El
programa de Fajardo: más estado, menos libertad económica y más corrupción
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista
Dejando de lado las
declaraciones retóricas y las habituales promesas de un mundo mejor, el
programa de la Coalición Colombia de Sergio Fajardo propone aumentar los
impuestos, profundizar el asistencialismo, incrementar la burocracia estatal,
levantar obstáculos adicionales a la actividad empresarial y resucitar el
proteccionismo. Todo esto conduce a menor libertad económica y, como sugiere la
experiencia internacional, al aumento de la corrupción.
Aumentar
los impuestos. Un mayor recaudo tributario, dice el programa,
“es un objetivo inaplazable”. También indica
que se buscará “una mayor progresividad en la estructura impositiva” y
que se definirá “un esquema de transición de impuestos indirectos a directos”. Y
dice también que se hará “un desmonte general de beneficios tributarios”.
Se promete pues una nueva
reforma tributaria, lo que no es ninguna novedad en un País donde se han hecho
20 en 25 años, para financiar el crecimiento de un estado que en ese mismo
lapso ha triplicado su tamaño. Llama la atención el sesgo marcadamente
anti-empresarial y anti-capitalista que tendría la reforma de la Coalición Colombia
en caso de llegar a materializarse.
Los beneficios tributarios
se han ido introduciendo como paliativo frente a una tributación creciente que
restaba competitividad a los negocios. Su eliminación sería conveniente si
estuviera acompañada de la reducción de las tarifas generales. Pero no es este
el caso pues iría en contra de objetivo “inaplazable” de aumentar el recaudo.
Por tanto, las tarifas generales se mantendrían al tiempo que se eliminan los
beneficios lo cual llevaría al crecimiento de la tasa efectiva de tributación
de las empresas.
Las propuestas de una mayor
progresividad en la estructura impositiva y de una transición de impuestos
indirectos a directos se traducirán en el aumento de la tributación de las
rentas de capital y de las rentas de trabajo de la población más eficiente. La
única forma de introducir cierta progresividad en el IVA es estableciendo tasas
diferenciales según la clase de productos transados o excluir del gravamen a
algunos de ellos: los bienes de la canasta básica, por ejemplo. El problema es
que de esas tarifas menores y de esas exclusiones se benefician todos los
contribuyentes, no solo los de menores ingresos.
El impuesto de renta y el
impuesto a la propiedad son más idóneos para dar progresividad al sistema
tributario. La progresividad se obtienen gravando con tarifas mayores los
ingresos y patrimonios más elevados. En la práctica se establecen rangos a cada
uno de los cuales se le asigna una tarifa impositiva cada vez mayor. Una mayor
progresividad de los impuestos a las personas se puede obtener elevando la
tarifa marginal, aumentando el número de rangos o incrementando las tarifas
infra-marginales. No puede aumentarse la progresividad del sistema tributario
sin elevar los impuestos[1].
Profundizar
el asistencialismo. Se lee en el programa: “Reducir la pobreza y
la desigualdad exige programas sociales, subsidios
del Gobierno Nacional y un Estado que ofrezca bienes públicos de calidad en
la Colombia rural y urbana para abrir las puertas de las oportunidades”.
Si no existieran la pobreza
y la desigualdad habría que inventarlas para justificar la existencia del
gobierno grande que tanto gusta a los políticos. Los sistemas políticos
asistencialistas y clientelistas colapsarían el día en que la gente dejara de
creer que su destino económico depende de las transferencias y dádivas del
gobierno.
El asistencialismo ha
crecido de manera exponencial en los últimos años. El gasto en subsidios es de
“proporciones mayúsculas”, se lee en un documento del DNP. Según dicha Entidad,
en 2014 el gasto anual en subsidios fue de $ 71 billones, cifra equivalente al
10% del PIB o al 35% del presupuesto general de la Nación y superior al
servicio de deuda.
El 98% de esa suma se
destina a los “subsidios sociales” o al “gasto público social”, como
pudorosamente se denomina en los documentos oficiales al asistencialismo. ¿Qué
tan progresivo es este gasto en subsidios?, se preguntan los técnicos del DNP.
“Lamentablemente no mucho”, se responden. Y en efecto, el quintil más pobre de
la población solo recibe un 20% de esas transferencias, casi lo mismo que el
quintil más rico. Por eso no es sorprendente que, después de semejante esfuerzo,
el coeficiente de GINI, que mide la desigualdad, tenga el mismo valor antes y
después de subsidios.
