HIDROITUANGO:
ENTRE CARIBDIS Y ESCILA
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista
En su largo vieja de regreso a
Ítaca, después de combatir en la guerra de Troya, el astuto Ulises tuvo que
atravesar las procelosas aguas del estrecho de Mesina, a cada uno de cuyos
lados había un terrible monstruo: Caribdis, a la derecha, Escila, a la izquierda.
El mar embravecido arrojaba en un lado a otro el frágil bajel poniéndolo
sucesivamente bajo las aterradoras fauces del maligno Caribdis o al alcance de
las terribles garras del perverso Escila.
Después de años de estudios;
de duros trabajos para lograr el cierre financiero; de superar durante la
construcción grandes retos de ingeniería, desafíos ambientales, desmesuradas
demandas sociales y amenazas terroristas; Hidroituango navega hoy entre Quintero
Calle y Córdoba Larrarte, un par de novedosas amenazas que nunca había
enfrentado un proyecto de EPM en toda su historia y que ameritan una revisión
total de las metodologías de análisis de riesgo.
Ni el más potente algoritmo de
Google aplicado en todo el planeta habría podido encontrar un par de personajes
más insensibles al método racional y a la argumentación razonable y rodeados,
por desgracia, de los asesores más serviles e incompetentes - o ambas cosas a
la vez - que se pueda uno imaginar.
La lectura de la demanda de la
alcaldía contra los consorcios y de los sucesivos fallos de la Contraloría provocan
una desazón intelectual y un desasosiego emocional que lo hacen a uno exclamar:
¡Dios Mio, en manos de quién estamos!
A esta altura de la historia,
los abogados de la Contraloría, que llevan más de tres años metidos en un
proceso que tiene que ver con una planta productora de electricidad, no
distinguen entre energía y potencia y escriben idioteces como “Hidroituango no
ha producido un solo KW” o “estaba programada para generar 2.400 MW diarios”. Está
bien, no tenían por qué saberlo al principio de la historia, pero es increíble
que a estas alturas no se le haya ocurrido preguntar.
Ese es el principal problema
de los fallos de la Contraloría: los abogados que los redactan no preguntan nada
a nadie y no se les ocurre preguntar porque creen saberlo todo. La ignorancia
no es un vacío sino una llenura, decía Platón. Una llenura de prejuicios.
Conocer no es saberlo todo, es saber hacer las preguntas en los términos de un
ciencia o disciplina y buscar la respuesta aplicando el método científico, es
decir, buscando evidencias. El ignorante no conoce los términos ni sabe hacer
las preguntas. El ignorante no pregunta porque cree saberlo todo, de ahí su
extrema peligrosidad.
La principal acusación que se
hace a los encartados es no haber actuado “con la diligencia del buen hombre de
negocios”. Esto es fundamental y vamos a examinarlos con cuidado pues de ahí se
desprende la sindicación de culpa grave.
¿Cómo llegan los abogados de
la Contraloría a esa conclusión? Aplicando
en todos los casos la falacia la falsa causa. Para entender esto es
necesario descomponer el “método de prueba” la Contraloría. Veamos:
El túnel ciertamente colapsó. Los
abogados de la Contraloría no pudieron establecer que el túnel cayó porque los
constructores construyeron mal o porque los diseñadores diseñaron mal o porque los
interventores interventoriaron mal o porque los asesores asesoraron mal. Tampoco
pudieron los abogados de la Contraloría encontrar el más leve signo de
corrupción.
Faltos de un responsable directo
o de un corrupto para caerle con todo, los abogados de la Contraloría se
inventaron la teoría de las múltiples circunstancias causales que se
presentaron a lo largo de 10 años y que inexorablemente condujeron al colapso
del túnel el 28 de abril de 2018. Toda decisión tomada o, incluso, dejada de
tomar entre el 1 de enero de 2008 y el 28 de abril de 2018 era susceptible de
ser interpretada como causante del colapso del túnel y todo participante o no
participante como responsable de esa calamidad. Necesariamente es una decisión
mala, ergo, quienes la tomaron “no actuaron con la diligencia del buen
hombre de negocios” y por tanto su culpa es grave.
Las hojas de vida de los
abogados de la Contraloría no muestran más que pequeños cargos en burocracias municipales
o departamentales. Ninguno de ellos, ninguno, muestra experiencia en negocio o
empresa alguna. La experiencia más notable del propio contralor Córdoba en
materia de negocios es haber dirigido el programa anti-contrabando de la Federación de Departamentos.
La “falta de diligencia del
buen hombre de negocios” es un elemento fundamental en la condena de responsabilidad
fiscal la Contraloría. Sus abogados no tienen derecho a imaginar, a suponer o a
inferir por introspección que los encartados no fueron diligentes. Tienen que
probarlo. No pierdan el tiempo: en las más de dos mil páginas no se encuentra
un concepto o dictamen de experto sobre el asunto. La Contraloría ha debido
consultar a dos, tres, cuatro escuelas de administración o negocios. Pero no. La
conclusión sale de la cabeza de personas que jamás han tenido un negocio o una
empresa o trabajado en la de otro.
