    Petro propone prohibir la construcción de centrales hidroeléctricas lo cual significaría desperdiciar un potencial de 60,000 MW y llevaría al racionamiento y al encarecimiento de la electricidad.

 

9.    Petro propone prohibir la exploración de petróleo, el fracking, la minería y la explotación de yacimientos de gas costa afuera lo cual reduciría un 40% los ingresos externos del país y llevaría al racionamiento de energía y al alza de su precio.

 

 

10. Petro, para implantar su tenebroso programa de destrucción de la economía y empobrecimiento generalizado, acabará con las libertades, desmantelará la democracia, censurará la prensa y violentará el estado de derecho.  

LGVA

Junio de 2022.

La venta de UNE: cuanto antes, mejor

 

La venta de UNE: cuanto antes, mejor

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

Empezó a discutirse en el Concejo de Medellín el proyecto de Acuerdo 065 de 2021, mediante el cual se autoriza a EPM para vender sus participaciones accionarias en UNE EPM Telecomunicaciones. De darse esa autorización y concretarse la enajenación, EPM saldría completamente del negocio de las telecomunicaciones, lo que está tratando de hacer desde hace más de 25 años.

Las leyes 142 y 143 de 1994 produjeron una extraordinaria transformación del sector de servicios públicos domiciliarios en el marco de la cual EPM se convirtió de    empresa municipal confinada al Valle de Aburrá en la matriz de un grupo empresarial con presencia en otras regiones de Colombia y otros países de América Latina.

Durante toda la expansión nacional e internacional de sus actividades, EPM ha tenido que lidiar con una asimetría institucional de acuerdo con la cual las decisiones de compra de activos se toman con criterio fundamentalmente financiero mientras que en las de venta intervienen consideraciones de tipo político. Las inversiones las autoriza la Junta Directiva, que se presume es un organismo técnico, mientras que las desinversiones las debe autorizar el Concejo Municipal de Medellín, que es evidentemente político.

La discusión del Acuerdo 065 está marcada más que cualquier otra por cuestiones políticas. Al parecer, la mayoría de los concejales están convencidos de la conveniencia financiera de la enajenación de esa participación, pero algunos se oponen por consideraciones de tipo político. Más específicamente, esos opositores no confían en que la alcaldía y la administración de EPM le de un uso adecuado a los recursos. También hay resistencia por parte de los sindicatos y de algunos opositores arropados en la bandera de la sacrosanta propiedad pública.  

Comparto totalmente la desconfianza frente a la alcaldía y la actual administración de EPM, funcionarios y junta directiva. Sin embargo, creo que eso no debe ser óbice para autorizar la enajenación pues, tal como está el proyecto de acuerdo, los recursos de la eventual venta llegan a EPM y pasan por el balance, en lo fundamental, solo una pequeña parte - ganancia en enajenación de acciones, si la hay - pasaría por el estado de resultados afectando las transferencias al Municipio. En el pliego de modificaciones se propone la inclusión de una cláusula indicando que los recursos deben utilizarse en el programa de inversiones de EPM, dando prioridad a Hidroituango. El traslado de esos recursos al Municipio tendría que ser objeto de otra autorización por parte del Concejo

Los empleados y trabajadores que salieron de la matriz en 2006 con la escisión de UNE telecomunicaciones y llegaron a TIGO en la fusión de 2013, deben ser protegidos. Su número no es muy elevado, unos 250, y podrían ser absorbidos por la matriz o algunas de las filiales. El acuerdo debería incluir un artículo que ordenara esa incorporación a la que voluntariamente podrían acogerse los beneficiarios.

La autorización debe darse pronto pues el tiempo es muy ajustado para que EPM pueda hacer uso de la cláusula de salida cuyo plazo vence en agosto de 2024. Según dicha cláusula, Millicom tiene derecho de preferencia sobre las acciones de EPM y, además, en caso de no querer ejercerlo, esto es lo importante, la obligación de salir a vender a un tercero, conjuntamente con EPM. Si se deja vencer esa cláusula, la inversión de EPM quedaría atrapada y condenada a una continua y creciente desvalorización.

Hace unos 25 años, el Concejo de Medellín rechazó un proyecto de acuerdo por medio del cual se autorizaba la escisión del negocio de telecomunicaciones de EPM y su transformación en una sociedad por acciones que se venderían al público. En ese entonces, el corazón del negocio era la telefonía fija conmutada. El internet y la telefonía celular apenas despuntaban, la telefonía de larga distancia era aún un monopolio extremadamente rentable. Las empresas multinacionales que se lanzaban a la competencia compraban operadores de telefonía fija y las transacciones se tasaban un precio unitario por línea de telefonía fija conmutada.

EPM tenía 800.000 líneas fijas que se estaban pagando a US$ 1.500. Es decir, su negocio de telecomunicaciones valía unos US$ 1.200 millones, que traídos a valor presente a una tasa de 3% - la de los bonos del tesoro de USA a 10 años – equivalen de US$ 3.500 millones. La participación que hoy trata de vender EPM vale unos US$ 500 millones. No hay que repetir el error de los concejales de hace 25 años que con su decisión causaron esa espantosa destrucción de valor alegando defender el patrimonio público.

LGVA

Junio de 2022.