Es falso que el
asistencialismo reduzca la pobreza y la desigualdad. Lo que sí es claro es que
es la base de un régimen político y
electoral basado en las falsas promesas y el clientelismo. Adicionalmente, como
lo han puesto en evidencia múltiples escándalos en los últimos meses, el
asistencialismo alimenta la corrupción
pues los recursos de los que se apropian los corruptos son los
supuestamente destinados al “gasto social”. No se puede combatir el
clientelismo y la corrupción y mantener al mismo tiempo un gobierno
asistencialista.
Incrementar
la burocracia estatal. Fiel a su vocación estatista, la
Coalición Colombia propone reactivar la economía mediante inversiones públicas
para crear “empleos formales de calidad”. Ya hay en el País 1.200.000 empleados
públicos del nivel nacional y unos 600.000 del nivel territorial. Esto es más
del 8% de la ocupación total. Pero resulta que el 50% de los 22 millones de
ocupados son informales, de donde se sigue que el 16% del empleo formal es
público. Sin duda alguna el gobierno es hoy por hoy el mayor empleador del País
y la Coalición Colombia quiere hacerlo crecer aún más. Al lado del
asistencialismo el empleo público, cuya remuneración se consume la cuarta parte
de los impuestos, es el otro pilar del
modelo político clientelista.
Resurrección
del proteccionismo. “Una comisión oficial integrada por
entidades del Estado, sectores sociales y productivos evaluará los efectos
económicos, sociales e institucionales de los Tratados de Libre Comercio y de
los Tratados de Protección a las Inversiones para realizar las revisiones
pertinentes”. Esta es propuesta responde a la viejo prejuicio del senador Jorge
Robledo según el cual el comercio internacional libre empobrece a los países.
En increíble que la incultura económica sea el soporte de un prestigio
político. Tratemos una vez más de correr el velo de la ignorancia del senador
Robledo, pongan atención:
·
El comercio internacional – y tampoco el
nacional – no es beneficioso por los bienes y servicios que vendemos, las
exportaciones, sino por los bienes y servicios que recibimos a cambio, las
importaciones. Son éstas las que al proveernos con algo de lo que carecíamos
aumentan nuestro bienestar y nos dan nuevas oportunidades de producción.
·
En el comercio internacional y también en el
nacional, los bienes y servicios se pagan con bienes y servicios. Si los
imperialistas quieren inundarnos de importaciones tiene que comprarnos nuestras
exportaciones.
·
Si el valor de los bienes y servicios que
recibimos, importaciones, es superior al valor de los bienes y servicios que
entregamos cambio, exportaciones, se siguen dos posibilidades: 1. Que nos
regalen el excedente, ¿qué hay de malo en ello? o 2. Que
les quedemos debiendo el excedente. (Senador Robledo: ponga atención que en lo
que sigue radica su confusión).
·
En un período dado, un individuo no recibe bienes
y servicios por valor superior al valor de los bienes y servicios que entrega
para después buscar un crédito para financiar el déficit, compra por un valor
superior al valor que vende porque previamente se le ha otorgado un crédito
para poder hacerlo. Es lo mismo con los países: la deuda viene primero el déficit
comercial viene después. La balanza de pagos manda, la balanza comercial
obedece, decía Böhm-Bawerk.
·
Los particulares pueden endeudarse con el
exterior y lo hacen. También puede hacerlo el gobierno y lo hace en grado sumo.
Hoy, el déficit de la balanza comercial que tanto le preocupa es resultado de
las decisiones del gobierno que se ha endeudado para sostener un tren de gasto
que excede su capacidad fiscal. La secuencia es esta: endeudamiento, déficit
fiscal, déficit comercial. No al revés. Recuerde, Robledo, cuando estén
gobernando, si se presenta un gran déficit comercial los responsables serán
ustedes, no el imperialismo yanqui y sus
lacayos.
Obstáculos
a la actividad empresarial. La retórica esa del estado amigo de los
empresarios salta de vez en cuando. Se habla de participación, concertación,
protección al ambiente y todo lo demás. Y en medio de todo se vienen con la
siguiente perla: “Apoyaremos los procesos mineros en lugares con vocación
histórica, basados en licencias sociales obtenidas
mediante la participación ciudadana y la concertación como mecanismos para
ordenar el territorio, disminuir los conflictos socio-ambientales y proteger
los recursos naturales”. Y esta otra: “Apoyaremos la buena minería y la
explotación de hidrocarburos que protejan el ambiente, proporcionen empleo,
generen encadenamientos productivos, transfieran tecnología y respeten a las
comunidades locales. Bajo el cumplimiento de esas condiciones apoyaremos la
inversión nacional y extranjera en el sector”.
