Intervensionitis crónica, distorsionitis aguda

Intervensionitis Crónica, Distorsionitis Aguda

Cesar E. Tamayo

Economista, Ph D.

Hace pocos días el DANE nos anunció que la pobreza (monetaria) a nivel nacional tocó un nuevo mínimo en 2017. De hecho, entre 2002 y 2017, esta medida de pobreza en nuestro país se redujo casi a la mitad; eso sí, luego del haberse disparado hacia finales de los noventa. Adicionalmente, la cobertura en salud es hoy casi de 95% cuando en 1993 era de 23%. La cobertura en educación secundaria y superior ha experimentado avances similares. A todo esto ha contribuido un manejo macroeconómico acertado, algunas reformas estructurales y una política de transferencias que se ha ido afinando y escalando. Cualquier aporte a una discusión informada sobre cómo mejorar las condiciones de vida de los colombianos tiene que empezar por reconocer estos avances y sus raíces. Hasta ahí el vaso medio lleno.

Ahora bien, entre 1990 y 2016, el ingreso por habitante en Colombia (PPP) creció 74%; bastante menos que en Uruguay (99%), Perú (127%), Chile (152%), y el promedio de Asia Pacifico (220%). Dado el consenso que existe entre los economistas sobre el tema, luce difícil afianzar los avances en reducción de pobreza señalados si no vemos en el horizonte una aceleración sostenida del crecimiento económico. Para tomar sólo un ejemplo del vecindario, las cuentas de Galliani y Caruso muestran que en Chile el crecimiento en el ingreso por habitante ha sido casi el único determinante de la impresionante reducción en la pobreza de ese país (de 38% en 1990 a 8% en 2013).

Acelerar el crecimiento requiere, sobre todo, reducir las enormes distorsiones que presenta nuestra economía. Y una parte no menor de estas distorsiones parecen estar asociadas a un intervencionismo crónico del Estado. Para empezar, entre 1990 y 2016 el consumo del gobierno como porcentaje del PIB en Colombia se duplicó (pasó de 9.4% a 18.4%). Esto nos pone en el segundo lugar entre todos los países de América Latina tanto en el crecimiento de este rubro como en su nivel para 2016.

Semejante incremento en el consumo del gobierno ha requerido ajustar sus ingresos. Tras una veintena de reformas tributarias, hemos quedado con un estatuto inmensamente regresivo en donde el ajuste ha recaído desproporcionadamente sobre las empresas. En Colombia no más del 20% de los ingresos por impuestos de renta vienen de las personas naturales; esta fracción es superior al 50% en países como Uruguay y México (70% en la OECD). Hoy personas con 3.5 veces el salario medio no pagan impuesto de renta en Colombia; es el umbral de exentos mas alto de América Latina. No sorprende entonces que en 2015 Fedesarrollo calculara una tasa efectiva de tributación de las empresas cercana al 52-59%, muy superior a la estimada para los países de la Alianza del Pacifico. Y si uno se refiere a comparaciones internacionales hechas por el Foro Económico Mundial (FEM , 2014) y el Doing Business (2016), se da cuenta de lo penosa que es nuestra situación al respecto.

Todo esto preocupa porque existe evidencia de que los altos impuestos distorsionan las decisiones de las empresas y recaen en buena parte sobre los asalariados. Alivianar la carga tributaria de las firmas, dice la evidencia, favorecería la inversión, así como el emprendimiento y la formalidad. Con la última reforma, nos dice el ministro, se prevé que la tasa de renta baje gradualmente y que se supriman algunas sobretasas. Habrá que ver los resultados de esto, pero no debemos olvidar que partimos de muy atrás. Ah, y que alguien le explique a los industriales, que no parecen muy convencidos.

Las distorsiones no paran allí. Los mismos datos del FEM ubicaban a Colombia en el lugar 126 entre 140 como uno de los países con mayor carga regulatoria, mucho peor que Uruguay, México y Chile. Estas trabas parecen desincentivar particularmente el comercio de bienes y la movilidad de factores: Doing Business estima que cumplir con los requisitos para una exportación en Colombia toma cerca de 112 horas, mucho más que en Perú (48), Chile (60) y México (20). Ni siquiera por el lado de la apertura comercial podemos sacar pecho. Cálculos recientes de investigadores del Banco de la República muestran que, aunque las medidas simples de arancel promedio han bajado, las barreras no arancelarias se han incrementado lo suficiente como para compensarlo. En el caso de las manufacturas puede ser incluso que la protección efectiva se hubiera incrementado, al menos entre 1990 y 2012.

Las barreras comerciales están bien complementadas, como no, con limitaciones a la movilidad del capital humano. Aquí, como lo diría hace poco Ricardo Hausmann, Colombia es casi un record mundial: tan solo 0.2% de sus habitantes nacieron en el exterior. Y aunque este es un problema quizás más antiguo, en las últimas dos décadas se ha hecho poco o nada por enmendarlo. Como decía el mismo Hasumann en su entrevista: “A Trump le encantaría tener una política migratoria como la de Colombia”. Los costos para el país de este desacierto son incalculables: al fin y al cabo, los países del Sur nos cansamos de citar estudios que cuantifican los muchos beneficios de la inmigración. Y la precaria situación en términos de movilidad del capital humano está debidamente rematada con sendas intervenciones en el mercado laboral, entre las que se encuentra un salario mínimo que representa más del 80% del salario típico (el tercero más alto de América Latina).

Nos encontramos, pues, ante una economía enferma. Enferma no con déficits fiscales o comerciales insostenibles, ni con inflación desbordada, como en el pasado, sino con una intervensionitis crónica que ha resultado en una distorsionitis aguda. Hace un par de años en una reunión le oí decir al gran economista Guillermo Calvo que a Latinoamérica, más que refinamientos marginales de sus políticas monetarias o fiscales, lo que le hacía falta tal vez era un shock de mercado. Un electroshock de mercado nos dijimos los colombianos que asistíamos a la reunión.