La otra acusación que abunda
en el fallo de la Contraloría son los supuestos “problemas de planeación,
decisiones inoportunas e insuficientes de administración, dirección y control,
falta de diligencia de contratistas…”. Los abogados de la Contraloría no saben
como funciona una hidroeléctrica ni tienen idea de su construcción, no visitaron
ni una vez el proyecto que estudiaban, no recibieron asesoría especializada en
materia de túneles, presas, hidrología, etc. No hay en el fallo un solo soporte
pericial sobre la falta de planeación o las decisiones inoportunas procedente de una asociación profesional o escuela de ingeniería. No creyeron
necesario preguntarle a nadie, a ningún experto porque ya todo lo saben, porque
todo lo pueden deducir, ¡oh mentes privilegiadas! leyendo actas de junta directiva.
Para hacer honor a la verdad,
hay que decir que la Contraloría si tuvo un asesor en temas técnicos. Se trata
del ciudadano venezolano Jonathan Augusto Cárdenas Chacón, un ingeniero civil
graduado en 2007 y con un master no concluido en gerencia de construcción. La
hoja de vida del señor Cárdenas Chacón no reporta estudios ni experiencia en geología,
geotecnia, hidráulica o hidrología ni participación en diseño, construcción o
interventoría de centrales hidroeléctricas. La última experiencia técnica
reportada por el señor Cárdenas es la de “residente técnico de interventoría”,
entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de enero de 2020. ¡Háganme el favor!
Pero además de inferencias absurdas
y conclusiones sin fundamento ni prueba pericial alguna, los abogados de la
Contraloría tuercen la verdad. En
efecto, otra de las acusaciones de la Contraloría a varios de los imputados es
que ignoraron las recomendaciones del Board de Expertos sobre la galería auxiliar
de desviación, quienes supuestamente la desaconsejaban. Esto es enteramente
falso pues en su sexto informe, de diciembre de 2014, la junta de expertos
expresó lo siguiente:
“Desde la última reunión de la
Junta en julio de 2014, Integral estudió cinco alternativas para
complementación de la desviación del rio en su cierre final, contando con la
colaboración de la firma consultora INTERTECHNE, como fue decidido
anteriormente. Las alternativas estudiadas se enumeran a seguir:
A – Galería Auxiliar conectada
con el túnel de descarga 4.
B – Galería Auxiliar conectada
al túnel de desviación derecho.
C- Readecuación de las
estructuras de cierre en el túnel de desviación derecho.
D- Readecuación de las
estructuras de cierre en el túnel auxiliar izquierdo.
E – Dos galerías cortas
conectadas con los túneles de desviación derecho e izquierdo.
En el análisis de costos,
incluyendo las consideraciones de logística de construcción y riesgos
correspondientes a las principales actividades de cada alternativa, fue
seleccionada la alternativa A, que presentó el menor costo ponderado por riesgos
de las operaciones de construcción. La Junta de Asesores, cuyo miembro N.
Pinto tuvo oportunidad de discutir los principales puntos de la
alternativa A con el personal de Intertechne, está de acuerdo con esta
decisión”
Como es obvio, a los abogados
de la Contraloría no se les ocurrió buscar a los expertos y preguntarles sobre
el asunto.
La falta de rigor de la Contraloría
se expresa de forma palmaria en su insistencia en el plan de aceleración como
causa eficiente del colapso de la GAD. Por más que les parezca increíble a los
abogados de la Contraloría, en la construcción de cualquier hidroeléctrica o de
cualquier obra de ingeniería se presentan eventos que pueden ocasionar retrasos
en el cronograma y que frecuentemente dan lugar a la adopción de acciones de emergencia
si el costo de la inversión adicional es inferior al costo del atraso de la
puesta en marcha del proyecto.
En Hidroituango se presentaron
unos desprendimientos de roca en la bóveda de la caverna de transformadores que
ocasionaron suspensiones de las actividades del contratista de obras civiles.
Para recuperar el atraso causado por dichas suspensiones se concibió y
desarrolló el plan de aceleración. El plan de aceleración se decidió en 2015 y
nada, absolutamente nada, tenía que ver con la GAD que no hacía parte de la
ruta crítica del proyecto. Esto se lo han explicado una y otra vez a la
Contraloría en los recursos interpuestos, pero no ha habido forma de que sus
abogados entiendan.