La figura de la “licencia
social” no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Es una creación de las ONG
que se oponen a las actividades minero-energéticas para darle un toque de
decencia a las acciones extorsivas que promueven contra las empresas del sector.
Los últimos gobiernos han tolerado que arropados en esa figura esas ONG pongan
trabas a la actividad de las empresas del sector Las autoridades locales
brindan poco a ninguna protección a los empresarios frente a las ONG que
reclaman el pago por la “licencia social”. Un título minero o un licencia
ambiental otorga a su titular, que la ha recibido del estado, el derecho de
adelantar el conjunto de actividades productivas amparadas en por ese título o
licencia. Con la tal licencia social la Coalición
Colombia se propone desconocer desde el gobierno los derechos de propiedad que
el mismo gobierno otorga.
Quien consulte los índices
de la Heritage Foundation[2] o del Fraser Institute[3] puede constatar que un
estado asistencialista y burocrático y los altos impuestos reducen la libertad
económica. También la reducen la mayor reglamentación y la menor libertad
comercial. Cuando se pierde la libertad económica se ponen en riesgo las
libertades políticas y civiles. Eso se
resume en el siguiente diagrama.
Pero hay algo más. La
principal bandera de Fajardo y su Coalición es la lucha contra la corrupción.
Quienes cometen actos de corrupción son las personas y está bien buscar que a
la administración del estado lleguen individuos con firmes valores
profesionales y éticos que les permiten resistir a las tentaciones que
inevitablemente se van a presentar. Muchos ojos pocas manos dice Fajardo. Pero,
cuando los dueños de esas manos pueden disponer de cuantiosos recursos, decidir
sobre el empleo de muchas personas o afectar las decisiones de los empresarios
con reglamentación o normas confiar en la firmeza de esos valores no es
suficiente. La evidencia internacional sugiere que la corrupción tiende a ser
mayor en los países con poca libertad económica. Y esto no tiene nada de
sorprendente, la libertad económica significa la capacidad de elegir sobre los
aspectos pecuniarios de la vida con la menor injerencia gubernamental posible.
En la gráfica se relacionan
el índice de transparencia de la Transparency International[4] con el índice de libertad
económica de la Heritage Foundation. Los países con mayor libertad económica -
como Canadá, Suiza, Singapur, Alemania, etc. – tienen un mayor indicador de
transparencias, es decir, son menos corruptos. En la parte inferior, con escaza
libertad económica y poca transparencia, se encuentra Venezuela. Colombia ahí,
en la mitad de las tablas, esperando que las propuestas de la Fajardo nos
permitan disputarle a Venezuela su deshonroso lugar.
LGVA
Enero 2018.
[1]
No sobra recordar que el impuesto fuertemente progresivo es una de las diez
medidas recomendadas por Marx y Engels en el Manifiesto del partido comunista
“para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital y centralizar
todos los instrumentos de producción en manos del Estado”. Esto lo saben bien los amigos de Fajardo del
Foro de Sao Paulo que piensan que el capitalismo es un sistema social fracasado
que se debe “sacar de nuestras vidas”.
Los liberales del siglo XIX rechazaron abiertamente la tributación progresiva.
John Stuart Mill la calificó de “hurto solapado”. En el siglo XX la idea según
la cual la utilidad del ingreso marginal de un rico es menor que la del ingreso
marginal de un pobre, le dio a la tributación progresiva cierta respetabilidad
entre los políticos y los economistas mediocres que ignoran que las
comparaciones interpersonales de utilidad son imposibles. Pero suponiendo que
puedan hacerse esas comparaciones, dado que la utilidad marginal del ingreso es
decreciente como creciente es el esfuerzo marginal exigido para obtenerlo, se
sigue de ello que debería recompensarse con una tributación menor el esfuerzo
de quienes generan mayor riqueza. Es decir, adoptar una tributación regresiva,
cobrando tarifas menores a medida que aumenta el ingreso o el patrimonio, lo
cual sería el mejor antídoto contra evasión y la elusión. La tributación progresiva carece de todo
fundamento científico, es arbitraria y no tiene otro objetivo que modificar
arbitrariamente la distribución de la riqueza. La tributación progresiva castiga
la eficiencia y la productividad y castiga también el ahorro y la inversión
pues ese es el destino final de la mayor parte del ingreso de las personas más
acaudaladas. Naturalmente este es un argumento que carece de validez para los
socialistas que piensan que toda la inversión debe realizarla el estado.