Tampoco han preguntado los abogados
de la Contraloría sobre las consecuencias de sus decisiones. No se les ha
ocurrido pensar que la condena fiscal para recuperar los 4.3 billones – de los
cuales el seguro ha pagado la tercera parte - puede causar estragos cuyo valor quintuplica
esa suma. No han ido donde el administrador de mercado, la empresa XM, a
preguntar sobre le impacto del aplazamiento del Hidroituango en los precios de
la electricidad ni el riesgo de racionamiento que ello entraña. No han visitado
a la UPME, para informarse sobre el estado de los otros proyectos del plan de
expansión y evaluar si están en condiciones de suplir la energía faltante de
Hidroituango. No se han pasado por la GREG a inquirir por las consecuencias
para EPM de incumplir con sus compromisos de energía firme respaldados por la
potencia de Hidroituango. Tampoco se les ha ocurrido preguntarle a BID,
principal financiador del proyecto, si el aplazamiento lo llevaría a suspender desembolsos
faltantes y a aplicar las cláusulas de aceleración del pago de lo ya
desembolsado. No parecen haber hablado con MAPFRE sobre las consecuencias que su
fallo tendría sobre la decisión de seguir pagando, como lo ha venido haciendo, el
seguro todo riesgo, como quiera que ni el dolo ni la culpa grave no son asegurables.
El alcalde Quintero Calle ha
querido desde siempre sacar a los contratistas por motivos políticos o, quizás,
otros de naturaleza inconfesable. La demanda contra los consorcios, presentada
en agosto de 2020, tenía el propósito de desacreditarlos y justificar que sus
contratos no fueran renovados. El gerente Rendón comprendió que eso conduciría
a la parálisis del proyecto y que las consecuencias caerían sobre su cabeza. Se
negó a hacerle el juego a Quintero y entabló con los consorcios una negociación
que llevó a la firma del Acta de Modificación Bilateral 39, mediante la cual se
renovó el contrato de construcción y los trabajos en la obra pudieron continuar.
Quintero estalló en furia y, acusando a Rondón de haberse dejado en engañar al firmar
con una empresa, Camargo Correa Infra, creada para evadir responsabilidades por
Camargo Correa, lo sacó abruptamente de la gerencia con la complicidad de la
junta directiva. Todo eso resultó ser falso como ocurre con excesiva frecuencia
con el alcalde Quintero Calle.
En septiembre, el fallo de la
Contraloría en primera instancia le abrió a Quintero la oportunidad de deshacerse
de los consorcios sin asumir las consecuencias del inevitable retraso del
proyecto que eso provocaría. De inmediato se activó el llamado “Plan B” y
varias empresas constructoras visitaron el proyecto para enterarse del estado
de la obra. Quintero estaba de plácemes pues, una vez se confirmara el fallo en
segunda instancia, sacaría a los contratistas, sin importarle la parálisis del
proyecto y su gravosas consecuencias, porque eso sería responsabilidad de la
Contraloría. A fin de cuentas, él, Quintero, estaba simplemente cumpliendo la
ley que impide contratar con responsables de detrimento fiscal.
La suspensión de los términos
del proceso de la Contraloría para atender una recusación le arruinó la fiesta
a Quintero. Sin una condena de responsabilidad fiscal en firme, no había obstáculo
legal para continuar con los contratistas actuales. Como el gerente Carrillo Cardoso
sabe - como sabía Rondón López- que él será el responsable de los daños que
causaría la parálisis del proyecto, se metió en una intrincada negociación para
prorrogar el contrato a CCCI el tiempo requerido para conseguir un contratista
sustituto.
El fallo en segunda instancia de
la Contraloría se produce en el peor momento, cuando EPM y el Consorcio CCCI habían
alcanzado un preacuerdo anunciado públicamente el 25 de noviembre. El contrato
actual se prorrogaría 8 meses, más otros tres para un eventual empalme con el
contratista sustituto que saldría del proceso licitatorio que se adelantaría
entre tanto. Con esto se esperaba poner en operación dos unidades antes del 1
de diciembre de 2022 y cumplir así con el compromiso de energía firme. El mismo
día 25 de noviembre la Procuraduría patea el tablero al negar la recusación contra
la Contraloría que había suspendido el proceso y al otro día, con increíble
celeridad, ésta anunció el fallo en segunda instancia contra las 26 personas
naturales y jurídicas vinculadas al proceso. Y ahí está otra vez el País entero
en vilo sin saber qué va a pasar con Hidroituango a partir del primero de enero
de 2022.
Tiene que haber algo muy
deficiente en nuestra democracia que permita que personas como Quintero Calle y
Córdoba Larrarte tengan entre manos una decisión que exige una sensatez y una
sabiduría de la que evidentemente carecen. Tiene que haber algo muy deficiente
en nuestras instituciones que permita la actuación de esos personajes haciendo grandes
daños sin que nadie pueda impedirlo. La única que al parecer podía hacerlo era
la Procuraduría, pero su titular decidió dejar con las manos libres a ese par
de irresponsables. Muy decepcionante la actuación la procuradora Margarita Cabello
Blanco.
Como se sabe, eludiendo las
amenazas de los aterradores Caribdis y Escila, el esforzado Ulises llegó
finamente a Ítaca, con su arco certero castigó a los pretendientes y pasó el
resto de su vida en suave tálamo al lado de la dulce Penélope.
LGVA
Noviembre de 2021.
